La nueva fiscal general, contra la presunción de inocencia del hombre: que el «silencio» del acusado sea «un indicio más de culpabilidad»

Marzo de 2024, III Encuentro de la Plataforma de acción sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, la entonces fiscal de Sala Delegada de violencia sobre la Mujer, hoy nueva titular del Ministerio Público, Teresa Peramato, aseguró que desde la Institución que ahora lidera estaban trabajando para «hacer prevalecer» que el «silencio del acusado», en delitos de Violencia de Género, se convirtiese en un «indicio más de su culpabilidad».

Así quedó reflejado en un mensaje de la red social X de la entidad promotora de la iniciativa que, sin embargo, en las últimas horas se apresuraba a eliminar el comentario de su perfil oficial.

No en vano, se trata de una afirmación que no han pasado desapercibida entre quienes, nada más conocerse su designación por parte del Gobierno, advertían de que Peramato, más allá de su afinidad con sus dos predecesores en el cargo –los socialistas Dolores Delgado y el propio Álvaro García Ortiz–que supondrá una línea continuista en la cúpula de la Fiscalía, es una «integrista ideológica» de los asuntos relacionados con la mujer. Hasta el punto de haber llegado a afirmar que un derecho que asiste a cualquier acusado, como es el no declarar en su contra, pueda ser utilizado como excusa para condenarle porque el hecho de no contestar a los interrogatorios que se le formulen sería una evidencia más de que su falta de inocencia.

De acuerdo con el criterio de Peramato, y siguiendo su razonamiento, entonces, la negativa de García Ortiz, por ejemplo, a responder a las preguntas de las acusaciones durante su declaración en el Supremo, en la fase de instrucción dela causa en la que ha sido condenado por revelación de datos reservados de un particular, debería haber sido entendida como una 'confesión' indirecta de su responsabilidad penal. Algo que, según denuncian los expertos, «atenta contra uno de los principios más básicos del Derecho Penal» y del propio Estado de Derecho.

Peramato —de 63 años y natural de Salamanca— era, hasta ayer, fiscal de la Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo, así como fiscal de la Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. De hecho, fue el malogrado García Ortiz quien la propuso para el cargo, tras la jubilación de la fiscal Pilar Fernández Valcarce, en enero de este año, pese a que no era la candidata mejor posicionada para el puesto, pero sí gozaba de la confianza y la afinidad con su antecesor con quien, además comparte el hecho de haber sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), entre 2019 y 2021.

Con 35 años de carrera, desde el Ejecutivo respaldaban el perfil de la nueva fiscal general que «tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos». Lejos de esta consideración, en el seno de la Fiscalía está considerada una «integrista ideológica» en su especialidad, hasta el punto de haber defendido públicamente la Ley del 'solo sí es sí', que excarceló anticipadamente a más de un centenar de agresores sexuales y pederastas, como una norma «buena» que permitiría a los Tribunales proteger mejor a las víctimas de lo que se hacía con el Código Penal antes de la reforma.

Del mismo modo que García Ortiz, y siguiendo las directrices de su superior jerárquico, Peramato consideró que la norma brindaría «muchísimas posibilidades para proteger más a las víctimas que la legislación anterior porque centra precisamente la respuesta en la ausencia de un consentimiento expreso y libre». Cabe recordar que el balance, no cerrado, de la entrada en vigor del polémico texto, hasta su modificación, permitió la rebaja de las condenas inicialmente impuestas a miles de depredadores y maltratadores.