La Fiscalía sale al rescate de Begoña Gómez y pide a la Audiencia que la UCO no analice los correos de la mujer de Sánchez

La Fiscalía no ha tardado en salir, una vez más, al rescate de Begoña Gómez y se ha sumado a los argumentos en base a los que la defensa de la mujer de Pedro Sánchez se opone a que la Justicia acceda a sus correos de Moncloa, desde 2018.

Así las cosas, en un escrito remitido a la Audiencia Provincial de Madrid, el Ministerio que dirige Álvaro García Ortiz, ha solicitado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no analice los correos de la cuenta oficial de Presidencia asignada a de la esposa del presidente del Gobierno, desde la fecha en la que se formalizó el nombramiento de su asistenta, Cristina Álvarez, investigada por malversación.

Tal y como hoy adelantaba El Debate, Gómez trata de bloquear las diligencias acordadas por el magistrado instructor de su causa Juan Carlos Peinado quien, hace unos días, instaba el acceso de los agentes al contenido de dichas comunicaciones; y, ahora, el Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación, al que ha tenido acceso este diario, contra la misma providencia que dictó el magistrado, ya impugnada por el abogado de la imputada Ignacio Camacho, en la que considera la práctica de la prueba acordada «absolutamente desmesurada».

La actuación «adolece de la más elemental motivación», sostiene la Fiscalía y remarca cómo que para acordar una diligencia de este tipo, que afecta «indudablemente» a la «intimidad y el secreto de las comunicaciones», «es preciso» explicar por qué se adopta y con qué objetivo concreto. Un requisito que debería cumplirse a través de una resolución dictada en forma de auto y no de providencia. Una advertencia que el fiscal ha reflejado cómo la Audiencia de Madrid ya efectuó, en ocasiones anteriores, al juez Peinado.

Además, a ello se suma «la ausencia de análisis de todos los principios es evidente, pues no se realiza análisis ni de la especialidad, idoneidad, ni de la excepcionalidad, ni la necesidad» para una actuación de esta naturaleza en la que «se ven afectados derechos fundamentales constitucionalmente protegidos».

Y, se pregunta: «¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado? (...) ¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida».