El Supremo resolverá la corrupción 'sanchista' antes del verano y despejará en sentencia la incógnita de los testimonios falsos

El Supremo ha vivido, durante estas últimas semanas, uno de esos juicios que parecen sacados del guion de un vodevil político en el que los diferentes actores de la trama han dejado grandes titulares periodísticos, pero al mismo tiempo una sensación de descontrol generalizado de las instituciones y de que las empresas públicas son una suerte de máquinas de hacer favores. Esta «corrupción política organizada» que, a tal y como denunció en su alegato final el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, está «carcomiendo el sistema democrático» ha quedado vista para sentencia.

Una decisión judicial que llegará antes de verano y en la que se incluirá, si es que las hay, las deducciones de testimonio de aquellos que, sentados frente al colegio de siete magistrados encargados de resolver la primera de las causas del 'sanchismo', con el juez Andrés Martínez Arrieta como presidente y ponente, pudieron mentir a sabiendas.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal se prepara para deliberar, en un calendario de plenos que quedará fijado a partir de la próxima semana, sobre el relato de los 'enchufes' a las amigas de todo un ministro, en puestos de trabajo a los que no acudían; y, los contratos de mascarillas adjudicados a toda prisa, en plena pandemia, a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, de los que se derivaron importantes retribuciones, a veces en especie, y que algunos de los implicados como Koldo García Izaguirre trataron de explicar apoyándose en los sobres de billetes que circulaban por la sede socialista de Ferraz. Pero, también, sobre si la versión prestada por los testigos que, bajo la solemnidad de un juramento o promesa de decir verdad, han ofrecido versiones que, a ojos de un espectador lego, se desmoronan frente a las evidencias de la «extensísima» prueba documental.

El fiscal Luzón desnudó, durante su última exposición, la operativa de una «organización criminal» con José Luis Ábalos en la cúspide, como «el jefe» sin el que los negocios no se habrían podido cuajar; y, las defensas denunciaron una «causa general» contra el ex ministro y su lugarteniente. Sin embargo, son las declaraciones de los testigos las que, frase a frase, abrieron vías de agua para los abogados de Koldo y Ábalos, porque Víctor de Aldama ya se había auto inculpado; y, en algunos casos, incluso, buscaron exculpar o exculparse invitando, casi inevitablemente al perjurio. Un aspecto, este último, que el tribunal resolverá en la sentencia con la que se pondrá fin a un procedimiento nada fácil.

El hijo de José Luis Ábalos, Víctor

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes de Pedro Sánchez, fue el primero en comparecer, presencialmente, en el salón de Plenos del Supremo que ha acogido las vistas del juicio. Y, lo hizo para asegurar que «el ‘café’» y «las cafeteras» que los investigadores identificaron como argot en clave, en los mensajes de Whatsapp que cruzó con Koldo García, era «café de verdad», «de Colombia» donde él tenía algunos clientes de su actividad empresarial como consultor.

Lejos de esta versión edulcorada, la UCO había rastreado transferencias y pagos en efectivo entre 2018 y 2024 que, presuntamente, Víctor recogió como «custodio» de los bienes de su padre en el extranjero. Sin embargo, el joven negó ser el intermediario de nada irregular y atribuyó todas las operaciones a la «ayuda post-divorcio» que tuvo que prestar a su padre, incluso, pidiendo un préstamo o a los ingresos de sus negocios con empresas colombianas.

Sin embargo, las conversaciones cruzadas con Koldo, que el Ministerio Fiscal ha incorporado al sumario, dibujan un panorama bien distinto: pagos en metálico, gestiones opacas y un lenguaje codificado que difícilmente se refiere a lo que parece. Cabe recordar que Ábalos hijo no tenía la obligación de declarar contra su padre, pero sí la de decir verdad. Su versión, cómoda y familiar, choca frontalmente con la realidad periférica que la Guardia Civil ha acreditado en el informe de análisis patrimonial del ex ministro. Si bien es cierto que Víctor quedó fuera de las acusaciones de la Fiscalía por la «falta de base probatoria» contra él, al menos, en la causa que se ha seguido hasta ahora.

