El Supremo aleja la libertad de Cerdán a medida que los indicios se acercan a la financiación ilegal del PSOE

El «papel director» de Santos Cerdán en la trama de amaño de obra pública, a cambio de 'mordidas', que investiga el Supremo en el marco del 'caso PSOE', aleja, una vez más, cualquier posibilidad de una puesta en libertad «inmediata» del que fuera número 3 de la Organización socialista, según ha podido confirmar El Debate.

Los indicios que obran en poder del magistrado instructor de la causa, el juez Leopoldo Puente, y la posición de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Alejandro Luzón, que considera que, desde el pasado 23 de julio, fecha en que la Sala de Apelaciones inadmitió la petición de su defensa, no se han dado nuevos hechos que permitan, ahora, justificar el levantamiento de la medida cautelar que mantiene al ex diputado en prisión provisional. Así las cosas, fuentes consultadas por El Debate, apuntan a que el Alto Tribunal confirmará la estancia de Cerdán en la madrileña cárcel de Soto del Real, al menos, durante el tiempo en el que la investigación patrimonial continúe sobre la mesa de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De hecho, entre los motivos alegados por el fiscal Alejandro Luzón, al frente de las pesquisas, para oponerse en su último escrito a la salida del ex diputado, no sólo se hace referencia «la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal» de la que, supuestamente, formaba parte del político sino, además, al vigente riesgo de destrucción de pruebas que persiste para el que fuera hombre fuerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No en vano, a medida que avanzan las diligencias de investigación ordenadas por el juez Puente, relativas a la situación patrimonial tanto del propio Santos Cerdán, como de su predecesor en Ferraz, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, y el hijo mayor de este último, algunas de las cuales siguen pendientes de ser practicadas, se estarían incrementando los indicios que hablan de la posible financiación irregular del PSOE.

De hecho, pese a que la pieza separada que ha puesto el foco sobre la contabilidad de los socialistas, continúa bajo secreto de sumario, a la espera de que se analice toda la información disponible, los datos contenidos en los informes remitidos al Supremo desde el Congreso, el grupo parlamentario y el propio partido, arrojan luz sobre algunos de los desfases detectados en los movimientos económicos, el nivel de vida y los gastos tanto de Ábalos como de Cerdán, dos de los principales imputados, más allá de sus ingresos acreditados.

Y es que, llegados a este punto, cabe recordar cómo en el auto de prisión provisional dictado para Cerdán por el magistrado Leopoldo Puente se hablaba de la presunta existencia de comisiones irregulares procedentes de algunas de las empresas constructoras –varias de ellas locales y próximas al propio ex secretario de Organización del PSOE en Navarra, como Servinabar, de la que trató de ocultar que era propietario al 45%– que habrían sido gestionados por un sistema de «cupos» que fueron gestionados por Santos y, presuntamente, desviados hacia el partido.

Unas «portentosas cantidades» de dinero sin justificar que llamaron la atención del instructor y en el que, de acuerdo con los rastros preliminares, se hablaba de la posibilidad de imputar tanto a más «personas físicas» como a otras «jurídicas».

Sea como fuere, la realidad es que la instrucción contra Santos Cerdán avanza por varios delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el marco de esta macrocausa de corrupción que salpica al Gobierno. Una realidad que se impone al relato sobre la «causa general» de su defensa, en manos de los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo que ha sido, también, afeado por el propio fiscal Anticorrupción que se opone a concederle la libertad.