El fiscal Luzón concluye que había una «organización criminal» cuyo líder era Ábalos y no Sánchez

Tengo el «privilegio» de exponer ante el más Alto Tribunal español, arrancaba el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, su informe de conclusiones finales, este miércoles, en el Supremo. El responsable del Ministerio Público ha dejado fuera de sus consideraciones aquellos aspectos que no son «objeto de acusación» en este procedimiento, pese al ingente «esfuerzo probatorio» que, en muchas ocasiones se ha hecho por las partes en este sentido, ha añadido.

Para Luzón ha quedado acreditado que existió una «organización criminal» entorno a Transportes bajo el mandato de José Luis Ábalos, tal y como lo calificó el magistrado instructor Leopoldo Puente y posteriormente la propia Sala Penal. Una estructura que nació en busca de la oportunidad de «un lucro mutuo, al socaire del cargo de Ábalos en el Ministerio», ha relatado Luzón, y que cumple, además, la premisas previstas en el artículo 570 bis del Código Penal.

Existió una «organización criminal»

Lo cierto es que la organización contaba con «más de dos miembros», no sólo por los tres acusados que se sientan en el banquillo, sino por todas aquellas «personas orbitando a su alrededor» que, en el caso de Ábalos eran funcionarios, en el de Koldo, su ex mujer Patricia Úriz y su hermano, Joseba; y, en el caso de Aldama, otros empresarios, socios o testaferros. Además, nació con una «naturaleza delictiva», ha proseguido Luzón, «en la que cada miembro asume un papel propio y complementario» al del resto. Esto es, el reparto de tareas propio de este tipo de entramados en los que, en cambio, «la estructura jerárquica no es una nota obligatoria», se acuerdo con las consideraciones legales vigentes, como ha señalado el fiscal.

No obstante lo anterior, el jefe Anticorrupción sí ha destacado el papel de José Luis Ábalos como «jefe», dado que así se referían a él de forma constante, tanto Koldo, como otros elementos de la trama e, incluso, «la secretaria del señor Aldama».

En relación con este último y pese a que la consideración de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, durante su comparecencia fue señalarlo como cúspide, porque «quien paga, manda» dijeron los investigadores, el fiscal Luzón ha subrayado que «Aldama no interviene en alguno de los delitos por los que están acusados Ábalos y Koldo», motivo que justifica la diferencia sustancial en la petición de penas de prisión, entre uno y otros. Como tampoco «era el 'número 1' el presidente del Gobierno», ha dicho el fiscal, en respuesta al señalamiento directo del empresario a Pedro Sánchez, durante su declaración como acusado.

Por el contrario, para Luzón, queda claro que Ábalos, «en raras ocasiones, descendía al terreno de juego», pese a que era quien tomaba las decisiones, porque para ello estaba Koldo, cuya omnipresencia en la mayoría de los asuntos gestionados, «desciende» de la figura de su entonces jefe, el ex ministro. «Ábalos no llama» porque «para eso tiene a su ex asesor, tras el que actúa parapetado», ejerciendo un papel crucial, dice el fiscal, aunque su actividad pareciera menor que la de su «lugarteniente».

Por ello, recuerda como la ex amante del ex ministro, Jéssica Rodríguez se refería a Koldo como la «sombra» de Ábalos, de quien era «correa de transmisión», según indicó la UCO. Lo cierto es que para el jefe Anticorrupción «se entendía que Koldo actuaba siempre en nombre y por cuenta de Ábalos» porque, como el propio asistente aseguraba, «de lo contrario podían rodar cabezas». Koldo era esencial, el «interlocutor natural» para hablar con el ministro, según Luzón, parafraseando a la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Por el contrario, Aldama conectó sus intereses propios con la Administración estatal, en concreto del Ministerio de Transportes, para favorecer a sus empresas, actuando como corruptor que, en este caso, ostenta también la consideración de «arrepentido», habitual en todas las organizaciones criminales, por su colaboración con la Justicia que, de este modo, le ha reconocido el fiscal de la causa.

