La chapucera gestión de los fondos europeos, otro marrón que le dejará Sánchez a Feijóo

«Madre mía, cómo han envejecido estos dos en solo cinco años, sobre todo Sánchez. Si quisiera ponerse ahora aquel traje, le sobrarían un par de tallas por lo menos». Es lo primero que una piensa al ver las fotos del 16 de junio de 2021, cuando Von der Leyen vino a Madrid a confirmar el visto bueno de la Comisión Europea al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Lo segundo es qué poco nos ha lucido el dineral del Next Generation EU y cuánta transparencia ha faltado desde el día en que supimos que recibiríamos 69.500 millones de euros en transferencias y hasta 140.000 incluyendo los préstamos que el Gobierno decidió no pedir. Con las adendas posteriores, el monto total se eleva a 163.000 millones, de forma que lo renunciado supone más del 70 % de las ayudas asignadas a nuestro país para relanzar la economía tras el parón de la pandemia. Aunque, en ausencia de Presupuestos, la coyuntura ha llevado a utilizar los fondos europeos para pagar las pensiones y a saber cuántos gastos corrientes más que nos han ocultado.

La explicación que dio Carlos Cuerpo en diciembre para no solicitar más dinero, fue que los préstamos habían dejado de ser interesantes «porque le cuestan al Estado casi lo mismo que si se endeuda en los mercados». ¡Como si no hubiera tenido tiempo de pedirlos antes de que subieran los tipos de interés igual que hizo Italia! Si fuera sincero, el ministro de Economía reconocería que la parálisis reformista del Gobierno por culpa de su inestabilidad parlamentaria y su mala gestión, han impedido desplegar el Mecanismo con la intensidad que las empresas necesitaban. Si Sánchez justificó en más de una ocasión su rechazo a adelantar las elecciones en el riesgo que eso supondría para captar el maná comunitario, la realidad es que su continuidad en la Moncloa precisamente, es lo que lo ha lastrado.

Apenas quedan seis semanas. El 31 de agosto es el último día para que los Estados miembros ejecuten las ayudas pendientes para poder solicitar el séptimo y último desembolso. En el caso de España se trata de unos 25.000 millones de euros, poco menos que la diferencia entre los 90.718 millones convocados y los 60.403 adjudicados en total. Sólo por esta razón, no parece precipitado hablar de fracaso del NextGen. Porque además, se ha dado especialmente mal en las últimas fases, evidenciando que es más fácil ejecutar transferencias entre administraciones que gestionar ayudas al sector privado. «Habrá cuatro euros privados por cada uno público», aventuró un eufórico Pedro Sánchez en aquel baño de masas que se dio ante los presidentes del Ibex en octubre de 2020 para anunciar la buena nueva de la UE. Seguimos esperando que se cumpla el vaticinio, ya que la inversión empresarial privada real seguía a finales del año pasado un 3,3 % por debajo de los niveles precovid.

En Génova no están por la labor de asumir futuras penalizaciones por la gestión que está haciendo el sanchismo de los fondos europeos. En román paladino: Feijóo no está dispuesto a comerse el marrón. «Si va a haber expedientes de devolución por falta de ejecución conforme al reglamento de la Unión Europea, será un problema de la Unión», ha declarado últimamente el presidente del PP, recordando que España lleva ejecutado sólo el 40 % de las ayudas mientras que otros países llegan al 90 %.

El pasado mes de abril, se desató una crisis en el Gobierno de Grecia que derivó en la dimisión de dos ministros por malversación en los recursos del NextGen destinados a la agricultura. Cabe pensar que las autoridades europeas también tienen la mosca detrás de la oreja con la corrupción en España y el posible desvío de dinero a los delincuentes. Sin embargo, a la hora de la verdad, su apoyo al Ejecutivo de Sánchez resulta incomprensiblemente inquebrantable. No hay más que ver la reacción al escándalo de que se transfirieran 2.400 millones del Plan para pagar pensiones que denunció el Tribunal de Cuentas hace unos meses. Pese a la indignación de Alemania y otros países, Bruselas zanjó que España cumplió las reglas y santas pascuas.

Es evidente la incoherencia. Porque la financiación excepcional que ha recibido España debería concentrarse en actuaciones capaces de elevar nuestra capacidad productiva de forma permanente. Hemos tenido la oportunidad de acometer inversiones estratégicas y de incentivar a las empresas para que hicieran lo mismo. Sin embargo, en muchos casos, el sector privado se ha topado con más trabas que estímulos. Empresarios y autónomos han denunciado convocatorias farragosísimas, retrasos en las resoluciones e incertidumbre sobre los criterios de adjudicación. No era esto, no.

Leyendo el libro de Nadia Calviño, Dos mil días de Gobierno (Plaza y Janés, 2025), la conclusión que se saca es que buena parte del diseño del Next Generation lleva su nombre. Una vez conseguido el visto bueno de Alemania y Francia, fue ella la que negoció en Bruselas el sistema de hitos y reformas indispensables para recibir gradualmente los fondos. Eso cuenta. Y pactó una fórmula para España que después se aplicó al resto de países. Lo que ocurre es que la mayoría no confundió ejecutar presupuesto con transformar la economía; ni pensó que gasto e inversión eran lo mismo, como ha ocurrido aquí. El Gobierno siempre ha primado aquellos proyectos que generaban un rendimiento político más inmediato, como escribía José María Rotellar en El Debate. Y además, cuando la ejecución se convierte en un fin en sí mismo, el riesgo de ineficiencia aumenta considerablemente. Eso por no hablar de la ausencia de una auditoría que garantizara la limpieza de las convocatorias y adjudicaciones desde el minuto uno. Extraña medalla escogió Calviño para colgarse, no me digan.