El Gobierno extiende la ley de transparencia a las fundaciones de los partidos para vigilar a Disenso (Vox)

El Gobierno quiere extender la normativa relativa a la transparencia a diversos organismos que actualmente no están sujetos a ella y que, por tanto, hasta la fecha no tienen la obligación de suministrar información a la ciudadanía. Entre los que destacan la Fiscalía General del Estado, la Junta Electoral Central y las fundaciones de los partidos políticos; como lo son la Fundación Avanza en el caso del PSOE, Reformismo21 en el del PP y Disenso en el de Vox.

El anteproyecto de la Ley de Administración Abierta, del que viene informando El Debate, amplía el ámbito de aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que está en vigor (del año 2013) para incorporar a nuevos sujetos. Aunque nada dice de uno de los principales problemas actuales: la propensión del Ejecutivo a invocar la Ley de Secretos Oficiales, del año 1968, para no dar la información que no quiere dar. Ya sea el despliegue de recursos públicos para las vacaciones de Pedro Sánchez en la Mareta, los viajes de Begoña Gómez en Falcon o los gastos que acarreó al erario público que el hermano del presidente, David Sánchez, viviera en la Moncloa durante medio año; asuntos, todos ellos, por los que ha preguntado este periódico con nulo resultado.

Además, el anteproyecto prevé que el actual Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pueda poner multas si algún ministerio, gobierno autonómico, diputación, ayuntamiento, entidad pública o cualquier otro órgano que esté obligado a ello incumple las resoluciones del Consejo en materia de acceso a la información pública. Aunque la cuantía es casi simbólica: de 600 a 1.000 euros, pudiendo llegar a los 3.000 euros. Los incumplimientos son habituales: en 2024, el Consejo de Transparencia dictó 911 resoluciones en el ámbito estatal y en 85 ocasiones los aludidos hicieron oídos sordos. En el ámbito autonómico y local, de 428 resoluciones hubo 100 que quedaron en el cajón.

Como viene contando este diario, la norma ha sido redactada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López y está pendiente de ser elevada al Consejo de Ministros en primera vuelta. Parte de un compromiso incluido en dos planes que el Gobierno ha aprobado en el último año, en respuesta a los casos de corrupción que le afectan: el Plan de Acción por la Democracia de septiembre de 2024 y el Plan Estatal de lucha contra la Corrupción de agosto de 2025. Ambos son un compendio de reformas legislativas que tienen un horizonte complicado, dada la debilidad del Gobierno en el Congreso.

Hasta ahora, esa obligación de transparencia afectaba a los gobiernos y empresas públicas, así como a la Casa del Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo, pero no a la Fiscalía General del Estado ni a la Junta Electoral Central. El órgano que dirige Álvaro García Ortiz está inmerso en una crisis de imagen por el procesamiento de éste, por su negativa a dimitir y por el papel de los fiscales (casi de abogados de la defensa) en los casos instruidos contra la mujer y el hermano del presidente.

Fundaciones de partidos o de sindicatos

También afectará a las entidades vinculadas o dependientes de las universidades públicas, las federaciones deportivas y los órganos constitucionales o de relevancia constitucional de las autonomías. En el ámbito privado, ya están obligados a suministrar información los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, puesto que reciben subvenciones públicas, pero el anteproyecto incorpora además a las «federaciones, confederaciones, uniones y fundaciones que puedan constituir» los anteriores.

Los socialistas tienen en su mirilla a una en concreto: Disenso, la fundación de Vox. La semana pasada, el grupo parlamentario socialista solicitó al Congreso que reclame al Tribunal de Cuentas la realización urgente de un «informe de fiscalización especial» de las cuentas de ingresos y gastos de Disenso entre 2020 y 2025, «analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación». El partido de Santiago Abascal tildó de «ridícula» la petición y señaló que el Tribunal de Cuentas ya ha aprobado los informes financieros de Disenso correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, sin reportar anomalías. Vox, como partido, sí ha sido sancionado en tres ocasiones por el Tribunal de Cuentas, por las donaciones recibidas.

Además de la información institucional, organizativa, económica, presupuestaria y de cualquier otra índole que están obligados a publicar todos los sujetos de la futura Ley de Administración Abierta, cualquier ciudadano puede solicitar acceso a una información en concreto a través de una solicitud.

Como detalló El Debate, el anteproyecto también prevé aplicar un régimen de incompatibilidades y de obligaciones a buena parte del personal eventual que trabaja para el Gobierno. Sin embargo, el personal contratado para asistir a la familia del presidente, incluida su mujer, quedará exento de la norma.

En cualquier caso, la norma está en una fase muy inicial, porque le queda pasar dos veces por el Consejo de Ministros (una como anteproyecto, otra ya como proyecto de ley) y, después, iniciar su andadura parlamentaria.