El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo
El Gobierno asegura sentir «indefensión y sorpresa» tras la condena del Supremo a García Ortiz
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que el Ejecutivo tiene el «deber moral» de decir públicamente que no comparte la condena
Fuentes del Gobierno han afirmado sentir «indefensión y sorpresa» tras la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Han señalado que el fallo del Supremo «no va a suponer una zancadilla a nada ni va a entorpecer» el Gobierno de Pedro Sánchez.
En Moncloa han reaccionado desde el primer instante trasladando a los medios que «respeta pero no comparte» la la resolución contra el fiscal general del Estado. La condena dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. Por otro lado, El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que se ponía en marcha el mecanismo legal para nombrar al sucesor de García Ortiz.
Al tiempo que ha indicado en que el Gobierno tiene el «deber legal de respetar el fallo», a la espera de conocer la sentencia al completo. Pero que también, ha señalado que el Ejecutivo tiene el «deber moral» de decir públicamente que no lo comparte.
«El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado, sin embargo hoy el poder judicial ha hablado y ha resuelto esta causa», ha añadido el ministro socialista en una tímida comparecencia en la Moncloa recogida por Europa Press, en la que ha aprovechado para remarcar el «reconocimiento» del Gobierno a la labor realizada por García Ortiz y «su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad».
Del lado de Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado gravemente a la justicia y ha asegurado que la condena del Supremo es «política», constituye una «anomalía» y se dirige específicamente «contra el Gobierno» progresista. Díaz ha definido al penado como «un jurista brillante» y ha recriminado que el Supremo le ha condenado «sin pruebas».