El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra
El PP busca dar preferencia a la inmigración de Hispanoamérica, aunque no tendrá en cuenta la religión
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se trasladó la semana pasada hasta la isla balear de Formentera –que sufre una importante crisis inmigratoria– y expresó que los inmigrantes que llegan a España «preferentemente deben ser culturalmente más cercanos». «La Hispanidad no es una etiqueta o una reivindicación. La Hispanidad es compartir vínculos sociales, idiomáticos, vínculos de comportamiento que deben tener una discriminación positiva. Y quien provenga de otros lugares tiene que comprometerse a cumplir la ley y a respetar nuestras costumbres», añadió a renglón seguido.
Igualmente, en la 'Declaración de la Región de Murcia' que suscribieron este fin de semana los miembros de la cúpula del PP se indica que «la nacionalidad española no puede ser un mero trámite administrativo, sino la culminación de un proceso de integración lingüística, cultural y económica que refuerce nuestro proyecto común». Además, el texto resalta que «en este camino, reconocemos el vínculo especial que nos une con las naciones hermanas de Hispanoamérica, con quienes compartimos lengua, historia y valores, y cuya integración en España constituye una oportunidad natural de enriquecimiento mutuo».
Así las cosas, aunque la formación con más diputados en el Congreso va a buscar en su plan inmigratorio –cuyo texto final presentará a finales de octubre– dar preferencia a los inmigrantes hispanoamericanos, fuentes de Génova han manifestado que «no vamos a tener en cuenta la religión», ya que «respetamos el derecho a la libertad religiosa», recogido en la Constitución.
En concreto, el artículo 16 de la Carta Magna, dentro del apartado de los derechos fundamentales, dictamina que «se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley».
«Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», añade la Constitución.
Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, aseguró ayer en una rueda de prensa en la sede del partido que Hispanoamérica, región en la que la religión mayoritaria es la católica, es «una comunidad de 500 millones de personas que se integran de una manera mucho más fácil».
Por ende, subrayó que la formación que encabeza Feijóo quiere «objetivar con criterios medibles la entrada de los inmigrantes», y que, por ende, premiar, «quienes aporten más capacidad de integración, quienes demuestren conocimiento del idioma y de la cultura, quienes estén en disposición de cubrir trabajos en sectores que para nosotros son prioritarios y que ahora mismo están prácticamente desiertos».