Una orden legal obliga a Marlaska a explicar su arbitraria gestión de los incendios

Los incendios vuelven a arrasar España un verano más. El fuego asola parte de las provincias de Madrid, Toledo y Ávila; este último, iniciado en el municipio de Burgohondo, ya es el peor de la historia de España desde que se tienen registros, tras superar las 50.000 hectáreas calcinadas y miles de personas desalojadas, a lo que hay que añadir el de La Mierla (Guadalajara) con más de 33.000 hectáreas calcinadas y el desatado en Castellón, donde el fuego continúa sin control. Todo ello sin olvidar los 14 fallecidos del incendio de Los Gallardos, en Almería, sin que el gobierno hubiera aún decretado la emergencia de interés nacional de un incendio que acaba de ser extinguido tras dos semanas de actividad, que se ha cobrado 14 vidas y calcinado 7.000 hectáreas.

Sin embargo, el Gobierno sigue incumpliendo la promesa de aumentar los medios de extinción disponibles, mientras el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, permanece sin aclarar por qué el pasado verano no decretó emergencia de interés nacional como ahora sí ha hecho, pese a que los incendios forestales arrasaron en 2025 cerca de 400.000 hectáreas en España, de las cuales 354.000 aproximadamente ardieron en verano, marcando la peor temporada de la última década en el país. Hasta julio de 2026, el país ya acumula más de 170.000 hectáreas calcinadas.

El Gobierno no ejerció a sabiendas su competencia exclusiva para asumir el mando

De hecho, los paralelismos entre lo ocurrido en los veranos de 2025 y 2026 son muchos, pero la respuesta del Gobierno ha sido bien distinta. En agosto de 2025, mientras Sánchez disfrutaba de sus vacaciones en La Mareta, gran parte de las provincias de Ourense, León y Zamora terminaron arrasadas por el fuego, dando lugar a imágenes terribles de vecinos luchando contra las llamas que se llevaban por delante sus casas y, con ellas, recuerdos de una vida convertida en cenizas, sin que el Ejecutivo activase una norma que le habilitaba y obligaba a ponerse al frente de la emergencia: la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta sentencia que «la respuesta frente a una emergencia o catástrofe natural, como son los incendios, corresponde al Sistema Nacional de Protección Civil», advirtiendo en su artículo 28.3 que son emergencias de interés nacional «las que por sus dimensiones efectivas previsibles requieran una dirección de carácter nacional», reservando la competencia para declararla en exclusiva al Ministro del Interior, según el artículo 29 de la misma Ley.

En aquellas fechas se produjeron dos de los incendios más devastadores de la historia reciente: el de Uña de Quintana (Zamora), que arrasó unas 40.080 hectáreas, convirtiéndose por entonces en el de mayor superficie quemada desde que comenzó la serie histórica en 1968; y el de Larouco, Quiroga y Oencia en Ourense, Lugo y León, que se prolongó durante 18 días y dejó tras de sí 37.765 hectáreas arrasadas.

Sin embargo, el propio ministro del Interior aseguró que no se planteó declarar la emergencia nacional, ni asumir la gestión de los incendios, dejando en manos de las comunidades una gestión que calificó de «adecuada». De hecho, en octubre, en la comisión de Interior del Senado, defendió la «contundencia y la eficacia» de la respuesta articulada por el Estado, «siempre como apoyo complementario al esfuerzo y los medios desplegados por los municipios y las comunidades autónomas, igualmente ingentes».

Este año, con una situación similar, el gobierno sí que ha tomado el mando de la emergencia, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le exigiera hacerlo ante la complicada evolución de los incendios forestales ubicados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila) y pese a las trabas del delegado del Gobierno en Madrid. Francisco Martín reprochaba a la líder madrileña haberlo solicitado con «escueta carta con la que ha sacado un tuit» y le exigía «trabajar con seriedad y eso exige el explicar adecuadamente qué es lo que justifica», porque, a su juicio, «es muy importante el explicar bien los fundamentos de una solicitud de esta naturaleza». Según los juristas consultados, «esto es una barbaridad, además de falso, porque la ley tan solo refiere a los Delegados del Gobierno para proponer al Ministro del Interior que declare la emergencia nacional, pero no a que le pida a la presidenta Ayuso un informe detallado mientras el fuego arrasaba una parte muy importante de la Comunidad de Madrid», concluyen, advirtiendo que esta investigación de El Debate es muy importante porque obliga al Gobierno a justificar y entregar, «si los hubiera», advierten, los informes elaborados desde el gobierno para, a sabiendas de la gravedad de la situación, desentenderse de lo que «claramente fue una emergencia de interés nacional».

Óscar Puente, el ministro hooligan que incendia las redes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha utilizado los incendios como arma política contra Ayuso, a la que llamó «mamarracha», después de sentenciar que las comunidades autónomas gobernadas por el PP «reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta».

Sin embargo, la presidenta prefirió destacar que la coordinación con el Gobierno está siendo «buena», y pidió dejarse de «estupideces» e ignorar «por completo» a Puente.

No obstante, Marlaska pronto desautorizaba al representante del Gobierno, con el que Ayuso ha mantenido incontables enfrentamientos, e ignoraba a Puente, y emitía la correspondiente orden, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, decretando «la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila como consecuencia de los incendios forestales» que están «generando una situación de especial gravedad por su rápida propagación, la simultaneidad de varios frentes activos, la afección a zonas habitadas y el riesgo para la población, las infraestructuras y el medio natural».

