Bolaños no convence: parálisis de sus leyes estrella en el Congreso y 'divorcio' con la Comisión de Venecia

Se las prometía muy felices el ministro de Justicia, Félix Bolaños, antes del verano, con la doble propuesta de reforma con la que el Gobierno aspira a controlar el Poder Judicial en España. Sin embargo, tras el arranque del curso político y reseteado el Año Judicial, ninguna de las dos leyes estrella del Ejecutivo –la que aspira a infiltrar más de mil jueces y fiscales en el sistema, sin oposición; y, la que pretende entregar la instrucción de las causas penales, también las de la familia y el partido de Pedro Sánchez, a la Fiscalía– ha concitado los apoyos necesarios para salir adelante, en sede parlamentaria.

Bolaños aseguraba hace apenas tres meses, el tiempo en que ambos textos llevan parados en el Congreso, sin el respaldo de una mayoría aritmética suficiente, que eran modificaciones «absolutamente imprescindibles» y rebajaba el seguimiento de la huelga de tres días, convocada por las principales asociaciones judiciales, que protestaban contra el manoseo político de la independencia judicial.

Ahora, en cambio, al Ejecutivo no le ha quedado más remedio que reconocer que las medidas proyectadas en Justicia, sin el consenso de la mayoría de los operadores del sector, seguirán en barbecho durante la legislatura aunque, desde las filas socialistas, aseguran que tarde o temprano acabarán por «salir adelante».

Sin embargo, a los escollos propios de la negociación política de la que, en buena medida, cuelga el futuro de sendas reformas legislativas, condicionadas por las exigencias imposibles de Junts en la materia, se suma la lupa con la que Europa mira a España en materia de separación de poderes y de independencia –e, incluso, objetividad– judicial.

Así las cosas, la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa visitaba nuestro país, en los últimos días, para recopilar la información necesaria sobre el grado de cumplimiento del compromiso alcanzado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto del mandato que le obligaba a presentar un sistema alternativo e independiente para la designación de sus vocales, en un plazo máximo de seis meses a contar desde su renovación.

Esta reforma legislativa debía ser valorada positivamente por el Informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea, que estaba llamada a comprobar que la misma se ajustaba «a los mejores estándares europeos» relativos a este tipo de órganos. Por ello, el pasado mes de febrero, el Pleno del CGPJ aprobó un dictamen unánime en el que se incluyeron dos soluciones diferentes para el cambio del modelo actual en la selección de los doce miembros judiciales del Consejo. Mientras el bloque profesional, compuesto por los 10 consejeros propuestos por el PP sostiene que sean los jueces quienes elijan a sus representantes, la decena de consejeros izquierdistas seleccionados por el PSOE mantienen que continúe siendo el Parlamento, con algunos ajustes y mayor participación judicial, el que se encargue de conformar la composición de los futuros CGPJ.

De hecho, el propio Bolaños defendía esta última posición en su encuentro con la Comisión de Venecia. El titular de Justicia entregaba un dossier a los representantes de la delegación europea en el que apostaba porque Congreso y Senado sigan liderando el encargo de conformar al máximo órgano de gobierno de los jueces. A juicio de Bolaños, y por lo tanto del Gobierno, sólo de esta forma se garantiza el pluralismo político, así como la plenitud «democrática» en el proceso de renovación de la institución constitucional.

No obstante, cabe recordar que, aunque no de manera taxativa, tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) como la propia Comisión de Venecia recomiendan cambiar la elección parlamentaria y se decantan por la judicial, algo que provocaba las primeras fricciones de los interlocutores comunitarios con la representación del Ejecutivo español.

Sin embrago, y según ha podido saber El Debate, el mayor distanciamiento se producía en torno a la Ley de Amnistía, y su actual aplicación (por la que algunos de los miembros de la Comisión se interesaron de manera específica) que, todavía, está pendiente de aclararse en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). A los integrantes de la comitiva comunitaria parece no haberles gustado que, en su momento, Félix Bolaños trocease a conveniencia las conclusiones del dictamen emitido por el órgano, no tan favorable a la polémica norma de borrado del procés, como el ministro de Justicia quiso hacer ver, en un principio. Y este 'malestar' en la materia se palpó en el ambiente de un encuentro que, según varias fuentes próximas al mismo, se desarrolló, en términos generales, en el habitual contexto de cordialidad institucional.