Igualdad pospone otra vez su ley contra la prostitución hasta hacerla inviable en esta legislatura

El Ministerio de Igualdad ha vuelto a posponer sine die la aprobación del anteproyecto de la ley para prohibir la prostitución, que debía haber llegado al Consejo de Ministros en primera vuelta a comienzos de este curso. Ese era, al menos, el compromiso que adquirió públicamente la ministra, Ana Redondo, meses antes. Lo hizo coincidiendo con la publicación de varias grabaciones en las que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García -hoy sentados en el banquillo del Tribunal Supremo- elegían chicas. «La Carlota se enrolla que te cagas», sostenía Ábalos en una de esas conversaciones.

Desde el departamento de Redondo señalan que tienen otras urgencias, aunque reiteran su compromiso con esa norma para dentro de unos meses. Sin embargo, la realidad es que el PSOE se ha dado cuenta de que está en un callejón sin salida y de que llevar al Consejo de Ministros una norma que no cuenta con el apoyo de Sumar sería contraproducente. Es un campo de minas para la izquierda. Extraoficialmente y sotto voce, desde ambas orillas de la coalición gubernamental reconocen que en esta legislatura no habrá ley.

La ley contra la prostitución pretendía ser una de las bazas de los socialistas para recuperar el voto femenino, espantado por los escándalos del exministro y su camarilla y por la colocación de al menos dos de sus amigas/amantes en empresas públicas del Ministerio de Transportes. Ambas, Jésica Rodríguez y Claudia Montes, declararon la semana pasada en el juicio contra Ábalos, lo que no ha hecho ningún favor al PSOE en plena precampaña de las elecciones andaluzas. Sin olvidar el me too socialista, que el Gobierno trató de amortiguar aprobando en diciembre un anteproyecto de ley por el que se regula el ejercicio de la profesión de agente de igualdad (está pendiente de segunda y definitiva lectura en el Consejo de Ministros).

Las mujeres tuvieron un papel clave para evitar que la derrota de Pedro Sánchez en las generales de julio de 2023 fuese mayor: las empresas demoscópicas calcularon que, entre las féminas, Sánchez sacó a Alberto Núñez Feijóo una ventaja de unos 600.000 votos. En total, el presidente perdió por 340.000. Y María Jesús Montero también las necesita el 17 de mayo para maquillar su más que previsible fracaso. En estos meses, el PSOE ha intentado hacerles guiños. El último es su pretendida reforma de la Constitución para introducir el aborto en el artículo 43. Una reforma imposible, puesto que el Gobierno no cuenta ni de lejos con la mayoría necesaria de tres quintos del Congreso (210 diputados), pero que le sirve para erigirse en defensor de los derechos de las mujeres. Y para enredar al PP en un debate, el del aborto, en el que los populares no están cómodos.

Cuatro intentos... y los que quedan

Las promesas de los socialistas sobre una ley abolicionista que ni está, ni ya se la espera esta legislatura, vienen de muy lejos. La primera vez que el PSOE puso en su agenda política la prohibición de la prostitución fue en diciembre de 2018. El partido registró en el Congreso una proposición no de ley instando al Gobierno a «erradicar la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual» mediante la aprobación de una ley integral.

En 2022, ya sin Ábalos en el Gobierno, el grupo parlamentario socialista registró en el Congreso una proposición de ley orgánica para prohibir el proxenetismo en todas sus formas y castigar penalmente a los demandantes de sus servicios. Uno de los agravantes que proponían para la reforma del Código Penal era: «Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público». Después de mucho debate con Unidas Podemos, Pedro Sánchez precipitó el final de la legislatura con un adelanto electoral y la propuesta quedó en un cajón.

En mayo de 2024 el PSOE trató de desatascarla, pero se encontró con el rechazo de Sumar y de sus socios parlamentarios a su sola toma en consideración. Ábalos participó en aquella votación como diputado del grupo mixto, tras su expulsión del grupo socialista tres meses antes. Votó a favor de su tramitación, junto con sus excompañeros del PSOE. «Todos los partidos se han retratado hoy en el Congreso. Las socialistas somos las únicas que nos hemos mantenido firmes en la defensa de los derechos, la dignidad y la libertad de las mujeres. Seguiremos trabajando para abolir la prostitución y el gran negocio del proxenetismo», declaró la ministra de Igualdad, mostrando su indignación.

En septiembre de 2025, y después de que el Gobierno sobreviviera a un verano marcado por el caso Cerdán, los audios de Koldo García y el escándalo de Paco Salazar, la ministra de Igualdad reiteró algo a lo que se había comprometido antes de las vacaciones: que su departamento estaba preparando un proyecto de ley que pretendía llevar al Consejo de Ministros en otoño y, antes de fin de año, al Congreso. Tras los «vergonzosos» casos que han «sufrido en el partido», según justificó Redondo. La ministra adelantó que la norma incluiría el proxenetismo, la tercería locativa y castigaría al «putero», llamó a Sumar a alcanzar un acuerdo y aseguró que se dejaría «la piel» por conseguirlo. Y hasta hoy. Nada por aquí, nada tampoco por allá.