El Gobierno rumia su venganza tras la condena del Supremo

Era miércoles, cerca de las tres de la tarde. El Pleno del Congreso votaba las cuestiones de la semana. Entre ellas, una moción del PP sobre «los principios democráticos, éticos y de transparencia que rigen la actividad política del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática». Félix Bolaños estaba en su escaño. El panel de votaciones se iluminó: 145 votos a favor de la moción, 168 en contra y 33 abstenciones. Bolaños sonrió e hizo el gesto de sacudirse los hombros con la mano, como queriendo decir que la bala del PP ni les había rozado. Enfrente, la ministra de Sanidad, pistolera en sus tiempos de la Asamblea de Madrid, le rio la gracia. Ambos intercambiaron un par de mensajes de móvil, divertidos.

Poco más de 25 horas después, ese mismo ministro comparecía en la Moncloa para poner voz a la indignación del Ejecutivo con la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado: «El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos». Esta vez, el notario mayor del Reino sí estableció una línea divisoria entre lo legal y lo moral. A diferencia de las muchas veces que esa línea ha sido pisoteada por Pedro Sánchez bajo la premisa de que lo que no le está prohibido por ley, le está permitido. Ese fue el origen del caso Begoña.

La historia se repite. La reacción del sanchismo y sus socios a la inhabilitación de Álvaro García Ortiz ha seguido el mismo patrón que la que tuvieron cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra la mujer del presidente. Con la diferencia de que, esta vez, Sánchez no ha escrito una carta a la ciudadanía declarándose «un hombre profundamente enamorado» ni se ha retirado cinco días a reflexionar, porque la reflexión ya la trae hecha.

Las fases

Las fases por las que han transitado los socialistas son las mismas. Primero, la estupefacción: creyeron que estaban ganando porque, según la Moncloa, durante el juicio total quedó patente «la falta total de pruebas o indicios» contra acusado. Después, la ira, con los miembros del Gobierno señalando sottovoce al magistrado Manuel Marchena como inductor de una suerte de venganza contra Sánchez-sostienen ellos- por la desautorización que supuso para el Supremo la ley de amnistía. Especialmente para Marchena, que fue el presidente de la sala que juzgó a los cabecillas del procés.

Más tarde, la bunkerización: los altos cargos del Ejecutivo y del PSOE vienen desde el jueves apelando a la resistencia frente a la derecha judicial, política y mediática, al «no pasarán». Según ellos, las fuerzas oscuras de este país quieren derrocarlos sin pasar por las urnas. De ahí el inquietante llamamiento de Sánchez el jueves en el Congreso, cuando pidió «defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla».

Suena a manía persecutoria, pero en esto los socialistas no están solos: los acompañan y retroalimentan todos sus socios, que comparten la misma tesis. Ya el hecho de que el fallo se conociera el 20 de noviembre es, a juicio de la izquierda, señal inequívoca de que el franquismo pervive medio siglo después de que el dictador falleciera. «Nadie podía decir que no estaba avisado. Cuando Franco hizo saber, hace hoy cincuenta años, que se iba habiéndolo dejado todo ‘atado y bien atado’, no hacía falta que nos hiciera ningún dibujo de lo que significaba. A pesar de la propaganda de medio siglo hablando de Transición modélica, el franquismo sigue estando allí, como el dinosaurio de Monterroso», escribió el líder de Junts, Carles Puigdemont. «A 50 años de la muerte de Franco, el mensaje que nos da la derecha judicial, mediática y política es ‘aquí mandamos nosotros, nos da igual la democracia’», declaró la futura candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero.

Como con el caso Begoña, solo queda la última fase: la respuesta. Política y judicial. En lo judicial, el Gobierno prestará toda su ayuda a García Ortiz en el recurso de amparo que este presentará en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido (antes deberá presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, condición sine qua non).

En lo político, la elección del sucesor de García Ortiz será reveladora, y no parece que el presidente vaya a optar por un perfil neutro. Por otra parte, el indulto en la mesa del Consejo de Ministros aún tardará, necesariamente. Pero Sánchez no se quedará de brazos cruzados hasta entonces. Ha visto la ventana de oportunidad para dar un empujón a la agenda legislativa del ministro Bolaños, que es «la más afectada» por el bloqueo de Junts, según recuerdan fuentes de la Comisión de Justicia del Congreso.

Actualmente, en esa Comisión de Justicia Bolaños tiene empantanadas las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ambas aprobadas por el Consejo de Ministros en mayo para «la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal». Eso sobre el papel, porque cinco asociaciones de jueces y de fiscales fueron a la huelga en junio contra ellas por suponer un ataque contra la independencia judicial: «La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos. Como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma», proclamaron entonces los convocantes en un manifiesto conjunto. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le recordó el viernes a Sánchez que ese es el camino de baldosas amarillas. «Otra cosa que se puede hacer aparte de quejarse es cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial. No es demasiado tarde. 176 votos», escribió.

También está en trámite en la Comisión de Justicia la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Consejo de Ministros aprobó en octubre, y con la que el Gobierno pretende entregar la instrucción de las causas penales a los fiscales. Estos, por lo tanto, quedarían al mando de la policía judicial, de unidades como la UCO y la UDEF.

Claro que, por mucho empujón que el presidente quiera dar a la agenda, Bolaños, Junts y Podemos tienen la última palabra. Remitámonos de nuevo al precedente del caso Begoña. Sánchez volvió de sus cinco días de retiro amenazando con «un punto y aparte» que se tradujo, en septiembre de 2024, en el llamado Plan de Acción por la Democracia: un amasijo de reformas legislativas que suponía una involución en libertades y derechos fundamentales y un ataque indiscriminado contra la prensa libre. Ninguna de ellas está en vigor. Muchas están paradas y, las más avanzadas, están en fase de anteproyecto, muy embrionaria aún. Querer no es poder para un Gobierno que (mal)vive con 146 escaños.