El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el fugitivo Carles Puigdemont
La amnistía encara su segundo año con el regreso de Puigdemont en manos del Constitucional
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá en los próximos meses si amnistiar la malversación y el terrorismo contraviene la normativa comunitaria
La amnistía cumplirá en 2026 dos años tras haber borrado los delitos del grueso de independentistas encausados, pero no así de los líderes políticos del proceso separatista, entre ellos el fugitivo expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pendiente de que el Constitucional decida antes del próximo verano si le aplica la ley y abre la puerta a su regreso.
El goteo de archivos de causas vinculadas al procés, principalmente de manifestantes y policías imputados, ha marcado la actualidad judicial en Cataluña en 2025, el año que sentó en el banquillo al expresidente catalán Jordi Pujol y a su familia, tras más de una década de investigación; y sacudió la lucha contra la violencia sexual con la absolución del futbolista Dani Alves.
La amnistía, ante un año clave
El pasado junio un Tribunal Constitucional dividido avalaba la ley de amnistía, primer paso, pero no suficiente, para desencallar su aplicación en el caso de Puigdemont -con una orden de detención todavía vigente por el procés-, así como del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y del secretario general de Junts, Jordi Turull, que siguen inhabilitados.
El Supremo se ha reafirmado este año en su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre los líderes del procés, quienes han recurrido ante el Constitucional con la esperanza de que desbloquee la situación y les permita beneficiarse de la ley, una resolución que el tribunal prevé dictar antes del próximo verano.
De estimar su recurso de amparo, el Tribunal Constitucional despejará el camino para el regreso de Puigdemont tras más de ocho años huido de la justicia española. Un proceso en el que será crucial el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que debe decidir en los próximos meses si amnistiar la malversación y el terrorismo contraviene la normativa comunitaria.
De la decisión de la justicia europea sobre la amnistía depende el futuro de la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por los gastos del procés -que afecta a Puigdemont, Junqueras y el expresident Artur Mas, entre otros-, así como el proceso contra los CDR acusados de terrorismo.
También miran de reojo los movimientos del TJUE los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, responsables de la organización del 1-O a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó en suspenso la aplicación de la amnistía.
Por el contrario, sí han logrado el perdón los 35 cargos del Gobierno de Puigdemont procesados por la logística de la votación.
Los Pujol, en el banquillo
Once años después de confesar por comunicado la fortuna familiar oculta durante décadas en Andorra, un nonagenario Jordi Pujol se ha enfrentado este año, recién salido del hospital por una grave neumonía y con un informe forense que concluye que no está en condiciones de ser juzgado, a su causa por presunta corrupción.
Pese a los dictámenes médicos que señalan su deterioro cognitivo, la Audiencia Nacional ha resuelto que siga en el juicio, junto a sus siete hijos y una decena de empresarios acusados de pagar comisiones a la familia, aunque prevé revisar su decisión en función de cómo evolucione su salud en los próximos meses.
El tribunal podría examinar de nuevo al expresidente antes de que llegue su turno para declarar, previsto para el próximo mes de abril. El juicio concluirá en mayo, después de 41 sesiones y un desfile de más de 250 testigos, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Dani Alves, absuelto
Firmada por el pleno de la sala de apelaciones del TSJC, la sentencia que el pasado mes de marzo absolvió al exjugador del Barça Dani Alves de la violación denunciada por una joven en la discoteca Sutton de Barcelona -por la que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel- encendió el debate público sobre la respuesta penal a la violencia sexual, años después de que lo hiciera la sentencia de 'La manada'.
La primera sentencia mediática dictada bajo el paradigma de la ley del «solo sí es sí», que concluía que el testimonio de la víctima no era «fiable», dio pie a una avalancha de críticas y motivó que la cúpula de la judicatura saliera en defensa de la independencia judicial.
La Fiscalía ha recurrido el fallo ante el Supremo, que ahora debe decidir si avala la absolución del futbolista, tras reprochar a la sala que condenara «moralmente» a la víctima, acusándola de mentir.
La ley de eutanasia, en los tribunales
El pasado mes de marzo, un caso de eutanasia llegaba a juicio por primera vez en España: se trata de Noelia, una joven de 24 años con paraplejía cuya muerte asistida fue suspendida in extremis en agosto de 2024, después de que su padre recurriera a los tribunales, representado por el colectivo Abogados Cristianos.
En estos momentos, se está a la espera de que la justicia se pronuncie sobre los recursos que presentó el padre, aunque inicialmente la juez, de acuerdo al criterio de la Fiscalía, avaló su muerte asistida.
A raíz de otro caso juzgado en Cataluña, la eutanasia de un hombre de 54 años también paralizada a última hora por un recurso, el Tribunal Supremo deberá fijar jurisprudencia sobre si los padres pueden frenar la muerte de sus hijos en los tribunales.
