El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid
Koldo recurre su ingreso en prisión provisional y asegura que sus ingresos «justifican» su incremento patrimonial
La defensa del exasesor de Ábalos pide la nulidad del procesamiento y señala que Armengol podría «haber participado en favorecer contrataciones públicas»
Koldo García ha presentado un recurso de apelación en el Tribunal Supremo para que revoque su ingreso en prisión provisional y ha ofrecido pagar una fianza para poder salir de la cárcel, a la vez que defiende que el incremento de su patrimonio está «justificado» por sus ingresos.
La defensa del exasesor de José Luis Ábalos ha pedido declarar nula la medida del pasado 27 de noviembre, en la que el magistrado instructor del caso PSOE, Leopoldo Puente, decretara la prisión provisional sin fianza. La defensa de Koldo reclama la nulidad de la medida, así como la del procesamiento las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia, alegando «falta de fijación previa de competencia» en el Supremo.
«Tanto la investigación de PCR como de test covid, que se investigan en la Audiencia Nacional y en la que resultan involucrados tanto mi defendido como Ábalos, deberían estar siendo investigados en el Supremo en base a que es quien tiene el suplicatorio para investigar estos hechos», apostilla sobre el aforamiento del exministro.
«Otras personas de alto rango político»
La defensa argumenta para que el Supremo asuma «toda la causa» que en la investigación de la AN se identifica a «otras personas de alto rango político relacionadas indiciariamente con los hechos», señalando que la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, pudo «haber participado en favorecer contrataciones públicas (incluyendo las relativas a las pruebas de detección) con la empresa Megalab Eurofins, gracias a las influencias de Koldo».
Califica como «escritos exagerados» las acusaciones tanto la acusación de Anticorrupción y como las populares encabezadas por el PP, mencionando que contienen «solicitudes de años desorbitados de prisión». «Son la justificación que se emplea en el auto recurrido para decir que procede la prisión provisional en base al inexistente riesgo de fuga», agrega la defensa.
Asimismo, piden recuperar las «medidas cautelares personales» previas a su ingreso en Soto del Real: las comparecencias cada quince días ante la instrucción y la prohibición de salir de España.
Adelantándose a un posible rechazo de esta petición, también propone el régimen de libertad provisional bajo fianza —la que estime el tribunal—, junto con las anteriores medidas cautelares. La defensa alega que el principal indicio material de la desproporcionalidad económica «se desvanece de forma crítica» al probarse «que el incremento patrimonial real es tres veces menor y se encuentra justificado por los ingresos legítimos». Defienden, así, que el riesgo de fuga se reduce y que la prisión provisional «es insostenible por el principio de proporcionalidad».
De la misma forma, reclaman que el auto de prisión provisional «asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo». También menciona su «fuerte arraigo personal y familiar» como motivo para desestimar la fuga, señalando que vive con su hija de cinco años y atiende a su madre viuda de 86.
Defiende el «origen legal» del efectivo del PSOE
Por otro lado, la defensa de Koldo descarta una reincidencia, ya que «los hechos imputados están circunscritos a un contexto temporal y funcional específico del que ya se encuentra apartado», así como obstaculizar la investigación, debido a que las fuentes de prueba «ya han sido recabadas y formalizadas».
Agrega que el magistrado menciona «una supuesta ingente cantidad de dinero no encontrada sin sustento probatorio y silenciado el reembolso de sus gastos» de la Secretaría de Organización del PSOE de 127.000 euros en los años analizados. A la vez, defiende el «origen legal para él» del efectivo manejado por Koldo, «corroborado por dos testigos por separado», lo que «explicaría la procedencia del dinero utilizado» por el exasesor.
También se desmarcaba del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, aludiendo a que no existe comprobación patrimonial «ni ninguna otra prueba» —a excepción de su declaración— de los supuestos 10.000 euros mensuales que este entregaba a Koldo.
Recordaba que adelantaba gastos a Ábalos que «eran reembolsados posteriormente» tanto por transferencia bancaria como en persona, «a través de sobres». Empleaba tres diferentes para diferenciar los gastos del Ministerio, del partido y los personales del extitular de Transportes.
Asimismo, defiende que el «esfuerzo económico real» de Koldo y de su expareja Patricia Uriz, «se redujo a 98.421 euros» —acreditado, dice, en la Audiencia Nacional—, siendo «el único capital propio que debe ser objeto de justificación de origen, quedando el resto cubierto por la deuda legalmente contraída».
El exasesor ministerial hace hincapié en que ha cumplido «todas las exigencias» desde que fuera llamado al proceso y sin que sus circunstancias cambiasen como para justificar el ingreso den prisión.