El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Marlaska y Peinado, citados hoy a una conciliación tras la demanda del juez por ser llamado prevaricador
El titular de la cartera de Interior ha confirmado que no acudirá al acto
El juez Juan Carlos Peinado –que instruye la causa en la que está imputada Begoña Gómez– y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están citados este 29 de octubre a un acto de conciliación después de que el magistrado presentara una demanda por vulneración del derecho al honor tras ser acusado por el miembro del Ejecutivo de actuar de forma «prevaricadora».
Grande-Marlaska, que es magistrado de carrera, confirmó que no acudirá al acto, al entender que no tiene motivo alguno para rectificar sus palabras. «Quien no tiene que retractarse de nada, no creo que deba ir a ningún sitio a hacerlo», afirmó el ministro durante el acto institucional de la patrona de Instituciones Penitenciarias, celebrado en el Centro Penitenciario de Segovia el pasado mes de septiembre.
«Yo todo lo que digo lo suelo mantener y lo sigo manteniendo», añadió, defendiendo que en democracia «lo importante y lo relevante es que cada uno pueda analizar y reflexionar sobre las distintas circunstancias que hacen referencia a los poderes del Estado, con respeto, pero con convicción, con seriedad y con la reflexión necesaria».
El magistrado Peinado presentó la demanda tras las declaraciones de Marlaska del pasado mes de julio, cuando acusó al juez de realizar una «investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal» y de causar «indefensión» a la esposa de Pedro Sánchez.
Fuentes jurídicas precisaron a Europa Press que este acto de conciliación es un paso previo a una posible querella por injurias y calumnias. Ni Grande-Marlaska ni el ministro de Transportes, Óscar Puente –también demandado por el magistrado por declaraciones similares– están obligados a comparecer personalmente, ya que pueden hacerlo sus representantes legales.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sostiene que las afirmaciones de ambos ministros atentan contra su honor profesional y reclama una rectificación pública antes de acudir a los tribunales.
