El PP inicia su ofensiva para desmantelar el sanchismo tras superar el ecuador de la legislatura

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene claro que los próximos meses son claves para el desarrollo de la legislatura. El Gobierno está acosado por los escándalos de corrupción, «huele a rancio», parafraseando al líder de la oposición en el mitin que tuvo lugar este domingo en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). Por eso tiene claro que deben estar listos para, tras unas posibles elecciones, aprovechar su oportunidad para cambiar todo lo que ha hecho Pedro Sánchez.

Feijóo viene dejando clara su postura desde principios de verano, cuando, durante los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo, puso de manifiesto su intención de «derogar buena parte del cuerpo legislativo sanchista». De hecho, resaltó también a finales de julio que no iba a «dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar, y otro para sustituir».

Fuentes de los 'populares' han destacado a El Debate que «la derogación de mucha legislación del Gobierno de Sánchez es uno de los compromisos del presidente Feijóo y, en parte, corresponde a la vicesecretaría de Regeneración Institucional», que ahora encabeza Cuca Gamarra.

Así las cosas, el plan que va ser activado por los 'populares' durante el mes de septiembre se realizará después de que la legislatura haya traspasado su ecuador, ya que las Cortes se constituyeron el 17 de agosto de 2023. En este contexto, el artículo 68 de la Constitución dictamina que «el mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara».

En concreto, el número dos del partido, Miguel Tellado, aseveró en una entrevista en esRadio que «nosotros vamos a derogar el sanchismo, y lo vamos a hacer cuando lleguemos al Gobierno de España». «El sanchismo tiene que ser abolido y tiene que ser derogado por el próximo gobierno», reiteró.

De esta forma, enumeró que ello supone «derogar la ley de Memoria Democrática, derogar –aunque aún no está aprobada– la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PSOE ha dejado en manos de Bildu, derogar la ley de Vivienda, que es una ley que está causando un daño en toda España brutal (...), hace falta un pacto de Estado en nuestro país para dar una ley de Educación que perviva en el tiempo gobierne quien gobierne (...), y tenemos que revertir una modificación que hizo Pedro Sánchez al final de la legislatura anterior del Código Penal respecto a la sedición y a la malversación». Asimismo, Tellado apuntó que «nosotros vamos a derogar la Ley Trans» porque «hay que proteger a los menores», y que «vamos a derogar, aunque no podamos impedir las consecuencias la Ley de Amnistía» para que «quede claro que el Estado no falló».

Feijóo aseguró en el primer discurso que realizó durante el Congreso Nacional del partido –que tuvo lugar el primer fin de semana de julio– que la Ponencia Política que habían aprobado «evidentemente» no «es un programa electoral» porque «no se han convocado las elecciones». No obstante, subrayó que «es un marco donde tenemos que mover los programas electorales, no solo el nacional, sino los autonómicos y locales para los próximos cuatro años».

La formación con más diputados en el Congreso señala en este documento –en la misma línea que las declaraciones de Telllado– que «derogaremos la mal llamada 'ley de memoria democrática', corredactada por Bildu, porque no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia –con los victimarios– desde la manipulación y el enfrentamiento».

«Aprobaremos las reformas legales necesarias para que no puedan concurrir en las listas electorales aquellos que hayan cometidos delitos de sangre y para que las víctimas del terrorismo dejen de ser humilladas por los asesinos con actos de homenaje o enaltecimiento del terror», se añade.

Respecto a los indultos, la formación que encabeza Feijóo indica a nivel legislativo que «reformaremos su regulación para asegurar que no pueda concederse de forma arbitraria», y que «prohibiremos expresamente su aplicación en delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores».

Tras las numerosas polémicas que ha generado en los últimos meses el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido –especialmente con las sentencias de los ERE y la amnistía a los políticos secesionistas que materializaron el procés– el PP subraya que «modificaremos las leyes para garantizar que el Tribunal Constitucional no vuelva a actuar como tribunal de casación del Tribunal Supremo y para que el procesamiento del Fiscal General del Estado conlleve su cese inmediato y automático».

«Pondremos fin a todas las prácticas que utilizan a los tribunales de Justicia, a los jueces, y a los fiscales con fines partidistas. Revertiremos la colonización política de las instituciones y, muy singularmente, acabaremos con la colonización de la Justicia, limitando que jueces y fiscales que hayan ocupado cargos políticos puedan volver a ejercer funciones jurisdiccionales durante los dos años siguientes», agregan.

Los 'populares' también remarcan que «reconocemos y reivindicamos el incuestionable papel que la monarquía ha desempeñado como símbolo de la unidad de España y de representación del Estado», y que «defendemos el legado de respeto, consenso y convivencia generado en la Transición y que nuestra Constitución ha recogido en la Monarquía Parlamentaria como forma idónea de estabilidad, pluralidad y prosperidad».

A nivel social, el partido con más representantes en el Congreso recoge que «cualquier mujer que quiera ser madre o tenga dudas, sobre todo si es joven, debe ser ayudada», así que «vamos a defender la vida». Por ende, expresan que «creemos que la natalidad debería ocupar un lugar central en la agenda política», dado que «se nos dice que las familias son espacios opresivos, los hombres un enemigo en potencia y los hijos un freno para el empoderamiento femenino». «Vamos a desmentir estos dislates y reivindicar la familia», proclaman.

A su vez, el PP afirma que la situación de la vivienda en España es «una emergencia nacional», por lo que «hay que ampliar el suelo edificable, producir con rapidez suelo finalista, preparado para obtener licencias, eliminar burocracia, reducir impuestos —muy en especial a los jóvenes—, facilitar el acceso a la hipoteca, generar incentivos para que los pisos vacíos se pongan en alquiler con seguridad jurídica y acelerar la construcción de nuevas viviendas para aumentar rápidamente la oferta disponible».

«La promoción de la riqueza y el desarrollo cultural es tarea de las administraciones públicas, pero también una labor de mecenazgo, que conviene incentivar. Apoyaremos a las industrias culturales y a sus profesionales dentro y fuera de España. La tauromaquia es una expresión cultural con profundas raíces históricas y merece todo el respeto: defenderla es defender la libertad individual y el derecho a conectar con nuestras raíces sin imposiciones», apunta el texto.

También relatan que «la ocupación y la inquiocupación son una anomalía en Europa», y que «nuestra prioridad es devolver la seguridad jurídica a la propiedad privada y acabar con estos comportamientos incívicos endureciendo las penas, impidiendo a los ocupas empadronarse y haciendo que el desalojo sea inmediato».