La fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato
Tras la renuncia de García Ortiz
El Gobierno elige como fiscal a Teresa Peramato, una «integrista ideológica» de izquierdas
Fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales —que también presidió García Ortiz— y seleccionada como Fiscal de la Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo por su condenado predecesor
Considerada en el seno del Ministerio Público como una «integrista ideológica», defendió públicamente la Ley del 'solo sí es sí'
El Consejo de Ministros nombrará a Teresa Peramato, fiscal de la Sala del Tribunal Supremo como fiscal general del Estado, en sustitución del condenado Álvaro García Ortiz, este martes, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El relevo del ya ex fiscal general se ha precipitado por su dimisión, anunciada este lunes, sin esperar a la sentencia y con Pedro Sánchez en Angola, como informó El Debate.
Afín a García Ortiz
Peramato —de 63 años y natural de Salamanca— es fiscal de la Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del TS, así como fiscal de la Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Precisamente fue García Ortiz quien la propuso para el cargo tras la jubilación de la fiscal Pilar Fernández Valcarce en enero de este año.
Fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) entre 2019 y 2021, entidad que también encabezó su condenado predecesor. Este mismo jueves, el actual presidente de UPF, Félix Martín, remarcaba que el TS «ha condenado a un hombre inocente y que esto va a tener consecuencias profundas para la confianza en la Justicia».
Con 35 años de carrera, desde el Ejecutivo apuntan que «tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos». Asimismo, está considerada en la Fiscalía «integrista ideológica» en su especialidad, defendiendo públicamente la Ley del 'solo sí es sí' como una norma «buena» que permitiría a los Tribunales proteger mejor a las víctimas de lo que se hacía con el Código Penal antes de la reforma.
Del mismo modo que García Ortiz, consideró que la norma brindaría «muchísimas posibilidades para proteger más a las víctimas que la legislación anterior porque centra precisamente la respuesta en la ausencia de un consentimiento expreso y libre».
Considerada como una de las mayores expertas en la lucha contra la violencia de género en España, fue fiscal delegada de la sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid desde sus inicios en 2005. Cinco años después, fue nombrada Fiscal Adscrita a la Fiscal de la Sala de esta Unidad Especializada. En 2018 pasó a desempeñar sus funciones en la Fiscalía ante el Tribunal Supremo. Del mismo modo, ha sido miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y participado en la elaboración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Desde mayo de 2021 fue la encargada de asumir el puesto de como fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer. Asimismo, ha sido condecorada con varios premios sobre la materia: el Premio Igualdad Alicia Salcedo del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (2018), el Premio Igualdad Beatriz Galindo del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca (2021) y recientemente el OEDI Social Award (2021) por su compromiso contra la violencia de género digital.
Respecto al proceso de nombramiento, fuentes judiciales señalan que una vez la propuesta sea aprobada, deberá ser el Consejo General del Poder Judicial quien emita un informe no vinculante. Tras ello, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, para que el Gobierno acuerde su nombramiento definitivo como nueva fiscal general del Estado.
