La condena al fiscal general del Estado acelera la descomposición del sanchismo

La histórica condena al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados ha acelerado el proceso de descomposición del sanchismo, que está ocurriendo en tiempo real en los tribunales.

En apenas 48 horas, entre el martes y el jueves, el Gobierno se ha echado 48 años encima: la declaración judicial del empresario Javier Pérez Dolset ha revelado el nexo entre las cloacas del PSOE y la Moncloa, en la persona del exdirector adjunto de Gabinete de Pedro Sánchez, Antonio Hernando. El último informe de la UCO ha documentado el modus operandi de la trama de adjudicaciones fraudulentas a Acciona. Santos Cerdán ha salido de Soto del Real tras cinco meses de prisión provisional deslizando que hablará. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 12 y medio para Koldo García. Sánchez ha dado un mitin en Mérida con un candidato, Miguel Ángel Gallardo, que en febrero se sentará en el banquillo acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Y, como colofón, Álvaro García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación por utilizar la Fiscalía General del Estado para intentar dañar a la presidenta madrileña. La animadversión de Sánchez hacia Isabel Díaz Ayuso ha acabado siendo la perdición de García Ortiz. «Esto es un éxito sin precedentes de la democracia: un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella», se felicitaban ayer en la Comunidad de Madrid.

Por el contrario, el Gobierno recibió con una mezcla de indignación y estupefacción, el fallo de cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo, que soportaron presiones indecibles en las semanas previas al juicio oral y durante el mismo. Incluso una portada de El País, la del domingo 8 de noviembre, en la que Sánchez proclamaba no su deseo de una absolución, sino directamente la inocencia de García Ortiz.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes compareció pasado el shock inicial en la Moncloa para dejar claro que el Gobierno respeta el fallo porque es su «deber legal», pero que no lo comparte. En su breve declaración, Félix Bolaños ya deslizó que el Ejecutivo está preparando el partido de vuelta en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, al recordar: «España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial». Entre líneas, el ministro estaba avanzando que el fiscal general del Estado recurrirá en amparo ante el TC (antes deberá presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, condición sine qua non).

Bolaños se dirigió a los españoles, «especialmente a aquellos que no comparten este fallo», para advertirles: «La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la Justicia». Cuando Sánchez, su Gobierno y su partido llevan toda la legislatura alimentando el monstruo del lawfare: primero contra los líderes del procés; después contra la mujer y el hermano de Sánchez; más tarde contra el fiscal general del Estado.

El propio presidente engordó ayer por la tarde un poco más ese relato interesado al aprovechar la presentación en el Congreso de la serie Anatomía de un instante, sobre el 23-F, para deslizar: «La democracia no es un estado que se conquista de forma permanente, es un privilegio que debemos defender cada día. Defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla». A buen entendedor, pocas palabras bastaron. «Esa insinuación infame. Esa falsa disyuntiva populista: Democracia versus Ley», le replicó en X la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo.

El presidente no va a asumir ninguna responsabilidad política por haberse empeñado en mantener al fiscal general del Estado (un gobierno no puede cesarlo directamente, pero sí retirarle su confianza). Ni cuando el Supremo anuló la decisión de García Ortiz de nombrar a Dolores Delgado como Fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y la consideró «desviación de poder»; ni cuando el anterior CGPJ lo calificó como «no idóneo» para el cargo; ni cuando el Supremo lo imputó; ni tampoco cuando se conoció su procesamiento.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuntó este jueves a Sánchez no solo como responsable político, sino también como inductor del delito cometido por García Ortiz. Según Feijóo, no lo hizo «por su cuenta», sino que se prestó a ser un «peón» del presidente y participó con «ciega obediencia». No era motivo de este juicio averiguar si el fiscal seguía «indicaciones» de la Presidencia del Gobierno con el famoso correo electrónico, como dejó escrito el juez instructor en uno de sus autos: la Sala de Apelación consideró que esa afirmación no había sido «acreditada con suficiencia» y excluyó esa derivada.

Una vez que se conozca la sentencia, el Gobierno deberá nombrar un sucesor para García Ortiz. «Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función», prometió Bolaños. No obstante, el daño a la Fiscalía General del Estado ya está hecho.

Por lo que se refiere al Ejecutivo, sus problemas no acaban con esta sentencia. Solo se aceleran. La Audiencia Nacional investiga si hubo una caja B en el PSOE; el cortafuegos de Sánchez frente al caso de Ábalos, Cerdán y García no funciona; Juan Carlos Peinado continúa implacable su instrucción contra Begoña Gómez; el líder del PSOE de Extremadura y el hermano del presidente tienen su juicio en febrero; y Junts mantiene su bloqueo a una legislatura que antes estaba moribunda.