La derrota anunciada del decreto de las pensiones obliga al Gobierno a volver a empezar

El real decreto ley con el que el Gobierno había revalorizado las pensiones al 2,7 % y subido las mínimas fue derogado este martes en el primer Pleno del año con 171 votos a favor y 179 en contra, los del PP, Vox, Junts y UPN; y por el empeño del Ejecutivo en presentarlo a la Cámara Baja dentro de un totum revolutum de medidas. Entre ellas, la moratoria de la prohibición de desahuciar a los colectivos vulnerables sin alternativa habitacional, lo que a juicio de Junts favorece la inquiokupación.

Por el contrario, el Ejecutivo salvó el otro real decreto ley que sometía a convalidación, el de los nuevos abonos para el transporte público, con 179 votos a favor, incluidos los de Junts, 32 en contra de Vox y 137 abstenciones, las de los diputados del PP. Ello con la ausencia clamorosa durante el debate del ministro Óscar Puente, que por el contrario sí acudió a votar. Tanto él como Pedro Sánchez, que este martes recibe en la Moncloa al lendakari, Imanol Pradales.

«Hoy le ha tocado a usted, señor Bolaños, venir de suplente, le han dejado en el banquillo. El ministro Puente debería estar hoy aquí dando la cara. Asumiendo responsabilidades y presentando rápidamente su dimisión», le dijo la diputada de Vox Carina Mejías al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que fue quien defendió la convalidación de ambas normas.

A esa hora, el aludido estaba compareciendo en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Ministros en la Moncloa -de improviso, porque su presencia no se anunció hasta minutos antes- para comunicar la aprobación de un paquete de 20 millones de euros en ayudas a los afectados por los accidentes de Adamuz y Gélida. Aunque después acabó cargando contra el responsable de la investigación del descarrilamiento del Iryio por cuestionar la versión oficial del Ministerio de Transportes.

Ya desde días antes de la votación se adivinaban las intenciones del Gobierno, por las declaraciones preventivas de varios de sus miembros: si el decreto trágala era derogado, los socialistas acusarían al PP de estar en contra de la subida de 13 millones de pensiones; independiente de que, si Junts hubiera votado a favor, la convalidación habría salido adelante. No era difícil preverlo porque fue eso exactamente lo que el Ejecutivo hizo el año pasado por estas fechas con un decreto similar.

De hecho, aún no se había producido la votación cuando la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, advirtió desde la Moncloa de la «irresponsabilidad» que iban a cometer los populares al votar en contra. Lo que no aclaró Saiz, y sigue sin aclarar el Ejecutivo, es cuál es el plan ahora. Si, como pidieron el PP y Junts durante el debate, el presidente se abrirá a aprobar un nuevo real decreto ley en el Consejo de Ministros que solo incluya la revalorización de las pensiones, en cuyo caso ambos partidos votarían a favor. De todas formas, el Ejecutivo deberá volver a empezar.

«Votaremos que sí a la revalorización de las pensiones cuando las presente sin el chantaje de mantener y permitir las ocupaciones y los impagos que sufren miles de familia», afirmó durante el debate la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. El accidente de Adamuz estuvo presente durante toda la sesión. También lo estuvo el caos registrado en Rodalies en la última semana. Y, en otro ámbito, asimismo Carles Puigdemont, puesto que la decisión del Tribunal Constitucional de mantener la orden de detención nacional contra el expresidente de la Generalitat se conoció durante el Pleno.

«Los únicos que ponen en peligro la revalorización son ustedes. Si quieren utilizar a los pensionistas como rehenes es su decisión, pero también su responsabilidad», sostuvo, por su parte, el vicesecretario general de Hacienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

El primer Pleno del año, de carácter extraordinario dado que enero está fuera del calendario ordinario de sesiones, dejó varias escenas que sirven para situar en qué punto está la legislatura. Al Gobierno más preocupado de culpar de sus derrotas parlamentarias al PP que de sumar victorias. A Podemos paladeando las mieles del acuerdo con Sánchez para una regularización masiva de inmigrantes sin papeles que, a su vez, abre la puerta a un posible acuerdo para desatascar la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña, una exigencia de Junts que los morados frenaron en el pasado.

A Junts sin demasiada prisa por desbloquear la legislatura, puesto que la zona tibia del hemiciclo no le incomoda. A Yolanda Díaz y los suyos desdibujados, empequeñecidos. A Bildu y ERC remando casi más a favor del Gobierno que el propio Gobierno. Al PNV recriminando al Ejecutivo su falta de diálogo, para acabar votando con los socialistas como prácticamente siempre. Y a la oposición pidiendo dimisiones a un presidente que solo las ha concedido, y de dos cargos intermedios de Rodalies y Adif, cuando Salvador Illa y ERC se han visto obligados a apretarle.