El Gobierno prevé crear «auditorías ciudadanas» contra la corrupción dirigidas por Hacienda

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere incluir un sistema de auditorías ciudadanas para el sector público estatal, después de los casos de corrupción en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. El anteproyecto de la Ley de Administración Abierta, del que viene informando El Debate, crea esta figura como forma de que los ciudadanos participen en el control de la actividad de la Administración General del Estado; ya sea de un ministerio o de una empresa pública. Las auditorías serán públicas e incluirán recomendaciones que tendrá que implantar la entidad auditada.

El anteproyecto elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que está pendiente de ser elevado al Consejo de Ministros en primera vuelta, establece las líneas generales del procedimiento. No obstante, deja los detalles a un desarrollo posterior mediante Orden del Ministerio de Hacienda, como la lista concreta de entidades, políticas y actuaciones que podrán ser objeto de auditorías ciudadanas.

Las llaman así pero, en realidad, estarán dirigidas y tuteladas por auditores públicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que formarán parte del equipo auditor. En cualquier caso, para cada auditoría ciudadana habrá una convocatoria de la IGAE; que es la misma que, el pasado lunes, emitió un informe de 303 señalando las irregularidades de los contratos que Red.es adjudicó al empresario amigo de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés.

Esta convocatoria contendrá, entre otros aspectos, «el objeto de la auditoría y el número de participantes a integrar como auditores de la ciudadanía, así como los requisitos que fueran necesario», según recoge la propuesta del departamento de Óscar López. El ciudadano podrá inscribirse en nombre propio o en representación de organizaciones sociales, el equipo de auditores ciudadanos estará equilibrado en cuanto a niveles de «formación y experiencia previa» y deberá haber el mismo número de mujeres que de hombres. De entre los inscritos que cumplan los criterios, la Intervención General de la Administración del Estado realizará un sorteo para elegir a los participantes. Estos últimos no recibirán retribución alguna, aunque el anteproyecto sí contempla dietas por los gastos que le acarree su función temporal.

Sobre el papel, el equipo de auditoría presentará su informe al órgano auditado, que en el plazo de seis meses deberá haber implantado las recomendaciones indicadas.

Junto con las auditorías ciudadanas, el anteproyecto de la Ley de Administración Abierta también crea los llamados «pactos de integridad». Los órganos de contratación podrán obligar a las empresas y UTEs que se presenten a concursos públicos a incluir, junto con sus ofertas, un «compromiso de suscripción de un pacto de integridad con el objetivo de prevenir y luchar contra la corrupción, las actividades delictivas y las distorsiones de la competencia».

Como viene contando este periódico desde el viernes, el borrador de la norma también prevé aplicar un régimen de incompatibilidades y de obligaciones a buena parte del personal eventual que trabaja para el Gobierno, porque actualmente solo están sometidos a él los altos cargos. Sin embargo, deja al margen al personal contratado para asistir a la familia del presidente, del que no habla el borrador.

Además, la futura Ley de Administración Abierta extenderá la normativa relativa a la transparencia a diversos organismos que actualmente no están sujetos a ella. Destacan la Fiscalía General del Estado, la Junta Electoral Central y las fundaciones de los partidos políticos. A este último respecto, los socialistas tienen en su punto de mira a Disenso, de Vox. A finales de septiembre, el PSOE pidió al Tribunal de Cuentas que la someta a un informe de fiscalización especial.

Como viene señalando El Debate, a este anteproyecto le queda aún un largo camino: debe ir en primera vuelta al Consejo de Ministros, después recabar diversos informes de los órganos consultivos, después volver al Consejo de Ministros ya como proyecto de ley y, de ahí, al Congreso. Este último paso es el más difícil de todos, dado que Pedro Sánchez no tiene una mayoría parlamentaria que lo respalde para casi nada.