Bolaños deja a los fiscales sin 200 plazas de refuerzo tras un veto del PSOE a la ley multirreincidencia

El Gobierno de Pedro Sánchez prometió a bombo y platillo 200 nuevas plazas de fiscales para reforzar la maltrecha plantilla del Ministerio Público y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo anunciaba, el pasado mes de marzo, como un gesto «histórico» en respuesta a las demandas de la base del Ministerio Público y de las principales entidades profesionales. Pero, el compromiso se ha evaporado en el decreto de la ley multirreincidencia, tramitado esta misma semana en sede parlamentaria, tras el veto del PSOE a la enmienda del Partido Popular que proponía blindar y ampliar la plantilla de la Carrera fiscal.

El contexto es revelador. La proposición de ley de Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia –es decir, aquellos delitos leves repetidos que erosionan la convivencia en barrios y ciudades– regresó del Senado al Congreso, con dos enmiendas de calado introducidas por el Grupo Popular. gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta. La primera, endurecía los controles de antecedentes penales para la regularización de los inmigrantes ilegales ya instalados en nuestro país; la segunda, la número ocho, obligaba al Gobierno a incrementar, en un plazo máximo de dos años, las plazas de los fiscales de área, provinciales y de comunidad autónoma, fijando un ratio mínimo de un profesional por cada 100.000 habitantes (o fracción superior a 50.000).

Sin embargo, el Ejecutivo no ha dudado en activar el artículo 134.6 de la Constitución –el famoso veto presupuestario– para tumbar ambas propuestas. Y es que, según la versión oficial de los socialistas, la enmienda presentada por la oposición implicaría convocar 491 plazas adicionales (no solo las 200 anunciadas) y un coste extra de unos 53,79 millones de euros que no están dispuestos a asumir. El argumento es puramente formal: no se pueden introducir en un decreto-ley medidas que supongan aumento de gasto público, sin el correspondiente crédito presupuestario que lo respalde.

La realidad es que, detrás de la explicación contable, los fiscales denuncian una evidencia política incómoda: el Gobierno no está dispuesto a pagar la factura de reforzar de verdad la Institución, mientras prioriza otras banderas ideológicas.

No en vano, la propuesta contenida en la enmienda de los 'populares' pretendía fijar un criterio objetivo y progresivo de refuerzo durante dos años, precisamente para afrontar la multirreincidencia que la propia ley aspira a combatir. Porque «endurecer las penas de poco sirve si después no hay fiscales suficientes para instruir los casos, llevarlos a juicio y ejecutar las condenas con rapidez. La impunidad nace también de la falta de medios humanos reales», se lamentan los fiscales consultados por El Debate.

Roza la «anomalía democrática»

Bolaños vendió las 200 plazas como el mayor incremento «de la historia» para la Carrera Fiscal, que tras la entrada en vigor de su polémica reforma de la Justicia, pasando de una base de 2.804 efectivos actuales a 3.004, en total. Un 7,1% más. Lo presentó como parte de una macro convocatoria conjunta de 500 plazas para jueces y magistrados. Sin embargo, los propios fiscales llevan años alertando de la insuficiencia de las cifras y de la imposibilidad de materializar dicha medida sin una base legal y presupuestaria real.

De hecho, la Asociación de Fiscales y otras organizaciones de la Carrera han venido denunciando la saturación crónica del Ministerio Público: más de 2,8 millones de procedimientos al año, investigación de delitos cada vez más complejos (corrupción, ciberdelincuencia, violencia de género, multirreincidencia, inmigración irregular) y una ratio de fiscales por habitante muy por debajo de la media europea que, además, se complica con la llegada de las nuevas tipologías especializadas de delitos y la transferencia de las competencias para la instrucción penal programadas, aún sin aprobar.

El veto del Gobierno revela, por tanto, una contradicción flagrante. Mientras Bolaños presume de «fortalecer el Estado de Derecho» y de ceder mayor protagonismo a los fiscales en la fase procesal de investigación –como recoge su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim), paralizada por cuestiones de aritmética parlamentaria–, se niega a dotarlos, con antelación, de los efectivos necesarios para asumir nuevas responsabilidades.

Por su parte, los letrados del Senado ya han advertido de que el veto a estas enmiendas roza la anomalía democrática, al «hacer decir a las enmiendas lo que no dicen» y forzar, con ello, una «interpretación maximalista» del impacto económico que se les atribuye. De manera que el PP ya ha anunciado que recurrirá la decisión.

Mientras tanto, y pese a que la ley de multirreincidencia ha salido adelante en lo esencial, los fiscales no tendrán las 200 plazas nuevas porque el Ejecutivo ha preferido vetar la fórmula que las hacía obligatorias y cuantificables. «Una decisión que prioriza el hipotético control del gasto por encima de la eficacia real de la persecución penal», han alertado algunos fiscales consultados por este diario.