El Rey ha presidido el ingreso de Jaime Alfonsín en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Casa Real Alfonsín sostiene que habría que reformar la Constitución para que se cumpla, pero que hoy «es una quimera»
El anterior jefe de la Casa del Rey ha ingresado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
El anterior jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, ha afirmado este lunes que sería necesario acometer una reforma de la Constitución «que asegure su cumplimiento» y «garantice la efectividad de nuestro de Estado de Derecho» y «la imparcialidad, la independencia y el equilibro de los Poderes». Pero ha añadido que «pretender hoy su reforma es una quimera, un imposible».
Alfonsín ha leído su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas que ha versado sobre «La educación de la Heredera de la Corona y el oficio de reinar». El acto ha estado presidido por el Rey, acompañado por el ministro Fernando Grande-Marlaska y por Benigno Pendás, presidente de esta academia, que está integrada en el Instituto de España. El académico Emilio Lamo de Espinosa ha sido el encargado de contestar la intervención de Alfonsín.
Jaime Alfonsín lee ante el Rey su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
El nuevo académico se ha referido a «la falta de respeto a nuestra Constitución: nuestra Constitución se incumple, sin mas, en determinadas ocasiones; se inaplica en otras; se interpreta alejada de sus principios fundacionales; o se instrumentaliza, en fin, con fines ajenos a su espíritu».
Proceso de erosión
Según Alfonsín, «ese proceso de erosión, además de otras razones distintas y de relevancia, debería conducir a su reforma, si queremos preservar los principios fundacionales del orden constitucional vigente y que Doña Leonor -y antes y todavía Don Felipe- reine sobre una Constitución que sea plenamente vigente».
Esa reforma debería asegurar «su cumplimiento y que a las cuestiones apuntadas en el Dictamen del Consejo de Estado de 16 de Febrero de 2006-, se sume la de garantizar la efectividad de nuestro Estado de Derecho». «Una reforma que fortalezca a nuestras instituciones -que es fortalecer al Estado- y garantice, en términos políticos y jurídicos, la imparcialidad, la independencia y el equilibrio de los Poderes en nuestra democracia parlamentaria y en la que el Parlamento sea en verdad el eje central de la vida nacional», ha afirmado.
Un imposible en estos momentos
No obstante, Alfonsín ha añadido que «pretender hoy su reforma es una quimera. Un imposible». En su opinión, «se precisa, desde el necesario consenso constitucional, propósito, voluntad política, coraje y visión de Estado para llevar a cabo el proyecto de una España renovada que devuelva la confianza a los españoles y dé esperanza en el futuro a los jóvenes, como nos la dio a mi generación la Constitución de 1978. Pero no porque hoy no sea factible, se debe de guardar silencio sobre esta cuestión».
Eliminar la preferencia del varón
Uno de los aspectos que se debería suprimir de la Constitución, según el abogado del Estado, es «la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, lo que daría una mayor plenitud y autenticidad a nuestra Monarquía Parlamentaria». Pero ha explicado que esta reforma no debería «llevarse a efecto aisladamente» sino en unión de las que había mencionado. Esta reforma, ha dicho, hoy «está en el olvido hasta que el matrimonio de la Princesa ponga de nuevo en el debate político la cuestión relativa al orden sucesorio».
El Rey, entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Alfonsín también se ha mostrado partidario de desarrollar lo que establece la Constitución sobre la Regencia para «clarificar ciertos aspectos de la sucesión temporal en la Jefatura del Estado, relativos a la intervención del Gobierno y también de la Casa de Su Majestad el Rey en el procedimiento a seguir».
Una ley de abdicación
Además, ha considerado «muy recomendable la aprobación de la ley reguladora de las abdicaciones y de la renuncias prevista en el artículo 57.5 de la Constitución». Según Alfonsín, «la fórmula utilizada con motivo de la abdicación de Don Juan Carlos» somete a «la institución de facto, aunque no de iure, a una discusión que desnaturaliza el hecho mismo de la abdicación y que lleva a una suerte de debate sobre la renovación, en términos políticos, de la confianza del Parlamento en la Monarquía Parlamentaria a través de la persona del futuro nuevo Rey. Y ello es un despropósito en términos constitucionales».