Primer día de servicio y un disparo mortal: el caso que ilustra los problemas que afrontan los guardias civiles de prácticas

El pasado 2 de julio, en la aldea de Fontaciera, una zona rural de Gijón, un hombre murió tras una intervención de la Guardia Civil. Concretamente, los hechos ocurrieron cuando una patrulla acudió a una vivienda a petición de los servicios de Salud Mental para colaborar en el traslado de un hombre de 52 años que, según la información facilitada por el centro sanitario, había abandonado el tratamiento médico que tenía prescrito. Durante la intervención, el hombre reaccionó con extrema violencia, forcejeó con los agentes y logró arrebatar a uno de ellos una defensa extensible, momento en el que un guardia civil en prácticas utilizó su arma reglamentaria y efectuó un disparo que resultó mortal.

A raíz de este episodio, tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como Jucil han puesto el foco en la situación en la que se encuentran los alumnos durante su periodo de prácticas, con ambas organizaciones afirmando que el caso evidencia carencias estructurales en el modelo de incorporación a las unidades y el modo en que un agente recién salido de la academia puede verse obligado desde el primer día a afrontar intervenciones de enorme complejidad.

AUGC, de hecho, considera que los guardias civiles en prácticas no deberían cubrir necesidades de plantilla ni asumir el mismo nivel de responsabilidad que un agente con experiencia, y defiende que los alumnos se integren como terceros componentes de patrullas ya consolidadas, bajo la supervisión directa de efectivos veteranos, para completar su formación antes de enfrentarse a actuaciones de alto riesgo.

Además, la organización insiste en que muchas de estas intervenciones tienen un importante componente sanitario, especialmente cuando afectan a personas con trastornos de salud mental, y reclama una mayor coordinación con los servicios especializados, así como formación específica para este tipo de situaciones.

Por su parte, Jucil ha centrado sus críticas en la protección jurídica de los agentes en prácticas, denunciando que la normativa vigente les impide afiliarse a organizaciones profesionales mientras permanecen en esa situación administrativa, lo que les deja sin acceso a asistencia jurídica especializada precisamente cuando más pueden necesitarla. La organización recuerda que mantiene un procedimiento abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para tratar de eliminar esa restricción.

Otro de los aspectos sobre los que coinciden ambas asociaciones es la necesidad de dotar a las patrullas de medios intermedios de defensa, reclamando una mayor implantación de dispositivos de inmovilización eléctrica, como los táser, al considerar que pueden ofrecer una alternativa al arma de fuego en intervenciones especialmente violentas o protagonizadas por personas en crisis de salud mental.

Con todo, las organizaciones profesionales subrayan que lo sucedido en Gijón no constituye un caso aislado, sino que, cada año, cientos de guardias civiles se incorporan a sus destinos para completar el periodo de prácticas y pueden verse obligados desde sus primeras jornadas de servicio a intervenir en actuaciones críticas con escasa experiencia acumulada.