Comunidades del PP critican la falta de información del Gobierno sobre el reparto de menores

El pasado 22 de julio el Gobierno central aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, «por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada», un decreto que viene a desarrollar, como el que se aprobó en marzo, lo que se acordó con la reforma de la Ley de Extranjería para repartir entre las comunidades autónomas los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Canarias, Ceuta, u otras zonas que se encuentren en esa situación de «contingencia migratoria».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya aprobó ese otro decreto en marzo para reubicar a aproximadamente 3.000 menores, en un reparto en el que Cataluña y País Vasco recibirían a muchos menos menores en comparación con el resto de regiones. Contra él presentaron recurso la Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares, Andalucía, Galicia y también Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, que estudia el Tribunal Constitucional. En su mayoría por considerarlo injusto, arbitrario y que invade competencias y también por la forma de aprobarlo.

En esta ocasión, la Comunidad de Madrid recurrió hace unos días ante el Tribunal Supremo el nuevo decreto denunciando que vulnera competencias autonómicas y además que el reparto es «forzoso y opaco». Asimismo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha exigido al Ejecutivo central que remita de forma urgente la información que se ha utilizado para elaborar dicho reparto, que cree que está «diseñado para penalizar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y beneficiar a los socios nacionalistas del Gobierno central», según trasladaron fuentes del Gobierno regional a Europa Press.

También la Comunidad Valenciana ha decidido llevarlo ante el Supremo. En la misma línea, el Gobierno de Carlos Mazón criticó este martes que esta decisión ha sido tomada de forma «unilateral» por el Gobierno central y que invade competencias. Y le ha reprochado que no ha negociado el criterio que ha establecido para «decidir cuántos menores van a cada una de las comunidades autónomas».

Desde Castilla y Léon, por ejemplo, se criticó este lunes la falta de información y de diálogo por parte del Gobierno central. La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, le recriminó que aún «no hay ninguna novedad» sobre cuántos menores llegarán ni en qué condiciones. Y señaló que «Castilla y León es una tierra solidaria y de acogida, pero nunca puede serlo desde la imposición».

El Gobierno de Aragón pidió hace unos días que se le remitiera la información necesaria para planificar la acogida «digna» y con garantías de los menores. En una carta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo de Jorge Azcón solicita que en el plazo de una semana se informe «con precisión» sobre las fechas exactas de llegada y el número de menores que se trasladarán a la región e información sobre su situación administrativa.

Desde Cantabria, se ha exigido información, además de sobre estos menores que el Gobierno pretende trasladar desde Canarias, de «cómo y cuándo» pretende trasladar a los 1.200 menores que han solicitado asilo y de los que el Estado debe hacerse cargo según le ha ordenado el Supremo. «Cantabria es solidaria y queremos proteger a estos menores de la mejor forma necesaria, que es que lo necesitan, pero para ello necesitamos planificación, coordinación y financiación y nada de eso se nos está facilitando», sostuvo la consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río.

Situación crítica atraviesa Baleares. Desde el Gobierno autonómico han subrayado que son la comunidad con más presión migratoria actualmente, incluso han pedido al Ejecutivo central que llegue a un acuerdo con Argelia para frenar la llegada de inmigrantes ilegales a las islas. Ya ha trasladado que no van a aceptar el reparto y van a recurrir a todas las vías posibles. «No es una cuestión de solidaridad sino de capacidad», señaló hace unos días el portavoz del Govern, Antoni Costa. Por su parte, Galicia ha manifestado en reiteradas ocasiones que no tienen más sitio para acoger a menores, que en la región hay sobreocupación.

La semana pasada, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, instó a las comunidades del PP a «cumplir la ley», en referencia a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. La idea del Gobierno central es empezar con los traslados de 3.000 menores a partir del 28 de agosto.