El Gobierno y sus socios radicalizan al límite sus ataques a la Justicia por la condena al fiscal general

El fallo del Tribunal Supremo que ha condenado al fiscal general del Estado por revelación de secretos ha desatado un airado y sincronizado ataque a la Justicia desde el Gobierno y sus principales socios. En una de las ya habituales maniobras para establecer un «relato» ante la opinión pública, se ha tratado de establecer, básicamente, el siguiente mensaje: un tribunal político ha condenado injustamente a un hombre inocente. Se trata de un «golpe judicial», incluso los más radicales hablan de «golpe de estado» sin tapujos. Y, por tanto, reclaman un cambio en las reglas del juego. La consigna es que el fiscal general «es inocente, a pesar de lo que diga el Tribunal Supremo». Y, por lo tanto, también se abre la vía a un borrado del caso, al más puro estilo de Chaves-Griñán y los ERE o el delito de sedición en el caso del independentismo, que el Gobierno fulminó del Código Penal. En este sentido, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que al conocer el fallo dijo haber sentido «desolación, hartazgo y descreencia en muchas cosas», advirtió este viernes que el Gobierno activará «los mecanismos que hagan falta».

Todo el Gobierno Frankenstein ha dirigido sus cañones en la misma dirección. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, señaló que la condena es una «injusticia» y un «ataque profundo a la democracia» fruto de quienes están dispuestos a hacer «cualquier cosa» por acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez para recuperar el poder.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha mostrado su «perplejidad» y «preocupación» por la condena. Y además ha cuestionado la rapidez con la que se comunicó: «Pareciera lógico que lo más oportuno, que lo más prudente hubiera sido trabajar esa decisión con serenidad […] bien, pues bastaron únicamente dos o 3 días para trasladarnos un fallo. Un fallo sin conocer los motivos, sin saber los porqués». La dirigente socialista incluso ha advertido del mensaje que, a su juicio, puede desprenderse de la resolución, de que "la mentira ha podido ganar a la verdad”.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado que la condena es «política», constituye una «anomalía» y se dirige fundamentalmente «contra el Gobierno» progresista. «Esta sentencia, cuando la conozcamos será estudiada en todas las facultades de derecho de España», ha asegurado para, a continuación, definir a García Ortiz como «un jurista brillante» y un gran profesional, y recriminar que el Supremo le ha condenado «sin pruebas».

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que se trata de «un intento de la derecha judicial de defender» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de «golpear al Gobierno». «Esto solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida política del país y, por lo tanto, es gravísimo lo que ha pasado».

Podemos es uno de los partidos que ha lanzado mensajes más «antisistema». Su líder, Ione Belarra, ya había acusado a la «derecha judicial» de «asesinar civilmente» a García Ortiz. Este viernes urgió a reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para impedir que haya jueces que se crean en el derecho de hacer política en sustitución de las instituciones democráticas. Belarra aseguró que se ha condenado «sin ninguna prueba» al fiscal general, en la construcción ad hoc de «un gran caso mediático» contra él «para tapar la corrupción» de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Podemos exige al PSOE cambiar la estructura del Estado «de arriba a abajo» al considerar que es «corrupta» y está «secuestrada por fuerzas reaccionarias con el Rey a la cabeza», que se han «atrincherado» para impedir transformaciones sociales y que el país avance. «Hay que quitarles el poder e ir a por todas», recalca su secretaria política, Irene Montero, en un vídeo difundido en X.

En una línea similar, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha calificado de «vergüenza» el fallo del Supremo, que cree «una condena preestablecida» por parte de «jueces que hacen política», y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lo ha tildado de «escándalo democrático por el fondo y por la forma». «Perplejo» se ha confesado el presidente del PNV, Aitor Esteban, que ha añadido que «llama la atención» que quien parece salir «indemne» es un «defraudador confeso», en referencia a la pareja de Díaz Ayuso. Y, por supuesto, uno de los «agentes» del Gobierno, el secretario general de CC. OO., Unai Sordo, aseguró que «una parte importante de la Justicia ha decidido autoproclamarse como operador político de primera magnitud y esto es muy grave en un Estado de derecho». Y desde Compromís, el diputado Alberto Ibáñez dijo que «el franquismo vive», coincidiendo el fallo con el 50 aniversario de la muerte de Franco.