Vox lleva casi dos años pidiendo el cese de García Ortiz: «Hay que poner fin a un proceso de degradación institucional sin precedentes»

El fiscal general del Estado ha sido condenado esta semana por el Tribunal Supremo por filtrar datos confidenciales de un ciudadano particular, en este caso el novio de una rival política, Isabel Díaz Ayuso. Sobre Álvaro García Ortiz ha caído una sentencia que le inhabilita dos años para el cargo, además de imponerle una multa durante un año. Y desde el Gobierno de Pedro Sánchez, que dice respetar el fallo del Alto Tribunal pero no compartirlo y persiste en reconocer «su compromiso en defensa de la ley y de la verdad» de García Ortiz, han anunciado que en los próximos días pondrán en marcha el proceso para su relevo.

Vox lleva casi dos años, en concreto desde febrero de 2024, reclamando su cese inmediato. Tanto en denuncias públicas y manifestaciones ante los medios de comunicación como a través de iniciativas parlamentarias para exigir su destitución. Y con el objetivo, recalcan desde la formación que preside Santiago Abascal, de buscar «depurar responsabilidades y poner fin a un proceso de degradación institucional sin precedentes».

En una de esas mociones que presentó en la Cámara Baja, el partido apuntaba para empezar que una evidencia de la «incompatibilidad» del Gobierno de Sánchez con la independencia judicial y el Estado de Derecho es «su conducta con relación al Ministerio Fiscal». Aludía a que esas declaraciones del dirigente socialista en las que «alardeaba en tono chulesco de su control» del mismo -aquella frase de «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso»- son «solamente un síntoma de una línea de actuación igualmente inverecunda». Y recordaba el nombramiento como fiscal general de quien fue en su día ministra de Justicia, Dolores Delgado, la «desviación de poder» que apreció el Tribunal Supremo en la promoción de esta por parte de García Ortiz como fiscal de Sala del Alto Tribunal, o el hecho de que este fue nombrado máxima autoridad del Ministerio Fiscal «contra el criterio manifestado por el CGPJ».

Vox ha reclamado su reprobación y su destitución por su «notoria carencia de la imparcialidad que la Constitución y la ley exigen para el ejercicio de su cargo», así como por su «constante uso partidista» del Ministerio Fiscal y su «favoritismo» con sus afines, sus «agresiones» a la separación de poderes y al Estado de Derecho, su desempeño del cargo «de modo cómplice» con los enemigos de la unidad de España o sus «posibles injerencias en los resultados de unas elecciones generales con fines claramente ideológicos y partidistas», recoge la formación en otras de sus proposiciones no de ley.

Así, Vox ha venido instando al Gobierno ha adoptar las medidas necesarias para garantizar «la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia de la persona que lo sustituya» en el cargo. Y aún con más énfasis después de que se abriera la causa en el Supremo por revelación de secretos.

Tras conocer la sentencias condenatoria del Alto Tribunal, el presidente de Vox, Santiago Abascal, subrayó que García Ortiz es el primer fiscal general del Estado condenado de la historia de España, augurando a su vez que Sánchez «será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel», y se refirió al Ejecutivo socialista como «una mafia que no hace más que ensuciar las instituciones». Y el secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, lo definió como «un hito más de la vergüenza de ese Gobierno que ha colonizado, manoseado y tomado al asalto todas las instituciones del Estado».