El PSOE no cree en el Estado de derecho

«Nosotros de todas formas estamos perdidos, pase lo que pase, siempre hemos de caer en manos inmundas». Koestler.

La izquierda es sectaria por definición. Lo sabemos. La izquierda tiende a inventar un relato que no existe. No lo desconocemos. Pero aún hay un hecho que nos preocupa mucho más: esta izquierda de saunas, de prostitución y corrupción, no cree en el Estado de derecho. Lo podemos certificar.

Los más viejos del lugar dirán: nada nuevo bajo el sol. La historia les da la razón. Esta nos recuerda que durante esa II República, tan sectaria como sanguinaria, quien se atrevía a alzar la voz contra el poder revolucionario era, a menudo, conducido a la checa o al paredón. ¿Exageramos? Un mero dato lo corrobora. Quien fuera fiscal general de la República, Valentín Gamazo, tuvo el «atrevimiento» de acusar de rebelión militar a ese amante de la democracia llamado Largo Caballero. Su delito: ser uno de los cabecillas de Revolución sovietizante de 1934. Un temeroso y coaccionado tribunal Supremo le absolvió. Pero su osadía no pasó inadvertida. Iniciada la guerra, milicianos próximos al PSOE lo asesinaron. Memoria histórica, pura y dura.

Con la democracia, un rejuvenecido PSOE llegó al poder en 1982. Se votaba por el cambio. Eso decía el lema electoral. ¿Pero lo hubo? En el ámbito del Estado de derecho, sí lo hubo, pero para mal. Alfonso Guerra certificaba, todo ufano, la muerte de Montesquieu. No era una de sus frivolidades o de sus ingeniosas frases, era una concepción de la política en la que no podía caber otro poder que el gubernativo. Las Cámaras las tenían «atadas y bien atadas». Su aplastante mayoría lo certificaba. Pero quedaba un escollo, no menor: el judicial. Había que desarticularlo, y a los jueces díscolos, difamarlos. ¿Se acuerdan ustedes de la campaña emprendida contra el juez Marino Barbero por el Caso Filesa? Tuvo que aguantar toda suerte de improperios y de ataques de los medios afines. Rodríguez Ibarra llegó a afirmar que «quiere intervenir en política sin presentarse a las elecciones, dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas». Con un par.

La historia se sigue repitiendo. Quizá ahora con más saña, con más desvergüenza, y con un afán desmedido de linchamiento. Una vez más, quien sigue en la diana es la judicatura. Su delito: sostener, ingenuamente, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Ser independiente es un delito de Lesa Majestad que la izquierda ni perdona ni olvida. Es hora ya de que se sepa.

Pero los jueces independientes, esos pocos héroes que aún nos quedan, no pueden mirar hacia otro lado. La realidad se lo impide. Los casos de corrupción, de malversación o de financiación irregular son tan infinitos que deben ser enjuiciados. De Ábalos y sus chicas a Cerdán y Koldo (personajes desconocidos para un tal P.S.); de Gaspar Zarrías a Leire Díez; de las «baratijas» de ZP a un hermanísimo en busca de su despacho. Así, hasta llegar a una esposa que ostenta una Cátedra sin haber pasado por las aulas de una facultad (me enternece). Pero ya nada nos escandaliza, ni siquiera esa Brunete mediática que sostiene que todo es mentira, que el PSOE es la Jerusalén celeste y Pedro Sánchez es poco menos que el portador del Arca de la Alianza.

Frente a la inmundicia, jueces como Llarena, Peinado, Alaya o Pedraz, entre otros, se niegan a mirar hacia otro lado. Solo cumplen con su obligación. Un deber sagrado que no perdonan los adoradores del poder. Sin ese deber, no existe el Estado de derecho, un Estado en el que no cree el PSOE. No puede aceptarlo, salvo de boquilla, porque sus dirigentes piensan que sus políticos y sus siglas son inmunes a cualquier imputación. Y así tenemos que ver cómo el ministro Óscar Puente es capaz de sostener: «Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas»; como tenemos que escuchar que «es una barbaridad condenar a un inocente sin pruebas», o la barbaridad de que «nunca se personó un solo perjudicado, no hay acusación particular y no hay delito» (¡ojo!, estudió Derecho). Mayor ignorancia no cabe. ¿Son conscientes de que sostener que un tribunal ha dictado una sentencia que no se ajusta al derecho, porque ha condenado sin pruebas, está prevaricando? ¿Son conscientes de la gravedad de sus acusaciones? Lo son. Pero no les importa. Están por encima de la ley. Lo están porque ellos son la ley. Ellos son el poder. Ellos son los heraldos de la verdad. Y se hacen llamar demócratas. Y progresistas. Pueden hacerlo, porque el lenguaje lo admite todo, incluso su perversión.

Un apunte para concluir. En La senda del perdedor, Bukowski nos mira y nos recuerda: «A la edad de 25, la mayoría de la gente estaba acabada. Todo un maldito país repleto de gilipollas […] haciéndolo todo de la peor manera posible, como votar por el candidato presidencial que más les recordaba a ellos mismos». A esta edad, en la que ya no tiene cabida la inocencia, España sigue votando, como «gilipollas», a unas siglas en las que están algunas de las peores páginas de nuestra historia. Así nos va.