Además de la operativa que correspondió a cada uno de los miembros implicados, para Luzón es determinante en la identificación de la existencia de una «organización criminal», el uso términos encubiertos para referirse al «asunto», como las «chistorras», los «soles» o las «lechugas» que hacían referencia al dinero en efectivo; o, de líneas telefónicas seguras: el «café», en el argot de las organizaciones criminales, tal y como confirmó la UCO.

Luzón ha reparado en cómo la estructura criminal, que tradicionalmente han estado vinculadas a otro tipo de delitos, se ajusta en este caso a los nuevos tiempos, en una «simbiosis perfecta» en la que «unos aportan la capacidad económica y otros su posibilidad de remover los obstáculos» legales y administrativos que han de relajarse para conseguir los objetivos. Por ello, asegura el fiscal que «no debe extrañar por tanto la presencia de un todo un ministro [José Luis Ábalos] en la trama».

A todo lo anterior ha de sumarse la «vocación de permanencia en el tiempo» de una trama que operó durante varios años y proyectó su continuidad, «de manera que solo la salida de Koldo y Ábalos» del Ministerio se confirma como el principio del fin de los propósitos delictivos, ha expuesto Luzón.

Se confirma la comisión de los delitos

Precisamente, Luzón ha destinado una buena parte de su intervención en sintetizar las evidencias de la comisión de los diferentes delitos que pesan sobre los acusados. Todo ellos confirmados «en cadenas de Whatsapp y mensajes» que no han sido cortados, ni retocados; y, que, junto con «una extensísima prueba» y la «abrumadora existencia de evidencias digitales» permiten concluir la existencia de una estructura de corrupción que «no arranca con el pago de 10.000 euros mensuales», que se atribuye de Aldama a Koldo, explica el fiscal. La colaboración se materializa, al principio, a través de «pequeños favores», regalos, viviendas vacacionales, a partir de lo cual «resulta mucho más natural» que se normalicen y se regularicen «los pagos recurrentes».

De hecho, la compra del chalé de La Alcaidesa, en Cádiz, tal y como declararon la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, era una «recompensa» por la gestiones realizadas desde Transportes para agilizar y asegurar que la empresa de hidrocarburos Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, socio de Aldama, obtuviera la licencia de operadora en el mercado del crudo.

Y, en este sentido, para Luzón, «da igual si fueron Koldo y Ábalos los que se dirigieron a Víctor de Aldama o fue éste el que se ofreció a los primeros». Entre otras cuestiones porque el ordenamiento español no atiende a una distinción entre el corruptor y el corrompido, castigando más al primero frente a los segundos o cargando un mayor reproche al segundo frente al primero de ellos.

Sea como fuera, durante su exposición, el fiscal jefe Anticorrupción considera que Ábalos y Koldo contaron, gracias a su intervención en la trama, con una fuente «opaca» de ingresos en efectivo que no se explica en base a las hojas de liquidación de gastos con el PSOE , como alegó el ex asesor para tratar de desmontar el incremento patrimonial irregular que se le atribuye. Dichos documentos están «huérfanos de detalle y nada demuestran», asegura Luzón.

Muy por el contrario, lo cierto es que los ingresos irregulares son los que explican tanto que Ábalos no necesitase hacer disposiciones bancarias para mantener su nivel de vida, sino que era suficiente con el metálico que «le proporcionaba» Koldo quien, en una de las conversaciones incautadas por la UCO, llega a escandalizarse por el gasto de 400.000 euros en el que Ábalos ha incurrido en un plazo de dos años.

Los «ocho millones de mascarillas»

Parte del efectivo que circulaba en la trama, procedía de Aldama a quien Luzón considera probado que se le proporcionó información privilegiada y anticipada de que el Ministerio de Transportes necesitaba comprar mascarillas a través de Puertos del Estado.

Conocedor de la situación, el empresario concertó con el entonces ministro y su asesor que se comprasen a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, con la que dejaron cerrado el monto de 8 millones de unidades. Una decisión que tomó el empresario, «ocho o nada». Un elemento que explicaría por qué, poco después, llegaron otras empresas con ofertas, «todas mejores» que no tuvieron ninguna opción porque lo que se hizo fue «adaptar la contratación a este acuerdo» y no a la inversa.

