Varios migrantes intentan cruzar a nado las aguas cercanas a la frontera con Marruecos para entrar en Ceuta
La jueza admite al Estado como acusación en la causa sobre la invasión de Ceuta
La jueza María Tardón instructora del caso, ha admitido que el Estado sea acusación particular en la causa en la que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta el pasado julio, dada su condición de «perjudicado» ante unos hechos que pueden suponer un «ataque» a la soberanía nacional.
La magistrada de la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud de la Abogacía del Estado de personarse en esta investigación, según un auto dictado este jueves, recogido por EFE, en el que afirma que no solo la ciudad autónoma de Ceuta y sus habitantes pudieron ser «víctima directa e inmediata» de lo sucedido, sino también el «propio reino de España».
Según la jueza, las «conductas delictivas derivadas de la entrada masiva irregular» pudieron «integrar un ataque (...) a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de derecho».
Centro Nacional de Inteligencia
Los documentos desclasificados prueban que el CNI avisó a Gobierno, Policía, Guardia Civil, y también a la Inteligencia marroquí
El Estado se suma así a la propia ciudad autónoma de Ceuta como acusación, si bien la magistrada avisa de que no cabe su personación «expresa» en la pieza separada de diligencias de investigación reservada, pues esta solo es «instrumental», con el único objetivo de ordenar y facilitar «la más adecuada preservación del secreto» de actuaciones que se decreten confidenciales.
La entrada de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio está siendo investigada en la Audiencia Nacional al considerar la jueza que hubo una «conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país».
En la entrada irregular, en la que murieron en torno a 140 personas –83 en aguas españolas–, la magistrada ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.
La jueza también admitió a varias acusaciones populares, previo pago de una fianza de 6.000 euros, entre las que figuran los partidos Iustitia Europa -el primero en denunciar-, PP o Vox, y la organización Hazte Oír.
