Díaz contrata a una universidad privada para formar al SEPE cuando Sumar quiere cortar los fondos a estos centros

El Ministerio de Trabajo y Economía Social –que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz– ha formalizado una licitación pública para adquirir el «servicio de formación del personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) conducente a la obtención del 'Diploma de experto universitario en orientación en políticas activas de empleo', impartido por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)», tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de octubre.

La contrata tiene un importe total de 80.352 euros, y en ella se afirma que «la oferta de Universidad Internacional de La Rioja, único licitador por tratarse de un procedimiento negociado de proveedor único, se ajusta a las condiciones estipuladas en los pliegos que rigen la contratación». La UNIR es una universidad privada fundada en 2008 con sede en Logroño, que se enfoca –a través de estudios a distancia– «en la formación integral del estudiante, para que sus titulados cuenten con los conocimientos, habilidades y competencias que son necesarias en la sociedad actual».

Así las cosas, la cartera de Yolanda Díaz ha negociado –y adjudicado– este contrato público con esta universidad privada cuando Sumar, el partido que encabeza la vicepresidenta segunda, quiere que se deje de financiar con fondos públicos a este tipo de centros. En una Proposición no de Ley (PnL), la coalición 'magenta' subraya que «la Universidad Pública española se encuentra en una encrucijada, enfrentando desafíos que van desde la transformación tecnológica hasta la crisis demográfica».

«Las universidades privadas siguen creciendo en España. En los últimos 26 años se han creado 31 centros universitarios privados, lo que hace un total de 46 universidades privadas en este país. Para poner estas cifras en contexto, la última universidad pública que se creó fue la Politécnica de Cartagena en 1998, hace 27 años. Además, se están estudiando o tramitando en la actualidad 10 proyectos para la creación de nuevas universidades privadas. Si estos proyectos fueran aprobados, el número de centros universitarios privados superaría por primera vez al número de universidades públicas. Desde la década de 1990 hasta la de 2010, el aumento de alumnos en la universidad privada era de unos 6.000 al año. En los tres últimos años ha escalado por encima de los 20.000 matriculados más cada año», se añade.

Igualmente, el escrito parlamentario de Sumar remarca que «se debe actuar de manera urgente para evitar que una institución como la universidad pública se siga denigrando de esta manera», ya que «la Universidad es un espacio de cooperación y solidaridad entre las personas que la conforman». Además, indica que «los poderes públicos deben fomentar la cooperación interuniversitaria en el ámbito docente e investigador, dejando atrás el modelo de 'excelencia' y 'competitividad' que suele predominar en estos ámbitos, para volver a las relaciones basadas en la igualdad, la equidad y la solidaridad en toda la comunidad universitaria».

De esta forma, la formación de Díaz exige al Gobierno –del que forma parte– que «inste al Congreso de los Diputados» a, entre otras cosas, «suprimir toda la financiación de las universidades privadas con fondos públicos» y a «impulsar un sistema generalizado de becas-salario, no condicionadas a notas sino a la situación socioeconómica del estudiante, que posibilite la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos».

«Establecer una moratoria en la creación de las universidades privadas. Los informes de los organismos de evaluación de las universidades y del Ministerio para que se apruebe una universidad privada serán preceptivos y vinculantes, con carácter retroactivo», pide también el documento de Sumar.