La Audiencia Nacional autoriza que la UCO investigue las cuentas de Pardo de Vera y el ex director de Carreteras

«Cuentas bancarias, transmisiones de valores, rentas explícitas e implícitas, cheques, fondos de inversión, valores, seguros, estadísticas de emisores (...), inmuebles, relaciones societarias (...), bienes en el extranjero, facturas emitidas y recibidas, (...)», el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso PSOE para los no aforados, ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la situación económico-patrimonial de la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del que fuera su número dos, el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, ambos imputados por varios delitos de corrupción.

En el auto, dictado este mismo lunes, al que ha tenido acceso El Debate -y que se ha conocido poco después de que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente citase de nuevo al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor Koldo García Izaguirre, tras detectar pagos opacos de Ferraz. el juez Moreno pide a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria documentación laboral, fiscal y financiera de ambos, investigados en la derivada de la causa original que se ocupa del presunto cobro de 'mordidas' previa adjudicación de contratos de obra pública a las empresas de la trama.

La medida cuenta con el visto bueno de Fiscalía Anticorrupción y tiene como fin que la unidad policial investigadora sea la receptora de la documentación para elaborar un informe destinado al órgano judicial.

De acuerdo con el magistrado, se trata de recabar una serie de informaciones a los fines de la prevención del delito y de delimitar la responsabilidad de las personas en los hechos investigados. En especial, añade, cuando se trata «de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad».

No en vano, en la resolución se indica que, de la investigación realizada hasta el momento, desciende la existencia de indicios de criminalidad claros respecto a estos dos investigados, «que habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA) entre los años 2018 y 2021.».

«Facilitadores» de asistencia a la trama

«No nos encontramos con una mera sospecha sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas», destaca el magistrado Moreno, en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, sin perjuicio de una posterior calificación,

El auto indica además que, conforme al oficio solicitante de la UCO, los hechos han relevado cómo «José Luis Ábalos y Koldo García habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras, siendo Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad».

De esta suerte, y en línea con el criterio del Ministerio Público, el magistrado considera que el fin perseguido por parte de los investigados en esta trama era obtener un provecho económico y, considerando la intervención de Pardo de Vera y Herrero se hace precisa la obtención de la información solicitada por la UCO, a fin de determinar «si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere».