La ley obliga a Sánchez a explicar por qué escondió a su hermano imputado en Moncloa, cuánto tiempo y a qué precio

¿Cuánto tiempo estuvo el hermano de Sánchez viviendo en el Palacio de la Moncloa? ¿Quién lo permitió? ¿Tenía escolta? ¿Vehículo oficial? ¿Cuánto ha costado todo esto a las arcas públicas? Estas son solo algunas de las preguntas que ahora tendrá que responder sin ningún tipo de excusas el presidente del Gobierno, después de una nueva victoria de El Debate que ha encontrado el amparo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en su intento de acabar con la opacidad que impera en el seno del Ejecutivo y con la que Sánchez pretende defender a su familia, después de que se conociera que David Sánchez residía en Moncloa mientras simulaba vivir en Portugal para pagar menos impuestos.

El respaldo de esta autoridad independiente llega en forma de la resolución 2025-1945 de este 12 de diciembre, en la que el organismo vuelve a reprender a Moncloa por no atender los requerimientos efectuados por el propio CTBG, al respecto de la estancia de David Sánchez en Moncloa. Por ello, insiste en que el silencio de Moncloa «no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública».

De esta manera, ha obligado a Sánchez a aclarar algunos extremos fundamentales del asunto como las fechas en las que acogió a su hermano en su residencia oficial; quién lo ordenó; qué visitas recibió David Sánchez durante ese tiempo; o qué medios de transporte se pusieron a su disposición y el coste de los mismos.

Junto a ello, también tendrá que remitir documentación relativa a los «registros de entrada y salida de David Sánchez en el Palacio de la Moncloa durante su periodo de residencia»; y una «relación de costes de la estancia, incluidos los gastos en materia de sanidad o cualquier otro, y de seguridad, que supuso (…), dado el evidente interés público en saber cómo se gestiona el dinero público».

Además, esta resolución permitirá arrojar luz sobre cómo el presidente utiliza los recursos del Estado en beneficio de su familia, algo que el Gobierno también trató de ocultar al propio Senado, después de que el PP registrase una batería de peticiones al respecto de la estancia de David Sánchez en Moncloa y que despachó con una sola frase: «El Gobierno no realiza valoraciones sobre informaciones periodísticas».

Y es que, fue El Debate el que desveló el pasado mes de septiembre que David Sánchez se instaló en la residencia presidencial a finales de 2021, tras la excedencia que pasó en Tailandia y antes de realizar los trámites para mudar su residencia fiscal a Portugal. El cambio se hizo efectivo en enero de 2022 y, de hecho, el músico alegó que vivía en un hotel de la ciudad portuguesa de Elvas para justificar el cambio de tributación, aunque en realidad, pernoctaba junto a su hermano en Madrid.

Además, a esto hay que unir que dejó durante dos años una autocaravana de su propiedad estacionada en uno de los aparcamientos del complejo de la Moncloa, pero desde la oficina de comunicación de Presidencia se intentó rebajar la importancia del asunto, asegurando que la Moncloa es la «residencia familiar» del presidente y que, por tanto, no tiene que dar explicaciones de quién se aloja en el complejo.

Aun así, Presidencia terminó por asumir que el hermano de Sánchez no se hizo cargo de su manutención durante el tiempo que residió en la Moncloa, tal y como publicó este periódico, aunque se negó a desglosar los gastos concretos derivados de la estancia, algo que a la luz de la nueva resolución que obra en poder de El Debate ahora sí que tendrá que hacer.

El Debate, pionero en la defensa del derecho a la información frente al fango del Gobierno

No obstante, la presencia de familiares de Sánchez en edificios y lugares públicos no es nueva y esto no deja de generarle problemas a un Gobierno que se empeña una y otra vez en ocultarlo y no rendir cuentas al respecto. De hecho, tal y como publicó El Debate, el presidente ya tiene sobre la mesa una orden que le obliga a desvelar sus invitados a La Mareta como presidente y líder del PSOE tras gastarse 45.000 euros en sus últimas vacaciones, además de aclarar los motivos de estas visitas, después de negarse a ello, alegando que Moncloa únicamente «organiza las actividades del jefe del Ejecutivo en el ejercicio del cargo y registra la información que de ellas pudiera derivarse» .

Un reguero de excusas que el Gobierno esgrime una y otra vez para evitar rendir cuentas, pero que ha chocado de frente contra El Debate, que no ha dudado en llevar a los tribunales al Ejecutivo en reiteradas ocasiones para acabar con la opacidad y el fango en el que se mueve. De hecho, Julio R. Naranjo, Socio Director General de la firma que asesora a este periódico en asuntos públicos y en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya ha adelantado que si Sánchez no cumple con sus obligaciones volverán a llevarle ante la justicia, una vez que el «presidente Sánchez y el Gobierno ha iniciado una cruzada espuria contra los medios de comunicación porque publican y le investigan a él y a su familia y partido, e intentan impedirlo»

El Debate volverá a acudir a la justicia si la desobediencia del Gobierno de Sánchez persistiera con este caso, como ocurrirá con los 122 vuelos de Sánchez en el Falcon y sus invitados, si finalmente no cumple; o como ya ha hecho en ocasiones pasadas con cuestiones como los 88 días de vacaciones a todo lujo que el presidente oculta a la ciudadanía; el expediente del rescate de Plus Ultra que la SEPI mantiene en secreto; o los contratos con las compañías aéreas que transportan a los inmigrantes. Cuestiones sobre las que seguirá investigando en favor del derecho a la información de los ciudadanos pese a las trabas del Gobierno.