Ayuso reclama a la UE garantías para los agricultores antes de activar el acuerdo con Mercosur

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que posponga la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur hasta que se garanticen mecanismos de protección para los agricultores y ganaderos españoles.

Así lo ha manifestado a través de sus redes sociales, en un momento en que el Parlamento Europeo ha decidido presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a las dudas sobre la compatibilidad del acuerdo con el derecho comunitario. Esta iniciativa paraliza de facto el proceso de ratificación, aunque no impide que la xomisión pueda proceder a su aplicación provisional.

En este contexto, Ayuso ha afirmado que, aunque el pacto con los países de Mercosur representa «una gran oportunidad para Europa», no lo será si se materializa «a espaldas del mundo rural». Por ello, ha instado al Gobierno de España a que actúe en defensa de un sector que, según ha recordado, «alimenta, vertebra el territorio y cuida del medioambiente».

Desde el Ejecutivo madrileño se ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de que cualquier acuerdo de carácter comercial esté condicionado a un principio de reciprocidad normativa. En ese sentido, se defiende que los productos agrícolas y ganaderos que entren en el mercado comunitario desde terceros países se sometan a los mismos requisitos que se exigen a los productores españoles, de modo que puedan competir en condiciones equitativas.

Defensa del sector primario madrileño

En línea con esta posición, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, suscribió la semana pasada un acuerdo con las principales asociaciones agrícolas y ganaderas de la región. El documento tiene como objetivo articular una postura común para la defensa de los intereses del sector primario frente al acuerdo entre la UE y los países de Mercosur.

Novillo insistió entonces en la importancia de desarrollar una política agraria centrada en la justicia del modelo productivo y en la sostenibilidad de las explotaciones rurales, un planteamiento que, según subrayó, debería estar en la base de cualquier decisión sobre tratados comerciales internacionales.

Ayuso concluye su posición advirtiendo de que la apertura de mercados no puede realizarse a costa del mundo rural, cuya protección considera clave para la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y el equilibrio territorial de España.