Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial
El Supremo ordena a Pedraz que siga investigando al hijo de Obiang ante las trabas que pone Guinea Ecuatorial
Está acusado del secuestro y torturas a cuatro opositores del régimen, uno de los cuales falleció
El Tribunal Supremo ha acordado que la Audiencia Nacional siga investigando a Carmelo Ovono Obiang, un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, y a otros altos cargos por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores en 2019. El máximo Tribunal considera que la Audiencia debe continuar la investigación ante las trabas y la falta de cooperación de este país a la investigación.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves, el alto tribunal rechaza la exposición razonada que envió el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que valorase si Guinea Ecuatorial puede investigar estos hechos.
Los magistrados del Supremo son contundentes al señalar que «no ha existido cooperación por parte de Guinea Ecuatorial en ninguna de las solicitudes cursadas», más bien al contrario: «sus autoridades han tratado de boicotear estas actuaciones».
Además del hijo de Teodoro Obiang, Carmelo Ovono, actual secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial, están investigados el director de la Seguridad Presidencial, Isaac Nguema y el ministro de Estado, Nicolás Obama.
En esta causa se investiga la desaparición de cuatro opositores al régimen, dos españoles y dos residentes en España, que partieron en noviembre de 2019 desde Madrid a Juba (Sudán del Sur) y que habrían sido secuestrados, trasladados a Guinea Ecuatorial en un avión presidencial para ser encarcelados y torturados. Uno de ellos, Julio Obama, falleció en la cárcel.
El Supremo subraya que Guinea Ecuatorial se niega a repatriar su cadáver, evitando así la posibilidad de constatar «posibles torturas», mantiene «en paradero desconocido» a nacionales españoles y omite «que los secuestrados se encontraban bajo su jurisdicción».
Preparación en España
La Sala recoge también un argumento de la acusación que ejercen los familiares de los opositores y del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) en relación a que serían delitos consumados en el extranjero, pero cuya preparación se inició en España.
Además, el Supremo recuerda que una Sala de la Audiencia Nacional ordenó ya la juez revocar la conclusión del sumario y practicar una serie de diligencias pendientes, de modo que insta al juez a «practicarlas y una vez las haya recibido» volver a poner fin al sumario y remitirlo a la Sala de lo Penal, que es el órgano competente para decidir el curso de la causa.
Con esta decisión, el procedimiento vuelve a la mesa del juez Pedraz, que ya trató sin éxito de ceder la jurisdicción sobre esta causa a Guinea Ecuatorial, que solicitó hacerse cargo, si bien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó su decisión.
