Las cuatro causas abiertas de 'Alvise' en el Supremo: de presunta financiación ilegal a acosar a sus dos eurodiputados

El Tribunal Supremo solicitó este martes el suplicatorio de suspensión de inmunidad para poder investigar al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Pérez Fernández, Alvise, por un presunto delito electoral y de supuesta financiación irregular de campaña a las elecciones europeas. Alvise y su formación lograron ser la tercera fuerza más votada en España en estos comicios, obteniendo un total de tres eurodiputados y de 803.545 votos.

Alvise acumula un total de cuatro causas judiciales que están siendo investigadas por el Alto Tribunal. Además de una supuesta financiación irregular y de un supuesto delito electoral, el Supremo le investiga por la difusión de una PCR falsa del que fuera ministro de Sanidad y actualmente presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. La tercera pieza sería el presunto acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. La cuarta y última sería también el supuesto acoso cometido por Alvise contra dos eurodiputados que concurrieron a las elecciones europeas en las listas de SALF y que lograron su escaño en la Eurocámara: Nora Junco y Diego Solier. Los dos anunciaron el pasado mes de mayo su ruptura con la formación y con Alvise. El líder de SALF acumula estas cuatro causas judiciales en apenas medio año.

Junco y Solier denunciaron ser víctimas de una campaña de hostigamiento a través de las redes sociales y a raíz de las críticas públicas que hizo Alvise en varias ocasiones contra los dos eurodiputados. El líder de SALF llegó a afirmar que habían sido comprados por un lobby armamentístico y que votaban en función de lo que quería esa misma entidad. Nora Junco y Diego Solier, en su querella por presuntos delitos de acoso personal y de revelación de secretos, que fue admitida a trámite, temieron por su integridad física después de que se filtraran sus direcciones de correo, sus números de teléfono e, incluso, se llegó a filtrar los sitios que frecuentaban o que iban a visitar. Los dos eurodiputados recibieron multitud de insultos y de amenazas de muerte que llegaron a sus direcciones de correo.

Un maletón con 100.000 euros

Los dos eurodiputados certificaron su ruptura total con Alvise y con el partido a raíz de la presunta financiación irregular que el Tribunal Supremo empezó a investigar el pasado mes de abril. Álvaro Romillo, el empresario de criptomonedas conocido bajo el nombre de CriptoSpain, entregó un maletín con 100.000 euros en metálico dentro a Luis Pérez Fernández durante una reunión antes de los comicios europeos. El empresario se lo entregó para sus gastos de campaña, según le explicó Alvise. Esta cantidad de dinero no se reflejó en ninguna contabilidad y no constó en ninguna documentación.

Romillo fue detenido en septiembre de 2024 por orden de un juez de la Audiencia Nacional, acusado de una presunta estafa piramidal a cientos de clientes. El empresario confesó los hechos y optó por colaborar con la Justicia delatando a Alvise, motivo por el que el Supremo decidió abrir una causa contra él por presunta financiación irregular. El eurodiputado aseguró en sede judicial que esos 100.000 euros en efectivo fueron para «gastos personales».

Alvise está imputado por un presunto delito de falsedad documental e injurias por la difusión de una prueba falsa de Covid-19 (PCR) que realizó en febrero de 2021 del que fuera por aquel entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El líder de SALF difundió en plena campaña de las elecciones autonómicas de aquel año un mensaje en las redes sociales con la foto de un informe falso sobre Illa «sin apariencia de comprobación alguna», según alegó el magistrado. Alvise aseguró que él no fue el autor de esa falsedad documental y que se limitó a difundir en las redes sociales esa supuesta PCR «porque ya circulaba masivamente» por estos canales.

Susana Gisbert, delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, presentó una denuncia contra Alvise por un presunto delito de injurias a funcionario público y de coacciones. El Supremo investiga esta causa después de que Gisbert acusara al eurodiputada de ser el autor de los mensajes dirigidos contra ella a través de su canal de mensajería móvil Telegram. La fiscal alegó que el líder de SALF llamó a que sus entonces 40.000 seguidores en Telegram expresaran su odio contra ella con el objetivo de alterar el normal desarrollo de su vida profesional y personal.

El eurodiputado, en una declaración voluntaria, justificó estas acciones en base a la «crítica política» y a la «libertad de expresión» por decir que funcionarios públicos como Gisbert persiguen a quienes digan que «la inmigración masiva ilegal es una invasión». El magistrado Juan Ramón Berdugo, que instruye esta causa por el presunto acoso a la fiscal, ya pidió suplicatorio a la Eurocámara por este asunto.