La evidencia echar por tierra el relato socialista de que Zapatero acabó con el terrorismo

«Bajo mi Gobierno terminó ETA», afirmó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y no le faltaba razón. Efectivamente el 21 de octubre de 2011, cuando el etarra David Pla, hoy secretario de estrategia política de Sortu, partido mayoritario de la coalición Bildu, el Gobierno de España estaba en manos del dirigente socialista.

El problema es que, a pesar de los esfuerzos de los socialistas esta semana, en plena precampaña electoral, por atribuirse el fin del terrorismo en España con motivo del 15º aniversario de aquella declaración de David Pla, las evidencias certifican que la rendición de ETA no se produjo tanto por la acción del Gobierno socialista sino por todo lo que se arrastraba de atrás, de los gobiernos anteriores.

El primer factor que acabó con el terrorismo de ETA fue la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde la detención del considerado número 1 de ETA, Mikel Albisu, Mikel Antza, en octubre de 2004 no hubo cúpula de la organización terrorista que no cayera a los pocos meses de asumir el poder.

Mikel Aguirresarobe 'Atta' o Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' y no digamos David Pla, apenas estuvieron unos meses al frente de los terroristas. Su 'leyenda' procede de sus acciones como terroristas rasos.

Del Plan ZEN a los 'topos'

La conformación del denominado Plan ZEN (Zona Especial Norte), creado en el Gobierno socialista de Felipe González en los años 80 y que supuso la estructuración de grupos policiales dedicados exclusivamente a la investigación y detención de la actividad contra el terrorismo de ETA, fue fundamental para la especialización de los agentes. No en vano, hace ya años que los sindicatos y asociaciones policiales vienen reclamando algo similar para la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

Desde entonces, esta especialización permitió una lucha mucho más eficaz contra el terrorismo etarra, no solo por su 'modus operandi', sino también por la infiltración de 'topos' en las estructuras terroristas, tanto entre los ejecutores de los atentados como entre los propulsores de la violencia previa al ingreso en ETA.

La labor policial vino respaldada posteriormente por la acción legislativa. En las cuestiones del terrorismo resultó fundamental la reforma del Código Penal a través de la Ley Orgánica 7/2003 que durante el Gobierno de José María Aznar, endureció las condenas por este tipo de delitos hasta los 40 años y, además, garantizó que el cumplimiento sería íntegro.

Este cambio legislativo, como todo el Código Penal español, no tenía carácter retroactivo por lo que sólo se vieron afectados los terroristas detenidos en la última etapa de la actividad de ETA. Pero sí que resultó fundamental para que los terroristas fueran conscientes de que sus actos supondrían, prácticamente, pasar el resto de sus días en prisión.

Y esto, a su vez, fue determinante para que la dirección de ETA plantease entre los presos acogerse a la Ley Penitenciaria para poder beneficiarse del acceso al segundo o tercer grado. Hasta entonces, los presos etarras tenían prohibido admitir la política penitenciaria y hacían piña en la desobediencia. Pero la posibilidad de tener que cumplir 40 años en la cárcel, les hizo replantearse su renuncia al Derecho español.

Fue el 28 de diciembre de 2013 cuando el colectivo de presos etarras (EPPK) lanzó un comunicado en el que aseguraban que «asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto político. Asimismo, mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes». Asumían y aceptaban que su actividad era delictiva con tal de no comerse 40 años de cárcel.

Respaldo social

Pero, para entender el fin del terrorismo etarra, resulta fundamental también el cambio de actitud del brazo político de ETA, el de Batasuna. Y para entender el cambio de actitud de Batasuna, es fundamental el cambio en la forma en la que la sociedad vasca y navarra encaró el terrorismo.

El punto de inflexión en la actitud de la sociedad vasca y navarra se suele marcar en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Sí y no. Para aquel dramático mes de julio de 1997, sectores de la sociedad ya había dado muestras de valentía. En 1986 nació la asociación Gesto por la Paz que después de cada asesinato de ETA se concentraba en silencio en las plazas del País Vasco y de Navarra.

En el momento en que Gesto por la Paz, premio Príncipe de Asturias en 1993, comenzó a coger fuerza, ETA a través de Herri Batasuna, lanzó una campaña aterradora con el lema 'Euskalherria Askatu' (en contraposición del lazo azul que imitaba la A de Askatu, libertad) en la que entre los años 1994 y 1996, organizaba contramanifestaciones a escasos metros de las concentraciones de Gesto por la Paz y que concluían con el lanzamiento de piedras, tuercas, etc, ante la pasividad de la Policía.

Era su forma de mantener el control de las calles hasta que, eso sí, en 1997, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la perdieron por completo con la asistencia masiva a las manifestaciones contra el terrorismo y el surgimiento de otros grupos más alineados con los partidos políticos.

Ilegalización

Si a esta pérdida del dominio en la calle le sumamos la ilegalización en el año 2002 de Batasuna al demostrar que Otegi y sus acólitos actuaban bajo las órdenes de ETA, la autodenominaba izquierda abertzale se dio cuenta de que tenía que cambiar de actitud si pretendía volver al escenario político.

Una tras otra, todas las marcas que surgían de las entrañas de la ilegalizada Batasuna era prohibida igualmente. Así que, o se desligaban de ETA o nunca más volverían a tener un partido político legal.

Y esa separación dio un primer paso en noviembre de 2004 cuando Otegi lanzó por primera vez su «apuesta por la vía únicamente política» en la llamada 'Declaración de Anoeta'. Y el paso definitivo se dio el 25 de septiembre de 2010 cuando la izquierda abertzale y otras organizaciones de su órbita pidieron a ETA un «alto el fuego permanente, unilateral y verificable» en la llamada 'Declaración de Guernica'.

Este proceso tuvo su punto culminante cuando en julio de 2011, durante el juicio que llevó a la cárcel a Otegi y los acusados de pretender renacer Batasuna, el exetarra aseguró por primera vez y abiertamente que «ETA sobra y estorba».

Pacto con ETA

Así pues, lo único que hizo el Gobierno de Zapatero fue dialogar con ETA, sobre todo a través de su representante político, Arnaldo Otegi, incluso después de la masacre de la T4 de Barajas en diciembre de 2006, y pactar que a cuenta de dejar las armas, se echaría por tierra el endurecimiento de las penas a terroristas y se aceleraría el proceso de excarcelación de los presos.

Así lo pactó y su cumplimiento ha sido el encargo que recibió el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha cumplido escrupulosamente el pacto: trasladó las competencias penitenciarias al País Vasco al tiempo que acercaba a esta Comunidad Autónoma a todos los presos de manera que pudieran adherirse al tercer grado de forma masiva. Y los que no podían pasar al tercer grado penitenciario, se les aplicó el artículo 100.2 de Reglamento Penitenciario que, a efectos prácticos, era lo mismo. A día de hoy, apenas queda un puñado de etarras en las cárceles.