Los 12 conflictos institucionales del PP en el Senado esta legislatura: de la ley Txapote al choque con Sánchez

Alicia García, la portavoz del PP en el Senado –Cámara donde los 'populares' tienen mayoría absoluta– anunció ayer que su formación llevará al Pleno de la semana que viene un conflicto de atribuciones contra Pedro Sánchez por no haber comparecido en el Senado cuando se le llamó el pasado 29 de enero para que diera explicaciones por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Desde el PP subrayaron que se trata de la primera vez en la historia democrática que un conflicto institucional afecta directamente a un presidente del Gobierno.

Así pues, desde que comenzó esta legislatura –en 2023– el PP ha presentado en la Cámara Alta 12 conflictos de atribuciones. La página web del Tribunal Constitucional recoge que «los conflictos entre órganos constitucionales del Estado oponen al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí».

«Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas. (...) La sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas», añade el texto.

En consecuencia, el PP sostiene en el texto registrado que el conflicto de atribuciones contra Sánchez se justifica por «haber impedido el presidente del Gobierno que el Senado pueda ejercer una de las atribuciones constitucionales que tiene encomendadas: la función de control al Gobierno», y recuerda que el artículo 110.1 de la Constitución dispone que «las Cámaras pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno».

Para los 'populares', el artículo 182.1 del Reglamento del Senado es muy claro: «El presidente del Gobierno, a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, comparecerá ante el Pleno del Senado para informar sobre un asunto determinado». En opinión del PP, la forma verbal «comparecerá» no deja margen de elección al presidente, «no dice que podrá comparecer».

Además, García advirtió que «si el presidente no acude al Senado en el plazo de un mes desde la aprobación de este requerimiento, acudiremos al Constitucional». «Estamos ante un presidente en rebeldía parlamentaria y constitucional. En rebeldía frente al Senado, en rebeldía frente a la obligación de rendir cuentas», agregó.

Los otros conflictos de atribuciones

El primer conflicto de atribuciones que presentó el PP en el Senado fue en abril de 2024 por la ley de amnistía. La Cámara Alta se basó en un informe de los letrados que definía la controvertida medida de gracia como una «reforma encubierta de la Constitución» y, por ese motivo, pidió a Armengol que retirara la iniciativa. Sin embargo, el Congreso desestimó la solicitud y, en mayo, el Senado optó por no trasladar el conflicto al Tribunal Constitucional.

Los otros 11 conflictos presentados por la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo «están en tramitación en el Tribunal Constitucional, ya que ninguno ha sido denegado ni archivado», tal y como subrayaron fuentes del PP a El Debate. Entre ellos se encuentra el que promulgó en noviembre de 2024 contra el Congreso por la conocida ley Txapote, la norma que impulsó el Ejecutivo y que convalidó penas de cárcel a presos de ETA que habían cumplido condena fuera de España.

El último que materializaron –en diciembre– fue contra la Cámara Baja y contra el Gobierno a raíz del «veto» del Ejecutivo de Sánchez a unas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible. Por su parte, en noviembre tramitaron uno por el bloqueo «sistemático» que hace el Congreso de las leyes que el Grupo Popular ha aprobado en la Cámara Alta, y en octubre otro contra el Ejecutivo por no cumplir su obligación de presentar Presupuestos Generales del Estado.