Sánchez se enfrenta al reto de resucitar a la difunta mayoría de investidura para el decreto anticrisis

Esta vez el Gobierno no quiere tropezar con la misma piedra con la que ha tropezado tantas veces. Esta vez no se puede permitir aprobar otro real decreto ley y llevarlo a convalidar al Congreso sin tener los apoyos garantizados, como le ha pasado ya tres veces en lo que va de año. En este tiempo, la Cámara Baja ha derogado dos veces el escudo social del Ejecutivo y, también, la norma con la que pretendía limitar los precios de los bienes y servicios básicos en situaciones de emergencia, como lo fue el accidente de Adamuz.

Así las cosas, el Ejecutivo negocia contrarreloj con sus socios para llevar el viernes al Consejo de Ministros extraordinario un plan de respuesta con medidas frente a la guerra de Irán que puedan apoyar Podemos y Junts, los dos a la vez. Ellos y el resto de la mayoría de investidura, desaparecida en combate desde que Carles Puigdemont anunció el bloqueo de la legislatura. Y aquello fue a finales de octubre. El reto es resucitarla ahora.

En el Gobierno no quieren depender del PP, cuyo líder advirtió este miércoles a Pedro Sánchez durante la sesión de control del Congreso: «Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones». Alberto Núñez Feijóo le emplazó a incluir en ese plan las propuestas que el PP ha trasladado al Gobierno: bajar el IRPF, el IVA a la energía, los impuestos a los carburantes y el gasóleo profesional, enumeró.

Los populares lo resumen así: «O con el PP o con Puigdemont y Belarra». Y es precisamente esta segunda fórmula la que busca el Ejecutivo. Pero el nudo gordiano es grande. La izquierda -Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG- pide a Sánchez medidas en vivienda. La derecha -el PNV y sobre todo Junts- le advierte de que si incluye en este real decreto ley la moratoria antideshaucios y la prórroga de los contratos de alquiler no podrá contar con ellos. «Es un poco jugar a la ruleta rusa», avisó la portavoz de los nacionalistas vascos, Maribel Vaquero. El diputado de Junts Josep Maria Cruset fue más explícito: «Si intentan volver a chantajearnos mezclando todas las medidas no les saldrá bien», afirmó. Y recordó a los socialistas que no tienen mayoría para «seguir blanqueando las okupaciones» ni para «asfixiar» a los ciudadanos con más impuestos.

El Ejecutivo ya ha elegido esta vez: no las incluirá, como insinuó el martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y volvió a deslizar este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Aunque ninguno de ellos hablara aún a las claras, sino con eufemismos y rodeos. «Nosotros incorporaremos las medidas que cuenten con la aprobación y con el consenso de los grupos. No vamos a traer un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico», sostuvo María Jesús Montero.

El problema es que la exclusión de las medidas en materia de vivienda no garantiza la convalidación del real decreto ley cuando llegue a la Cámara Baja el jueves de la próxima semana, porque puede que entonces sea Podemos el que vote en contra. Su líder, Ione Belarra, insistió ante Sánchez en el Congreso: «Esta guerra no la puede pagar la gente trabajadora, presidente (…). No escuche los cantos de sirena del PP y de Vox. De ésta no vamos a salir bajando impuestos ni regalándole dinero público a las grandes empresas. De ésta se sale interviniendo el mercado, topando el precio de los carburantes, de los alimentos. Topando también los alquileres y las hipotecas a tipo variable».

Lo previsible es que el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará pasado mañana no satisfaga a sus socios de izquierda, empezando por Sumar. Pero en el ala socialista del Gobierno creen -o quieren creen- que pueden convencerlos para que no voten en contra.

Tendrán pocos días para hacerlo: los socialistas han decidido someter a convalidación de la Cámara Baja el texto en tiempo récord, como contó este periódico, el jueves de la próxima semana (tenía un mes para hacerlo). Así que se avecina otro de esos maratones de titulares y negociaciones en paralelo hasta que cada formación ponga sus cartas sobre la mesa. «Cada grupo tiene su estrategia», asumen en el Ejecutivo.