Los tres motivos por los que el PNV dejó caer a Rajoy y que hoy se repiten con Sánchez sin que decidan hacer nada

«No tenemos interés en provocar la desestabilización del Estado, pero tampoco tenemos vocación de gobernar España». Con estas palabras, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, trataba de exponer el posicionamiento de su partido en la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

La formación, con un discurso reacio a dejar caer un Gobierno cuyos presupuestos generales había respaldado apenas ocho días antes, evidenciaba en la tribuna del Congreso de los Diputados el dilema ante el que se encontraba: «Tomemos una decisión o tomemos otra; ya sabemos cuál va a ser el resultado. Si tomamos una decisión, se nos va a acusar de encubridores de la corrupción, falsamente, pero se nos va a acusar. Si tomamos otra decisión, seremos irresponsables y provocadores de inestabilidad, falsamente, pero recibiremos sin duda esa falsa acusación. No es fácil decidir, no es sencillo decidir, pero hay que hacerlo y lo hemos hecho».

Reclamando al por entonces candidato a la presidencia Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones, el Partido Nacionalista Vasco vuelve a tener en su mano dejar caer al Ejecutivo que prometió acabar con la corrupción en un momento en el que el círculo más íntimo —tanto a nivel político como personal de Sánchez— está cercado por la Justicia. Este papel lo remarcaba Rufián en los pasillos del Congreso la semana pasada, asegurando que «las legislaturas duran lo que diga el PNV».

Lo cierto es que Esteban ha verbalizado que «la legislatura ha llegado a su fin» y que el «interés general» reclama la convocatoria de elecciones generales en 2026. Sin presupuestos y con «cada vez más casos judiciales», mencionaba que la gobernabilidad está «bloqueada» y «no es responsable hacer como el avestruz». Sin embargo, en esta ocasión, aseguraba que «no hay una moción de censura encima de la mesa».

Las razones de la postura del PNV

Lo cierto es que la justificación de apoyar aquella moción de censura de hace ocho años no dista demasiado de la realidad que se atraviesa en la Moncloa. Aquella tarde del 31 de mayo, la formación emitía un comunicado en el que explicaban por qué habían decidido votar afirmativamente:

A renglón seguido, el PNV restaba peso a su posición, insistiendo en que no es su responsabilidad la gobernabilidad de España, correspondiendo esa tarea «a las fuerzas políticas mayoritarias españolas, que a lo largo de esta legislatura han demostrado una evidente incapacidad de llegar a acuerdos suficientes». Al menos dos de aquellos puntos vuelven a cumplirse cambiando los actores.

Sánchez, cercado por la (presunta) corrupción

Con Sánchez ya como presidente, se han sentado en el banquillo de los acusados su hermano David Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; su exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos por supuesta organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y delito de malversación; su sucesor en el organigrama socialista Santos Cerdán, también por presunto cohecho, organización criminal y tráfico de influencias, así como en el 'caso Leire' y recientemente implicado en una estructura organizada orientada a influir en procedimientos judiciales en curso.

A punto de empezar se encuentra el juicio contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, mientras que José Luis Rodríguez Zapatero se convertía en el primer expresidente imputado por los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias y apropiación indebida. A la vez, sobre la sede del PSOE en la calle Ferraz planea la sombra de la financiación ilegal.

Legislar a golpe de decreto sin los partidos

Del mismo modo, la gobernabilidad de España —ya compleja con los numerosos socios de investidura de Sánchez— se atascaba el 27 de octubre de 2025, cuando el líder de Junts, el prófugo Carles Puigdemont, anunciaba la ruptura con el PSOE al no estar dispuestos «a seguir ayudando a un Gobierno que no ayude a Cataluña». Unos días después, el 6 de noviembre, la formación independentista anunciaba el veto a todas las leyes que presentaran los socialistas.

Asimismo, en el pasado mes de abril, Junts anunciaba un distanciamiento temporal con Sumar después de que su líder y vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz, tildara a los de Puigdemont de «racistas y clasistas». Pese a ello, los independentistas también se desmarcaban de una moción de censura, alegando que no están «para poner o quitar gobiernos españoles».

Aitor Esteban se refirió de manera explícita a esta cuestión, advirtiendo que la ausencia de explicaciones ante la supuesta corrupción «es un cóctel que hace imposible la gobernabilidad». Mientras crece la «crispación» en el Congreso, el portavoz del PNV señalaba que el Gobierno no tiene Presupuestos, está «gobernando vía decreto» y no envía leyes importantes a la Cámara Baja ni negocia con los grupos.

La «amplísima mayoría»

En cuanto al tercer punto, los dos principales partidos de la oposición —PP y Vox— han reiterado su deseo de que el Ejecutivo convoque elecciones, reclamando la formación de Santiago Abascal a la de Alberto Núñez Feijóo que presente una moción de censura. Al no dar los números, la estrategia del líder 'popular' pasa por señalar a los socios de Sánchez como partícipes de la supuesta corrupción si no lo desalojan de la Moncloa.

Junto a estos, Coalición Canaria y los citados PNV y Junts han reclamado la apertura de las urnas que, junto al diputado del PNV, sumarían 184 votos favorables en una futurible moción, similar a la «amplísima mayoría» que los de Aitor Esteban sostenían como motivo para apoyarla en 2018. Esas eran las cuentas que Feijóo hacía durante una entrevista en Telecinco.