La mano dura de la Junta contra los 'okupas' funciona: ya han recuperado 288 viviendas desde 2019 en Málaga

Las políticas que ponen contra las cuerdas a los okupas da sus frutos cuando hay voluntad para ello. La Junta de Andalucía ha recuperado hasta ahora 288 viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la provincia de Málaga desde 2019, de las cuales 157 están ubicadas en la capital. Algunos de esos inmuebles servían como narcopisos o hasta guarderías ilegales, donde el cultivo y venta de marihuana era lo más común. Esta cifra muestra que la táctica de controlar y gestionar activamente el parque de viviendas de protección oficial (VPO) está empezando a dar resultados.

Este número no solo refleja un esfuerzo administrativo, sino que significa devolver a la función social un bien público que durante muchos años permaneció inutilizado o en manos inadecuadas y que ahora vuelve a su propósito original. «La VPO no es un regalo; es una herramienta de gestión que funciona para la ciudadanía», ha asegurado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en un acto en uno de esos inmuebles recuperados en la calle Bustamante de Málaga.

Más inspecciones

La Consejería de Fomento ha contratado un servicio de verificación por valor de 7,5 millones de euros que servirá para un «escrutinio» del registro de viviendas públicas andaluzas. En Málaga, que cuenta con más de 7.000 viviendas protegidas y está supervisada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), una inversión de este tipo es necesaria para descubrir posibles impagos prolongados, ocupaciones ilegales y usos fraudulentos. Navarro enfatiza que el desalojo no se aplica «cuando se produce el primer impago de alquiler, que generalmente es social y bajo», sino que se proponen alternativas antes de tomar esta medida.

Hay matices en esto que necesitan ser considerados; se requiere un equilibrio entre la dureza y la compasión, asegurando que aquellos que realmente necesitan vivienda junto con apoyo social puedan acceder a ella, al mismo tiempo que no se permita la explotación del sistema.

Control y exclusión

La Junta ha implantado un protocolo de verificación pionero junto a los ayuntamientos, y ha excluido del Registro de Demandantes de VPO a quienes han sido condenados por ocupación ilegal. Además, en un caso concreto, una promoción recuperada en Málaga funcionaba como narcopiso y guardería ilegal. Este tipo de actuación demuestra que la estrategia va más allá de cifras: busca impedir que viviendas públicas se conviertan en focos de criminalidad.

Navarro ha planteado claramente que «la prioridad en materia de vivienda es que aquellas familias en condición de mayor vulnerabilidad sean las que tengan un techo, vamos a intensificar esta actividad». Así, el Gobierno regional apuesta por recuperar, rehabilitar y redistribuir viviendas en buen estado a quienes las necesitan, y al mismo tiempo utilizar la recuperación como mecanismo de justicia social.