En este sentido, Luzón ha dicho que no importa la corrección o no de los procedimientos utilizados para «vestir el muñeco» del contrato, porque en el caso de «urgencia» y bajo el paraguas del «estado de alarma» no hay un proceso tasado y medido como sucede en períodos ordinarios. «De ahí que no hayamos acusado por prevaricación» a ninguno de los acusados, ha explicado el fiscal Luzón a la Sala.

Los 'enchufes' de Jéssica y Claudia

Sobre las contraprestaciones que Ábalos pudo recibir de la trama, en especie, el fiscal ha hecho referencia expresa y detallada al pago del piso de la que fuera ex amante del ex ministro, Jéssica Rodríguez, en Torre España, sobre el cual Luzón no ha encontrado rastro alguno de que se tratase de un inmueble de empresa. «No hay la mínima evidencia documental de eso», ha puesto de manifiesto. Como, tampoco «se ha encontrado» ninguna al respecto de quién presentó a los amantes, porque nada apunta a Aldama, aunque este dato sería indiferente porque no conlleva ninguna «trascendencia» penal, ha apostillados el fiscal.

Muy al contrario, sí la tuvo la contratación de la joven en al menos dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, en el marco de un «contexto cuasicolonial» donde, si bien no hay una orden explícita y directa de Ábalos, su «mera sugerencia» en el sentido de proporcionar un trabajo a Jéssica, terminó convertida en una orden «ejecutiva». De hecho, la propuesta adquirió tal trascendencia que implicó la actuación de la presidenta de Adif, Pardo de Vera, a la que llamó Koldo y fue «descendiendo por una corte servil» que consuman la incorporación y que evitan molestarla no para que trabaje tranquila , sino para que «no trabaje». Un escenario que no podría haberse replicado, en ningún caso, en una empresa privada que, de acuerdo con las afirmaciones de Ábalos en su propia defensa es donde él tuvo en mente, en todo momento, ayudarla.

Para el fiscal, el hecho de que fuese Pardo de Vera la que remitiese el CV de la joven no es inocuo frente a la declaración que hizo, como testigo, la ex alto cargo. «Dependiendo de quién envíe un CV» la trascendencia del hecho tiene una lectura u otra muy distinta, ha discrepado Luzón, contraviniendo el carácter inocuo que la implicada concedió a su papel en el trámite.

A lo anterior, Luzón ha sumado, también, el 'enchufe' de la ex Miss Asturias +30 Claudia Montes en Logirail, otra de las empresas públicas. Un modus operandi que al fiscal le produce «desolación», ha dicho, al comprobar que desde las más altas instancias del poder político se recurre a las sociedades estatales «como 100 por 100 de dominio del Gobierno para la colocación de familiares, amigos, amigas o de las eufemísticamente denominadas 'sobrinas'».

«Dice Ábalos que eso no tenía importancia», ha criticado el jefe Anticorrupción, para quien, por el contrario, es, «así» como se «asume hasta con orgullo haber colocado a una amiga porque 'es que necesitaba el empleo'» o a un «asesor como Koldo en Renfe Mercancías», pese a que es «claramente incompetente», apoyado en la excusa de la «confianza» y no del «mérito».

La «corrupción que carcome» las instituciones

Por todo lo anterior, explica el fiscal, es por lo que tanto Ábalos como Koldo «se enfrentan a penas graves, pues graves son las conductas que se les imputa». No en vano, asegura «la corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarla. Por eso solicito que se impongan esas penas, que juzgamos proporcionales y disuasorias», añade Luzón.

«Cuando, como en este caso, nos encontramos con una corrupción orgánica, organizada, continuada no solo hablamos de la libre competencia. Tampoco de la relevancia del recto funcionamiento de la Administración Pública con arreglo a un sistema de valores protegido por la Constitución. Es mucho más que eso. Es la certeza de que con esta corrupción organizada nada menos que desde un Ministerio está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten, poniéndolas a su servicio. Como las deslegitiman la actuación de los poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupción», concluye el fiscal, al término de su alegato.