El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado mes de marzo
García Ortiz pide al TC que anule la condena que le impuso el Supremo por revelar secretos de la pareja de Ayuso
El exfiscal general del Estado defiende que en su actuación "existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que anule la condena que le impuso el Tribunal Supremo como responsable de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Lo ha hecho a través de un recurso de amparo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide a la corte de garantías que declare la «vulneración» de varios derechos fundamentales y «la nulidad de la sentencia».
García Ortiz defiende que en su actuación «existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella».
También sostiene que «existió una auto divulgación de la confidencialidad por parte de quienes la invocaban», es decir, de «González Amador».
A su juicio, la sentencia del Supremo «no valoró que había existido una autodivulgación por parte de González Amador», que «transmitió a Miguel Ángel Rodríguez», jefe de Gabinete de Ayuso, «correos intercambiados entre su letrado y el fiscal».
Además, afirma que se vio abocado a «una situación de indefensión material, al obligarle de facto a elegir entre defenderse de las medidas de intervención tecnológica indebidamente acordadas y ejecutadas o defenderse de la interpretación incriminatoria que se atribuye a la realización del borrado».
Todo ello sumado «determina que la sentencia produce una completa lesión del art. 24 CE que hace su racionamiento condenatorio irracional y arbitrario», sostiene el anterior fiscal general, quien cree que «el cúmulo de lesiones que concurren en el presente caso, unido a la relevancia y transcendencia pública, determina de forma notoria la relevancia constitucional del recurso».
García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo, a una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 a González Amador por daños morales.