Así, añade que «concurren circunstancias que justifican la valoración de la declaración del Nivel 3 de emergencia de protección civil, al apreciarse un interés nacional derivado de la gravedad de la situación y de la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación y respuesta del Estado». Por ello, sentencia que «corresponde al ministro del Interior la dirección de la emergencia».

Marlaska debe aclarar por qué no decretó la emergencia nacional en agosto de 2025 como si lo ha hecho en 2026

Marlaska oculta los informes y documentos con los que se negó a decretar la emergencia nacional, rechazando así tomar el mando de la situación, como ahora sí ha hecho. Tras la investigación llevada a cabo por El Debate, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su resolución 2026-0494 firmada el pasado 6 de mayo, le obligaba a hacer públicos «los informes y la documentación en poder del ministro del Interior, conteniendo la valoración de la situación y descartando la declaración de emergencia de interés nacional conforme al artículo 29 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil».

Al mismo tiempo, obligaba al Ministerio a proporcionar a El Debate la «relación de ayudas internacionales solicitadas por el Ministerio del Interior para hacer frente a la extinción y copia de los documentos que justifican la necesidad de acudir a la ayuda internacional».

Interior ha optado por ocultarlo, tras calificar la petición de información como «abusiva» porque, a su juicio, para satisfacerla se tendrían que «dedicar recursos humanos y materiales de modo tal que interferiría gravemente en la gestión ordinaria de esta DGPCE en plena campaña de emergencias».

Sin embargo, Marlaska S. se halla incurso en desobediencia y se niega a hacer entrega de la documentación pública que obrara en su poder, si es que existiera, ya que sería una auténtica confesión de la omisión en el desempeño de sus funciones, puesto que Sánchez y Marlaska no cumplieron con sus obligaciones e ignoraron a sabiendas una ley que ahora sí aplican.

Sánchez ha señalado los incendios como amenaza nacional y se designó a sí mismo para evitarlos y combatirlos

Tal y como ha venido publicando El Debate, Pedro Sánchez es el máximo responsable de prevenir y atender los grandes incendios forestales. Así figura en el Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, en el que el presidente del Gobierno desarrolló su Estrategia de Seguridad Nacional. Esta estrategia «es el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional. Contiene el análisis del entorno estratégico, concreta los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España», y los incendios forestales son una de ellas.

En concreto, señaló que los «riesgos de origen natural relacionados con el clima, como son las inundaciones y los incendios forestales, tienen cada vez mayor incidencia en la seguridad, pues cada vez son más severos y frecuentes», incluyéndolos en su lista de prioridades, que ahora pretende incluir en un Pacto de Estado contra la emergencia climática que, en realidad, ya elevó a normativa ejecutiva con rango legal sin necesidad de consensos.

De hecho, Sánchez ya aprobó también un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, incluido en ese decreto de Seguridad Nacional y con vigencia entre 2021 y 2030, y lo definió como «el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente entre departamentos ministeriales, Comunidades Autónomas y entes locales».

Sin embargo, Sánchez ignoró en numerosas ocasiones la ley que le colocaba al mando de las grandes catástrofes y crisis que han asolado el país en los últimos años, como han sido el apagón, los incendios y la dana: la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y toda su normativa de desarrollo.

En concreto, la situación de interés para la Seguridad Nacional es «aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley».

Sin embargo, Sánchez no ha recurrido a ella ni ante el desastre de la DANA, ni ante el apagón del año pasado, que dejó al país a oscuras y que llegó a calificar de posible ciberataque, ni el pasado año con los incendios forestales que asolaron España, eludiendo sus responsabilidades como máximo dirigente del país. Mientras el fuego arrasaba todo a su paso, el presidente disfrutaba de sus vacaciones en el palacio de La Mareta, en Lanzarote, y abandonó sus funciones al no recurrir una vez más al Sistema de Seguridad Nacional pese a tener la competencia y también la obligación de hacer frente a un desastre, dejándolo en manos de Marlaska, que, por su parte, tampoco asumió el mando.

A esto, hay que añadir que, en 2019, Sánchez aprobó la Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publicó la Estrategia Nacional de Protección Civil, quedando la protección civil integrada como elemento esencial del Sistema de Seguridad Nacional.

España afronta la ola de incendios sin los medios de extinción que prometió Sánchez

Sánchez sigue sin tener disponibles los medios que prometió el pasado mes de mayo, cuando dio a conocer la nueva campaña de la lucha contra incendios forestales 2026.

El presidente se centró en el aumento de medios, detallando que para esta campaña habría una flota de 15 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con 4 nuevos helicópteros Chinook y 2 Cougar, que se sumaban a los medios ya operativos del Batallón de Helicópteros de Emergencias.

Pero, tal y como ha explicado este periódico, la situación es bien distinta: la propia composición de la flota cuenta únicamente con 14 aviones anfibios apagafuegos del 43 Grupo (10 CL-215T y 4 CL-415), a lo que hay que añadir que de los 10 aviones anfibios de gran capacidad que el Ministerio contabiliza como medios estatales para la campaña, tres de ellos se encuentran en reparación por los distintos incidentes, por lo que Sánchez sigue sin tener unos medios de extinción acordes a la amenaza del fuego que él mismo ha denunciado.