Mujer embarazada
Un informe de la ONU pide prohibir los vientres de alquiler por ser «un sistema de violencia y explotación»
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer ha constatado que los vientres de alquiler «reducen a las mujeres y a los niños, incluidas las niñas, a meras mercancías»
La oposición a la gestación subrogada crece cada vez más en el mundo. Una de las últimas voces que se ha alzado en contra de los vientres de alquiler ha sido la de la experta de la ONU, Reem Alsalem, que ha pedido a la Asamblea General que reconozca la gestación subrogada como «un sistema de violencia, explotación y abuso contra las mujeres», que promueva la abolición de esta práctica a nivel mundial.
«La gestación subrogada reduce a las mujeres y a los niños, incluidas las niñas, a meras mercancías, despojándolos de su igualdad y dignidad y fomentando su explotación y abuso», afirma Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, en un informe remitido a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El informe examina las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas relacionadas con la gestación subrogada, y se detiene en factores –nada sospechosos de conservadurismo– como «las normas patriarcales», las «desigualdades de sexo y género», las «disparidades económicas» y «la globalización».
Tratos inhumanos contra la mujer
«La gestación subrogada es el resultado de la mercantilización y comercialización de la capacidad reproductiva de las mujeres, y se aprovecha de ellas y las explota, en particular a aquellas de entornos marginados y empobrecidos», sostiene Alsalem en sus conclusiones.
El informe remitido a la Asamblea General destaca la violencia física, psicológica y económica que sufren las madres «subrogadas» y argumenta que esta práctica da lugar a «graves violaciones de los derechos humanos», incluidos sus derechos a la salud, la privacidad, la familia y la seguridad física.
Además, esta experta, que antes ha trabajado en la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), alerta de que la práctica de los vientres de alquiler «aumenta el riesgo de esclavitud, tortura y tratos inhumanos y degradantes».
La Relatora Especial asegura en su informe que «la evidencia disponible y emergente señala graves riesgos para los niños nacidos por gestación subrogada». Y especifica las cada vez más probadas «consecuencias negativas para su salud física y mental, y su desarrollo», especialmente como resultado de la separación de sus madres al nacer.
Otros riesgos para los niños, constatados por profesionales independientes, incluyen «conflictos de identidad, mayor riesgo de apatridia, trata de personas y abandono», así como la «interrupción arbitraria y forzosa de sus vidas en el útero, a discreción de los padres comitentes».
Cómplices del blanqueamiento
A pesar de estas consecuencias perjudiciales, «varios actores estatales y no estatales siguen siendo cómplices al facilitar la gestación subrogada, incluso minimizando los abusos y riesgos que la acompañan y blanqueando la práctica, lo cual es sumamente preocupante», afirma.
Alsalem, que goza de gran prestigio entre los relatores especiales de la ONU, subraya que un enfoque de la gestación subrogada «basado en los derechos humanos y que tenga en cuenta las cuestiones de sexo y género», exige la adopción de «un marco abolicionista global que ponga fin a la demanda, penalizando la 'contratación' de niños mediante gestación subrogada o su facilitación por intermediarios».
No obstante, el informe aboga por despenalizar la situación de las «madres subrogadas», y pide reconocerlas como víctimas, necesitadas de una «asistencia integral, protección, acceso a la justicia y reparación», para poner fin a su «dependencia económica» de esta práctica.
Sensibilizar a la opinión pública
El informe destaca también la importancia de sensibilizar a la opinión pública, y propone la implementación de campañas educativas sobre las consecuencias perjudiciales de la gestación subrogada.
La experta de la ONU recomienda, asimismo, garantizar que se reconozca a la madre biológica como madre legal, y se permita «cualquier transferencia de derechos parentales únicamente a través de procesos de adopción judicial, que salvaguarden el interés superior del niño».
Además, el informe presentado a la Asamblea General pide garantizar «la igualdad de derechos y el acceso a los servicios para los niños nacidos mediante acuerdos de gestación subrogada», mejorar «la recopilación de datos» y fortalecer la cooperación internacional «con miras a desarrollar estrategias eficaces para asistir y proteger a las víctimas».