Qué hay tras el desvío de fondos europeos: gobernar sin Presupuestos es otra forma de corrupción

El Tribunal de Cuentas ha dejado al Gobierno con las vergüenzas al aire y cuesta elegir qué resulta más preocupante, si el desvío de fondos europeos o la constatación de que el sistema público de pensiones no da para más. «La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de las clases pasivas y complementos de pensiones mínimas de la Seguridad Social, motivó que se autorizasen dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros», explica en su informe el órgano fiscalizador. Y detalla a renglón seguido que se llevó a cabo una primera ampliación por valor de 1.722,1 millones de euros el 6 de noviembre de 2024, y una transferencia por 667,3 millones de euros, trece días después; ambas financiadas «con créditos sobrantes del servicio 50 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

He ahí el escándalo y he ahí la indolencia del Ministerio de Hacienda, que se ha limitado a decir que, al tratarse de un dinero que no se podía ejecutar ese ejercicio, era lícito utilizarlo para otros fines en un escenario de prórroga presupuestaria. Aunque sea porque todavía se está estrenando, podría habérselo currado un poquito más Arcadi España. Ni los economistas más cafeteros del sanchismo se han atrevido a avalar tan pueril argumento. Porque saben, como sabemos todos, que el artículo 134.4 de la Constitución concibe la prórroga únicamente como un mecanismo de emergencia para evitar la paralización del Estado ante una eventual incapacidad temporal para aprobar unas nuevas cuentas públicas. Eso quiere decir que no está para redefinir políticas públicas ni para reasignar prioridades de gasto, que es lo que está haciendo el Gobierno desde la experiencia de que esta anomalía democrática, lejos de perjudicarles, les beneficia.

El Día del Padre, antes de irse a Andalucía, María Jesús Montero anunció que volverían a retrasar la presentación de los PGE de 2026 pese a haberse comprometido a aprobar el proyecto dentro del primer trimestre del año. La todavía ministra de Hacienda intentó explicar a los españoles que la negociación del real decreto ley vinculado a la guerra de Irán había desplazado otras conversaciones, entre ellas las relativas a las cuentas públicas. Y hasta se atrevió a echarse flores: «Tiene mucho mérito para un Gobierno con presupuestos prorrogados que no haya sido un problema a la hora de abordar todas las cuestiones que teníamos encima de la mesa», afirmó; probablemente, aguantándose la risa.

Muchos han preferido restar importancia a la noticia, pero será la primera vez que el TC se pronuncie en sentencia sobre la inobservancia de esta obligación que establece la Norma Fundamental

El supuesto mérito pasa por el uso extensivo de créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados mediante reales decretos-ley, que es la fórmula más sencilla que encontró el dúo de trileros Sánchez-Montero para gobernar sin Presupuestos. Hace más de un año, en marzo de 2025, El Debate ya publicó que las modificaciones al alza se habían casi triplicado permitiendo al Ejecutivo cubrir ampliamente sus necesidades, junto con el apoyo del Fondo de Contingencia. El mismo Fondo ideado para hacer frente a emergencias sanitarias o desastres medioambientales que se viene gastando en Defensa, el pago de sentencias judiciales contrarias al Estado, o lo que se tercie. La AIReF de Cristina Herrero advirtió hace meses de esa irregularidad; ahora con su sucesora, Inés Olóndriz, a saber.

Otros mecanismos para estirar el chicle de las cuentas públicas de otra legislatura y otras Cortes, son las modificaciones presupuestarias internas, la reasignación de fondos a través de organismos y entes instrumentales, y la consolidación de gasto mediante normas sectoriales. Amén de las famosas «transferencias de crédito entre distintas secciones para atender necesidades ineludibles», que contempla el artículo 9 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre y que merecen capítulo aparte. Como se ha recordado estos días a raíz del informe del Tribunal de Cuentas y sus salvedades, durante la pandemia se creó todo un entramado legal que permitía sortear los obstáculos en materia de gasto sin mayores contratiempos. Sánchez ha tenido cinco años para derogarlo pero no lo ha hecho. El motivo se explica solo.

Y si no quieres caldo toma dos tazas, también consiguió en su día que fuera el Consejo de Ministros en vez del Congreso, el que aprobara las normas para usar los fondos europeos evitando el control parlamentario. Sin esa concesión de la Unión Europea, no habríamos podido acceder al dinero del Next Generation. Ni desviarlo al antojo de un presidente sin apoyos para seguir habitando el Palacio de la Moncloa. En Bruselas también tienen lo que se merecen.

A finales de febrero el Tribunal Constitucional decidía por unanimidad admitir a trámite el conflicto de atribuciones promovido por el Senado frente al Gobierno, por incumplir su deber de presentar a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos durante tres años consecutivos. «Un Presupuesto prorrogado no es un nuevo presupuesto anual, sino una técnica para evitar la ingobernabilidad que supondría la falta de aprobación de las cuentas públicas. Es un mecanismo excepcional y provisional, y está sometido a unos límites en cuanto a su ejecución», argumenta la Cámara Alta, donde tiene mayoría el PP.

Muchos han preferido restar importancia a la noticia, pero será la primera vez que el TC se pronuncie en sentencia sobre la inobservancia de esta obligación que establece la Norma Fundamental. Ya sé quién preside el Constitucional y cuáles han sido sus últimos movimientos, pero permítanme agarrarme a ese clavo ardiendo.