José Pablo López, presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE
RTVE oculta la resolución de la JEC que prohíbe el DNI digital para votar por falta de garantías
Tenía obligación de informar y censuró la noticia de la máxima autoridad electoral a días de la campaña en Andalucía para encubrir la trascendencia de la grieta en el sistema introducida por el Gobierno de Sánchez
A media tarde del pasado jueves 23 de abril saltaba una noticia de alcance: la Junta Electoral Central prohibía el uso de las aplicaciones digitales del Ministerio del Interior –MIDNI y MIDGT– por carecer de las garantías suficientes en la identificación del votante. El órgano encargado de velar por la limpieza de los procesos electorales paralizaba definitivamente la posibilidad de identificarse en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.
Una resolución adoptada a raíz de las solicitudes de la Junta de Andalucía, el Partido Popular y un particular que ratificaba la suspensión provisional previa y fijaba un límite inequívoco: sin verificación robusta, no hay edificación válida.
Silencio total
Ni los informativos de RTVE, ni el canal 24 horas, ni RNE se hicieron eco de la noticia. Tampoco los programas informativos ni sus presentadores, que calificaron de «bulo» las informaciones destapadas por El Debate, dijeron una sola palabra acerca de tan relevante prohibición. Silencio total.
El propio presidente de la corporación, José Pablo López, que alertó del «bulo» en las redes sociales haciendo seguidismo de los ministros de Sánchez, enmudeció ante la decisión de la JEC.
Omisión deliberada
Silenciar deliberadamente la resolución que desmiente al Ejecutivo y las falsarias acusaciones vertidas por RTVE supone una grave maniobra de manipulación por omisión. Demuestra que no estamos ante un fallo informativo puntual, sino ante una operación de ocultación diseñada para encubrir la trascendencia de los hechos.
Reacción a las denuncias de El Debate
La Junta Electoral ratifica que el DNI digital no se podrá usar para votar en las elecciones andaluzas
Lo relevante no es solo la noticia. Es lo que implica: la autoridad electoral reconoce que no está garantizada la verificación de identidad. El órgano encargado de velar por la limpieza en los procesos electorales valida, de facto, la línea de investigación desvelada por El Debate que reveló la grieta de seguridad introducida en el sistema electoral español por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La confirmación por parte de la JEC afecta directamente a la integridad del proceso electoral y pone de manifiesto la falta de fiabilidad de los métodos de identificación digital solicitados por el Ministerio de Marlaska que provocaron su utilización sin garantías en ocho procesos electorales desde 2023 con los argumentos tramposos que invocó Interior.
La resolución del máximo órgano electoral contradice de plano el relato del Ejecutivo con el notario mayor del Reino –el triministro Félix Bolaños– al frente, y cómo no, del incontinente titular de Transportes, Óscar Puente. Ambos acusaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de hacerse eco del «bulo» de las informaciones destapadas por El Debate.
Censurar a la JEC debe tener consecuencias
Una televisión pública que no rectifica cuando la realidad contradice su relato y que censura decisiones institucionales clave en el proceso electoral deja de cumplir su función de servicio público y pasa a actuar como herramienta de control del relato al servicio partidario del Gobierno.
Cabe preguntarse por qué RTVE no ha informado de una resolución oficial que afecta directamente a la seguridad del sistema electoral. La respuesta es sencilla: porque desmentir su propia narrativa previa obligaría al ente público a reconocer algo mucho más grave: que lo que se presentó como «bulo» era, en realidad, un problema real.
Montaje voto con el DNI digital
No informar que la autoridad competente ha considerado que esa anomalía es lo suficientemente grave como para impedir el uso del DNI y el carné de conducir digitales en la identificación de los votantes demuestra una manipulación por omisión.
La ausencia de cobertura de la corporación pública impide a los ciudadanos conocer un cambio de criterio clave de la autoridad electoral y limita el acceso a información relevante para el interés general. No puede quedar sin respuesta.
Materia de denuncia
Tan grave ocultación evidencia el descarado sesgo de la corporación presidida por José Pablo López y debería ser materia de denuncia al menos en tres frentes: periodístico, jurídico y político:
- El Consejo de Informativos y el Defensor de la Audiencia de RTVE no pueden pasar por alto la censura a la JEC a pocos días del inicio de la campaña electoral en Andalucía.
- La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) debería actuar de oficio por incumplimiento de servicio público.
- Por último, mañana comparece el presidente de RTVE en el Senado en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE y sus sociedades. Deben exigirse explicaciones y responsabilidades al más alto nivel, empezando por el cese fulminante de López, de los responsables de Informativos y de sus presentadores estrella tan prestos al linchamiento y la manipulación como cómplices en silenciar a la máxima autoridad electoral.
Obligación de informar
Instar una rectificación pública inmediata –incluida la reparación del honor de quienes fueron injustamente desacreditados y sometidos a una colosal campaña de desprestigio con fondos y medios públicos– no es una opción: es una obligación porque el Ente no es un actor más.
Los votantes en Andalucía y la sociedad española tienen derecho a conocer la verdad. RTVE tenía obligación de informar sobre la decisión de la Junta Electoral y la ha ocultado.
Es un engaño, no un error. Su función no es solo informar, sino hacerlo con especial diligencia cuando lo que está en juego afecta al funcionamiento del sistema democrático.