El caso de Jéssica Rodríguez

Otro ejemplo paradigmático, como el anterior, es el de Jéssica Rodríguez, la que fuera pareja de Ábalos. La mujer declaró que su contratación en Ineco y Tragsatec fue «normal», si bien reconoció expresamente que en ninguno de los dos casos acudió nunca a trabajar; que nunca percibió el alquiler del piso de Torre España —2.700 euros al mes, 88.000 euros en total, según la UCO, pagados por el empresario Alberto Escolano, próximo a la trama— como una dádiva; y, que, por supuesto, no mantenía relación alguna con Víctor de Aldama más allá de lo estrictamente profesional.

Una declaración que llevaba a la defensa de Ábalos a intentar desacreditarla, por dedicarse a la «prostitución» , y asegurar que era Aldama quien sufragaba, de manera indirecta, sus gastos como una estrategia para engatusar y engañar al ex ministro de Transportes y aprovecharse de su cargo para sacar tajada. Ella respondió tajante: «No, soy odontóloga y estoy colegiada».

Los testigos de Ineco y Tragsatec ratificaron el absentismo, la presión directa de Ábalos y Koldo para «no molestar» a Jéssica y cómo su llegada a ambos puestos laborales sorteó los procesos evidentes. La joven relató varias entrevistas en dos localizaciones de Adif, una de ellas en Paseo de La Habana, pero si esto fue así y los entrevistadores existieron, ¿cómo es que las defensas no se apresuraron a citarlos?. Por el contrario, la UCO documentó llamadas y correos que desmienten la versión de la «contratación meritocrática» y que ratifican que se le proporcionaron todos los medios al alcance de sus mentores para que percibiese un salario público sin hacer nada. Extremo que ella misma reconoció, dijo Ábalos que «coaccionada», y que le valía salvarse de ser imputada por malversación, si bien está todavía por determinar si tendrá que devolver lo percibido, indebidamente, como partícipe a título lucrativo, en la derivada del caso que se sigue en la Audiencia Nacional.

Joseba, el hermano de Koldo

Tampoco salió indemne del trámite la familia de Koldo García Izaguirre, el ex asesor «arreglatodo» del Ministerio de Transportes. Su hermano, Joseba, comparecía en el Supremo acompañado de abogado, porque se encuentra imputado en otro procedimiento judicial relacionado con la corrupción socialista y se acogió, en parte, a su derecho a no declarar, pero cuando lo hizo titubeó visiblemente.

El hombre admitió haber recogido «dos sobres» en República Dominicana, por «hacer un favor a Aldama», sin saber cuál era su contenido, pero lo cierto es que entre el material incautado en los terminales de su hermano, parece una captura de pantalla en la que el hermano de Koldo sumó la cantidad de billetes que había en el interior. Una comisión de 10.000 dólares pagada por Víctor de Aldama a la trama y que recogió el hermano de Koldo en uno de los 'laboratorios' de Punta Cana, de manos de «Arancha». Unas pruebas que contrastan con la declaración de Joseba en el Supremo, que aseguró que él nunca llegó a ver lo que había en el interior de aquel envoltorio.

Joseba también reconoció «dos entregas» de metálico en la sede de Ferraz que dio a su hermano o a su ex cuñada, Patricia Úriz, sin preguntar. Sin embargo, la propia Úriz, expareja de Koldo, y otros testigos han ratificado que aquellos sobres contenían dinero en efectivo destinado a cubrir gastos de Ábalos y del propio Koldo.

Y, lo que es peor aún: una testigo vinculada a la trama habló abiertamente de entregas de comisiones al hermano de Koldo por favorecer contratos Covid. Una suerte de versiones cruzadas, fotos de billetes y mensajes de WhatsApp que no cuadran con la inocente imagen de «favor entre amigos» que el Supremo tendrá que decidir si merecen un reproche penal, por el hecho de mentir.

El aviso para Armengol y Torres

No han sido menos llamativos los «no recuerdo» de ciertos altos cargos y secretarios de Estado, algunos funcionarios de Puertos del Estado y Adif que negaron conocer a Aldama, pese a que los mensajes y las agendas los sitúan en reuniones clave; y los «silencios» estratégicos de quienes se acogieron, directamente, como el empresario Claudio Rivas, a su derecho a no declarar por estar imputados en la Audiencia Nacional. Y en un proceso por corrupción política, con una trama organizada, como destacó el propio fiscal Alejandro Luzón, el silencio también habla.

