Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez
¿Cuánto te pagan por ser jurado popular en España?
Si se acude al proceso de selección pero finalmente no se resulta elegido, también existe una compensación que reconoce el tiempo invertido en comparecer
Ser jurado popular no es un empleo, sino una obligación ciudadana regulada por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Sin embargo, quienes cumplen con esta responsabilidad tienen derecho a recibir una compensación económica que cubra su tiempo y los gastos derivados de su participación. Esta retribución está fijada en el Real Decreto 385/1996, que establece de manera detallada las cantidades que corresponden a los miembros del jurado.
En la práctica, un jurado popular percibe 67 euros por cada día de servicio, tanto en las jornadas del juicio oral como en las sesiones de deliberación. En caso de acudir al proceso de selección y no resultar elegido, también se reconoce el tiempo invertido con una indemnización única de 33,50 euros.
El sistema contempla además el reembolso de gastos de transporte. Cuando el tribunal se encuentra en un municipio distinto al de residencia del jurado, se abonan los desplazamientos: 0,19 euros por kilómetro en coche y 0,078 euros por kilómetro en motocicleta.
Si el desplazamiento requiere pasar la noche fuera de casa, también se cubren los gastos de alojamiento y manutención, con cuantías concretas: 65,97 euros por noche de hotel, y 18,70 euros por comida o cena.
Una compensación modesta pero suficiente
Todas estas percepciones tienen como finalidad garantizar que nadie vea perjudicada su economía por cumplir con esta obligación cívica. Es importante recordar que el tiempo empleado en un jurado popular se considera de carácter obligatorio, de manera que los trabajadores conservan sus derechos laborales y no pueden ser penalizados por ausentarse de su empleo.
La participación en un jurado popular en España ofrece una compensación modesta pero adecuada. Más que un beneficio económico, representa un reconocimiento simbólico y práctico al compromiso de colaborar en la administración de justicia, una de las formas más directas de participación ciudadana en el sistema judicial.
