Tres vocales del CGPJ reaccionan contra la renovación de las comisiones y uno amenaza con dimitir tras «romperse» la disciplina de voto

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, este jueves, acordaba, por mayoría de sus miembros, la composición de las comisiones de trabajo del órgano de representación de los magistrados españoles, ha terminado por desatar un conflicto interno en el que, al menos dos vocales, elegidos a propuesta del PSOE, han mostrado su malestar con el resultado de las votaciones de la renovación. Tal es así que los consejeros Inés Herreros, Argelia Queralt y José María Fernández Seijo han manifestado abiertamente su malestar, hasta el punto de que, según informan a El Debate algunas fuentes próximas a la institución, este último habría amenazado verbalmente, al término del cónclave, con su intención de dimitir tras lo ocurrido si bien, por el momento, no habría formalizado su renuncia efectiva al cargo.

El origen de la polémica: la decisión del vocal nombrado a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado, de votar junto al bloque profesional, designado a propuesta del PP –y conformado por los juristas José Luis Costa Pillado, Gema Espinosa, José María Páez, José Antonio Montero, José Carlos Orga, Pilar Jiménez Bados, Isabel Revuelta, José Eduardo Martínez Mediavilla, Esther Rojo y Alejandro Abascal– a los que también se unía la presidenta Isabel Perelló.

Un escenario de «ruptura» de las «dinámicas de consenso, la paridad y los equilibrios» del Consejo, un año después de su estreno, que supone una «triste noticia para la ciudadanía», y que varios de sus compañeros consideran fruto de una «encerrona», según se apresuraba a denunciar públicamente la vocal Herreros, en un mensaje recogido en su cuenta de la red social X.

«De 11 comisiones quedan: 9 de mayoría conservadora y 2 mayoría progresista. Eso sí, vestidos con presidencias progresistas para despistar», añadía la consejera crítica con la libertad de voto, frente al «voto teledirigido», en el seno del Consejo. Una reflexión que desencadenaba las reacciones de quienes, por el contrario, consideran que lo que debería ser un ejercicio de «independencia» habitual, en el que «la opinión individual de cada uno de los vocales» fuese lo «ordinario», se haya convertido en una excusa para «normalizar la política de bloques estancos e inamovibles» y afear cualquier otra combinación posible en el seno del Consejo, distinta de la «indeseable disciplina de voto».

Del lado de Herreros, sus compañeros Luis Martín Contreras, Lucía Avilés, Esther Erice, Bernardo Fernández, José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas y Argelia Queralt, quien también se refería a lo ocurrido. Por su parte, Queralt se lamentaba, además, en relación con el grupo de trabajo creado para Derechos Humanos, que «el grupo progresista proponíamos crear una comisión con el mismo estatus que las comisiones legales», pero «el bloque conservador, un vocal y la presidenta han optado» por su opción.

En realidad, la propuesta elevada por el ala izquierdista del CGPJ no fue sometida a votación al estar incompleta y al no haberse subsanado dicho defecto en el descanso que el Pleno les habilitó para hacerlo.

Aluvión de críticas a la «politización»

Lo ocurrido en el transcurso del Pleno del CGPJ para la composición de las comisiones es, sin embargo, para los expertos consultados por El Debate, un síntoma de salud del órgano en el que «ha quedado demostrado que se respeta el equilibrio» entre las diferentes sensibilidades; la «libertad de actuación» fuera de las posiciones «monolíticas», en las que «parece que sólo se ha de responder a consignas»; así, como la práctica no escrita de que quien preside una comisión no ha de aglutinar una mayoría de afines en la misma.

Muchos se han sumado, desde diferentes sectores de la sociedad civil y el mundo jurídico, a las críticas contra la vocal Inés Herrero, a la que se ha acusado de «estar haciendo política», tras sus desafortunadas declaraciones. «El rigor y los méritos no importan», apuntaban quienes consideran que en el puzle de las comisiones de trabajo del Consejo deben primar estos frente a las afinidades ideológicas.

La reacción de los vocales del CGPJ que hoy se han manifestado contra el pacto alcanzado por 11 vocales, con el apoyo de la presidenta Isabel Perelló, «es la prueba evidente de su sectarismo. Censurar la libertad de conciencia de un compañero es impropio de un jurista de nivel y de una persona cabal».