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Imagen de archivo de urnas en unas elecciones.

Imagen de archivo de urnas en unas elecciones.Europa Press

Extremadura

Las garantías del sistema electoral en España

El reciente robo de votos en varias sucursales de Correo en Extremadura ha puesto el foco sobre la seguridad en la custodia de las papeletas no presenciales

El voto postal, que incluye tanto el doméstico como el procedente de los españoles que residen en el extranjero, ha vuelto a ocupar el centro de la atención, a menos de dos días de que se celebren las elecciones autonómicas a la Junta de Extremadura, tras conocerse que en varias sucursales de Correos en Badajoz se sustrajeron (o se intentó hacerlo) cajas fuertes con un total de hasta 124 papeletas dentro. Un hecho que fue denunciado por el Partido Popular regional, encabezado a estos comicios por María Guardiola, y que pronto suscitó un agrio debate público sobre la seguridad en la custodia de los sobres no presenciales.

Un asunto que, de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por la Junta Electoral Central (JEC), compuesta por jueces, en los últimos comicios generales celebrados el 23 de julio, hace dos años, deberían recontarse, una vez cerrados los colegios electorales, de acuerdo con los datos recogidos en las actas enviadas por las mesas electorales en las que se hizo constar el primer recuento llevado a cabo en los colegios y no según los resultados provinciales difundidos en cada noche electoral por el Ministerio del Interior. Si bien hay que indicar que las papeletas correspondientes al voto remoto, deben ser destruidas, según lo recogido en nuestro ordenamiento, salvo si fueron consideradas no válidas u objeto de alguna reclamación.

Se trata, por lo tanto, de un proceso basado en el recuento objetivo, que es encomendado a los ciudadanos que, por sorteo, han sido escogidos para gestionar cada una de las mesas habilitadas en cada uno de los colegios electorales; y, abierto al público, lo que permite que cualquier persona pueda supervisar lo que ocurre en cada mesa, incluyendo la fase del recuento de los votos por correo, y que los representantes de los partidos políticos (interventores y apoderados) puedan fiscalizar la normalidad del proceso a lo largo de toda la jornada.

De tal suerte, cada mesa, integrada por un presidente y dos vocales, tiene el deber de identificar a cada uno de los electores que se desplazan a votar el día de la jornada designada, de acuerdo a un documento oficial, custodia los votos en las urnas y los recuenta una vez ha finalizado la jornada. Así las cosas, con los resultados sobre las mesas, agrupadas por secciones y éstas, a su vez, en colegios electorales, firman las actas de escrutinio con los resultados que, posteriormente son remitidas para su volcado al centro nacional de gestión de datos, adjudicado a Indra, y a la Junta Electoral del distrito correspondiente, para su validación en el caso de que surja alguna impugnación.

Quizás ese momento de volcado, en el que las actas físicas se traducen en resultados telemáticos informatizados, es en el que se podrían producir más suspicacias sobre la posibilidad de manipulación de los resultados. Sin embargo, dado el elevado número de papeletas emitidas y la presencia de representantes políticos, de todas las sensibilidades, durante el trámite, hace muy complicado un vuelco indebido. Es decir, un 'pucherazo' en los resultados finales.

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