Cuadernos y lápices como artículos de lujo: la carga fiscal que asfixia a las familias llega al Congreso

Con el curso a punto de tocar a su fin, las familias comienzan ya a recibir las listas con los libros de texto y los productos de material escolar básico que serán necesarios a partir de septiembre. Y con ellas, llegan las sorpresas y los sobresaltos, pues son miles los hogares que se encuentran con duras barreras económicas para cubrir los costes de materiales escolares básicos, pero obligatorios, que suponen «un sobrecoste injustificado para las familias».

Así lo ha denunciado la Asociación del Sector de la Papelería (ASP), que ha trasladado al Congreso de los Diputados la «necesidad urgente de revisar la normativa vigente», con el objetivo de que «los productos escolares esenciales sean reconocidos como bienes de primera necesidad y tributen con un IVA reducido».

Diferencias autonómicas

La ASP ha hecho llegar su reivindicación en una ronda de reuniones con representantes de varios grupos parlamentarios, dado que la responsabilidad de gestionar este tipo de ayudas recae, actualmente, en las Comunidades Autónomas, «y eso ha dado lugar a una marcada disparidad territorial, porque mientras unas regiones han desarrollado programas de cobertura amplia, como Andalucía y Cantabria, otras ofrecen un acceso mucho más limitado, como Cataluña o Navarra, generando desigualdades estructurales entre territorios», explican desde la ASP.

Actualmente, las Comunidades asumen la mayor parte de la financiación (85,7 % del total), con 912,1 millones de euros, frente a los 152,4 millones (14,3 %) aportados por el Ministerio. Y desde la ASP denuncian que «no existe una correlación directa entre el PIB o el gasto público en educación, y el nivel de cobertura del material escolar, lo que sugiere que las prioridades políticas o la financiación local influyen de forma determinante en estas ayudas».

Así, la Asociación trasladó a los diputados su preocupación por la ausencia de una política estatal que garantice la igualdad de acceso a material escolar tan esencial como cuadernos, lápices, rotuladores o sacapuntas.

Esfuerzo familiar desproporcionado

La Asociación ha denunciado, además, «el impacto económico que supone el material escolar para muchas familias, especialmente aquellas con menores ingresos». Así, según la Encuesta de Presupuestos Familiares, los hogares con rentas más bajas pueden llegar a destinar hasta un 2,73 % de su presupuesto anual a la compra de estos productos, frente al 1 % que representa para los hogares con mayor capacidad adquisitiva.

«El gasto medio por alumno en centros públicos ronda los 281 euros anuales, mientras que en la red concertada y privada asciende a 432 euros», explican desde la ASP.

Y aunque las diferencias más notables se observan en conceptos como uniformes o libros de texto, «el peso del IVA sobre los artículos de papelería sigue siendo considerable, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un gasto básico, recurrente y necesario en todas las etapas educativas», matizan.

Más carga y menos apoyo que en Europa

El documento que la ASP presentó ante el Congreso también analiza el contexto europeo, donde, «a pesar de que algunos países aplican tipos impositivos similares o incluso superiores al material escolar (como el 20 % en Francia o Reino Unido), existen mecanismos para compensar a las familias, como deducciones fiscales, ayudas directas o distribución gratuita de material».

En España, por el contrario, la ausencia de políticas públicas eficaces en este ámbito «agrava las consecuencias de la actual fiscalidad, aumentando la presión sobre las economías domésticas», recuerdan.

«La medida es perfectamente viable desde el punto de vista técnico y fiscal. Lo que hace falta es voluntad política. Si queremos una educación verdaderamente equitativa, tenemos que empezar por garantizar el acceso igualitario a lo más básico», señala Josep Buixeda, presidente de la ASP.

Por ese motivo, la ASP ha invitado a los representantes parlamentarios a asistir a su Convención Nacional, que tendrá lugar en octubre, y que reunirá a actores del sector educativo y a expertos en políticas públicas para debatir sobre el futuro del material escolar, su papel en el sistema educativo y el impacto en la economía de las familias.