Defensa de los jueces

Hace un par de años, en estas mismas páginas, trataba de analizar el delicado momento que atravesaba la justicia española debido a las embestidas que estaba sufriendo. Desde los insultos proferidos en el Parlamento por algunas lenguas viperinas, hasta las amenazas a jueces con nombres y apellidos, pasando por la acusación de lo que con patente maldad y supina ignorancia, algunos leguleyos llamaban lawfare. Hoy, como me temía, la situación sigue viva; tanto que, si no envenenada, al menos sí está que arde, lo cual significa que con el tiempo y los cambios de temperatura, la cosa ha ido empeorando.

Pido licencia, por tanto, para insistir en aquel comentario que si cobra actualidad es por la última calentura que el pasado miércoles padeció el ministro don Óscar López Águeda y que lo es para la Transformación Digital y de la Función Pública –será por títulos–, cuando en el acto de entrega de un premio otorgado al exfiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, dijo, en clara referencia al Tribunal Supremo, que había jueces que prevaricaban. A ese rayo de palabras volanderas, le siguió un diluvio de insultos a la judicatura, protagonizado por el propio señor López y algunos fieles seguidores del fiscal galardonado.

Tan grave fue la ofensa que doña Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), se vio obligada a salir al paso y con la firmeza que el ultraje merecía, aunque sin descuidar la prudencia y mesura que el cargo exige, condenó el agravio perpetrado por el ministro, al tiempo que expresaba su especial apoyo a los magistrados aludidos y a la judicatura en su conjunto, afectada –es literal– «por presiones que no son propias de una sociedad democrática» y «por una crítica que va dirigida a cuestionar la honestad profesional del juez».

He de decir que cuando conocí el exabrupto ministerial, a la memoria me vino la campaña emprendida en su día contra el magistrado Marino Barbero, el juez encargado de la instrucción del caso Filesa, contra quien se empleó todo tipo de métodos, sin excluir las referencias personales y familiares. Lo dije siendo vocal del CGPJ y lo repetiré cuantas veces, como hoy, la ocasión se pinte calva: aquellas insidias y las nada ingenuas descalificaciones lanzadas sobre el señor Barbero constituyeron un intolerable ataque a la independencia judicial, cuya heridas tardarían en curar muchos años y dejarían secuelas irreversibles. Es evidente que el diagnóstico fue certero.

Quien esto escribe siempre ha sido partidario del castellano hablado en puros cueros. También de la crítica de las resoluciones judiciales en la medida de lo razonable y, en sentido opuesto, en contra de la descalificación rotunda e inmisericorde. El insulto público a los jueces crea tensión, malestar o miedo, situaciones incompatibles con la función de juzgar al prójimo. De ahí que sea muy fácil comprender el desaliento que experimenta un gran sector de la carrera judicial por las agresiones que, un día sí y otro también, sufre.

Y es que la justicia no es solamente mera técnica, aunque tenga mucho de técnica compleja, sino también un latido del espíritu que busca la verdad sobre cualquier cosa. Epicuro pensaba que el más grande fruto de la justicia es la serenidad del alma y yo supongo que esa anhelada situación vuela sobre el buen juez. Ya se sabe, además, que administrar justicia es un doloroso calvario que el juez lleva a cuestas con resignación, aunque en ocasiones la paciencia termine hecha cenizas. Como en el Libro de los mil proverbios se lee, los jueces son expósitos y, en consecuencia, están en el blanco de los veredictos ajenos. Mas quede claro que no se trata de sostener que los jueces sean más respetables que el resto de los mortales, pero sí de precisar que una cosa es la discrepancia y otra, muy distinta, el denuesto, la injuria y la calumnia.

En España, país cainita en el que no pocos tendrían que desayunar sedantes y estabilizadores emocionales –hablo del famoso Distovagal–, no es admisible que la justicia y los tribunales que la administran sean blanco de las iras y cóleras de tirios y troyanos. No obstante, tampoco saquemos la ingenua consecuencia de que, tras el lamentable e insólito suceso protagonizado por el señor López Águeda, hay tantas personas como sus propagandistas dicen. Distinto es que los que son, hagan mucho ruido. Ya se sabe que para confundir al personal basta con montar un tablado y llenarlo de alborotadores con ganas de jugar con cartas de cubiletero. Esto que, por otra parte, es muy fácil de propiciar, cuando se hace con la justicia tiene un grave riesgo. Aquí hacen falta expertos psiquiatras que dictaminen si con estos grupos de zurupetos y tinterillos, especies que pululan alrededor de la Justicia y entre los que, claro es, se incluyen los repartidores de improperios, la justicia española puede progresar.

No cabe duda, pues, que la independencia judicial y el honor son conceptos que pertenecen, por igual, al patrimonio moral de los jueces y que respetarlos es obligación de todos. Hacer excepciones es propio de una concepción totalitaria de la justicia, concebida como un instrumento de poder. Quienes así la entienden son los que jalean o machacan a los jueces, en función de si les son útiles o no. Afortunadamente, los jueces saben que la función de juzgar es pasto propicio para los moralizadores desahogos de justicieros y que la profesión tiene esa servidumbre que hay que llevar con resignada compostura. El hombre ecuánime y sereno sabe perdonar a sus ofensores. Séneca nos enseña que Satius fuit dissimulare quam ulsisci –perdón, don Óscar, por el latinajo–, que equivale a que trae más cuenta no darse por aludido, que darse por enterado. Lope de Vega lo dice en El desprecio agradecido: «la mayor venganza del sabio es olvidar el agravio.

—Y usted, don Camilo, desde la experiencia de medio siglo de juez de paz de su pueblo, ¿qué opina de todo esto?

—Pues, así, a bote pronto, pienso que de todos los oficios difíciles, el más hermoso es el de juez, el de sabio y prudente juez. También y a la vista está, el más vapuleado de todos y por todos. Pero bueno, recordemos aquello que decía Cervantes de que cuando la cólera se sale de madre, no tiene la lengua padre, ni ayo, ni freno que la corrija.

—O sea, que toca aguantarse.

—Sin duda. Los mortales somos como la naturaleza nos hizo y a veces peor. Por eso es necesario que con frecuencia alguien nos recuerde de qué pie cojeamos.

OTROSÍ DIGO. Si por calumnia se entiende la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, si cuando se dirige contra funcionario público, autoridad o agente de la misma, cabe proceder de oficio y si, conforme al artículo 124.1. de la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene por misión, entre otras, velar por la independencia de los tribunales, entonces a qué espera doña Teresa Peramato, actual fiscal general del Estado, para cumplir tan inexcusable encomienda.