Las leyes que Feijóo estudia cambiar para que haya elecciones si Sánchez no presenta Presupuestos

Alberto Núñez Feijóo anunció ayer que en el PP «estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos, de tal manera que cuando un Gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones».

«He encargado ese informe, y estamos estudiando la Ley General Presupuestaria y la Constitución Española para ver cuál es la propuesta jurídica y el rango adecuado para que cuando un Gobierno no es capaz de aprobar por segunda vez el Presupuesto conlleve automáticamente la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Ocurre en algunos otros ordenamientos jurídicos europeos, y nos parece que en el ordenamiento jurídico español es imprescindible dado que tenemos un Gobierno irresponsable que no solamente no aprueba el Presupuesto, es que ni siquiera lo presenta», agregó el líder de los 'populares' en relación a las cuentas públicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que salieron adelante a finales de 2022 –en la anterior legislatura– y que han sido prorrogadas desde entonces.

Igualmente, Feijóo reiteró que «confirmo que el estudio que hemos iniciado afecta a la Ley General Presupuestaria, como a la Constitución Española». Así las cosas, en este aspecto la Carta Magna señala que «corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación».

El texto constitucional obliga al Ejecutivo a realizar unas cuentas públicas ya que indica que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior», se añade en cuanto a una eventual prórroga.

En este sentido, la Ley General Presupuestaria dictamina que el Gobierno tiene que remitir al Congreso el proyecto de Presupuestos Generales «antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera», es decir, dentro de un mes. No obstante, asegura que «si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el ‘Boletín Oficial del Estado’».

La norma también manifiesta que «la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse». Además, el Gobierno de Sánchez cambió este artículo en 2020 y añadió un nuevo epígrafe que relata que «el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, acordará los criterios para instrumentar la aplicación de los apartados anteriores».

En consecuencia, si la reforma que estudia el PP tiene que cambiar la Constitución, la formación de Feijóo necesita una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado. No obstante, para modificar la Ley General Presupuestaria tan solo requeriría de una mayoría simple en la Cámara Baja, para lo cual el PP tendría que convencer a algunos de los socios parlamentarios de Sánchez, como el PNV o Junts.