En este sentido, cobran especial relevancia las cartas entregadas por el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, por su etapa como presidente de Canarias, y la proporcionada por su entonces homóloga en Baleares, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Ambos optaron, haciendo uso de su privilegio, por no comparecer en persona en el Supremo, citados como testigos. Sin embargo del contenido de sus escritos han podido deducirse numerosas contradicciones que podrían complicar su futuro procesal, más allá de la existencia de otro tipo de irregularidades penales que, en todo caso, tendrán que articularse en la Audiencia Nacional, en marco del 'caso mascarillas', donde Koldo y Aldama declaran la próxima semana, el día 14, como testigos.

En este sentido ya lo advertía el abogado de Aldama, el penalista José Antonio Choclán, en su último informe ante el Alto Tribunal en el que anticipaba que, quizás, «próximamente» tanto Armengol como Torres, podrían correr «la misma suerte» que Santos Cerdán, el sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE que, también, está pendiente de juzgar. Y, de hecho, nada más conocerse el contenido íntegro de la carta remitida por Armengol al Supremo, El Debate ponía de relevancia la media docena de contradicciones de la hoy tercera autoridad del Estado que se daban con su declaración.

Javier Hidalgo, CEO de Air Europa

Aunque, hasta la fecha, parece sortear cualquier tipo de responsabilidad derivada del rescate que recibió su compañía, en tiempo récord, el empresario Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia (matriz de Air Europa), no fue del todo claro durante su declaración como testigo en el juicio del Supremo contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Su comparecencia, de poco más de una hora, se caracterizó por los «no me consta», «no recuerdo» y un relato que minimizó el contexto en el que se produjo la concesión de los 475 millones de euros a la aerolínea. Un trámite que, sin embargo, podría ser utilizado, según algunas fuentes consultadas por este diario, para que declare en el marco de la causa abierta contra la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que dio luz verde al asunto.

No obstante, no ha pasado desapercibido cómo Hidalgo pudo incurrir en «falacias» y «evasivas» intencionadas en sus respuestas a las cuestiones que se le plantearon en el Supremo sobre la nota de prensa de Transportes, los pagos en efectivo y el alcance real de sus relaciones con los acusados que se sentaban en el banquillo. De hecho, si el empresario negó «tener constancia de ninguna nota oficial», en relación al comunicado publicado por algunos medios de comunicación, al respecto, en agosto de 2020, las pesquisas de los investigadores y las versiones de otros testigos (incluidos algunos miembros del equipo de Ábalos) confirman que existió una comunicación anticipada de Transportes, que Aldama transmitió y que, según la UCO, sirvió para dar crédito a la compañía frente a sus acreedores.

Hidalgo restó importancia a los mensajes de Aldama sobre este tema diciendo que «no respondió» o que «no recuerda» haberlos recibido.

Como tampoco reconoció haber entregado un pago en efectivo de 500.000 euros a Koldo, metidos en una bolsa de deportes negra, en la casa de su familia; o, que pusiera a disposición de Ábalos la casa de Villa Parra, en Marbella, como dádiva en agradecimiento por las gestiones. Sobre este aspecto, declararon todo lo contrario Carmen Pano y Leonor González Pano (expareja de Aldama) que narraron cómo el padre de Javier, Pepe Hidalgo, había efectuado la entrega. La UCO vincula estos posibles pagos a favores debidos por agilizar el rescate. Si bien Javier Hidalgo lo esquivó diciendo que él no pagó, lo que técnicamente es cierto si fue su padre.

El empresario también minimizó su relación con Ábalos y Koldo
y dijo que solo saludaba y despedía a Koldo cuando iba a ver a Ábalos al Ministerio para despachar asuntos relacionados con Transportes y que Aldama, al que contrató en su empresa porque tenia buenos contactos con Venezuela, era solo un «canal de comunicación» sin gran peso. Sin embargo, las evidencias documentales (varias reuniones acreditadas por la UCO, una comida pagada por Koldo con Aldama y Ábalos, justificada como «atenciones protocolarias», e-mails y agendas o el rol de Begoña Gómez en el rescate) podrían contribuir a desmontar sus afirmaciones.

No en vano cabe recordar cómo ya un diputado del Partido Popular reveló en sede parlamentaria, en la Comisión de Investigación que rastrea el rescate de la SEP a Air Europa, que Hidalgo, que se negó a declarar en dicho escenario, había mentido durante su interrogatorio, como testigo, en la Audiencia Nacional, en el 'caso mascarillas'.